Edgar Alarcón: "Participación de PPK en la IIRSA debe ser
evaluada"
Hace
cuentas. Alarcón indicó que el Estado ha perdido millones de soles con
contratos y adendas suscritas que han beneficiado a empresas brasileñas como
Odebrecht. Apuesta por una investigación minuciosa de los proyectos.
Edgard
Alarcón insiste en que la Contraloría debe tener más participación en los
contratos.
Los llamados megaproyectos
resultaron ser fuente de megacorrupción. La normatividad de las asociaciones
público-privadas (APP) lo ha permitido. El contralor, Edgar Alarón,
propone revisar esa legislación.
¿Cómo toma Contraloría la
delación de Jorge Barata (Odebrecht) indicando que le dio a Nadine Heredia tres
millones de dólares en su departamento de Miraflores?
Contraloría no investiga ese tipo de situaciones. Es un tema que se venía
comentando, pero ahora nos enteramos de esto por el colaborador eficaz, Barata.
Nos deja la sensación de insatisfacción, de cólera. ¿Qué está pasando en
nuestro país? Cada día nos enteramos de más hechos de corrupción.
Una seguidilla que no para.
Sí, nos preocupa hasta cuándo seguirá esto y debemos pensar qué vamos a hacer
con el país.
Si bien Contraloría no ve
campañas políticas, ¿los tres millones para la campaña de Humala deben tener su
peso en la firma del oneroso contrato del Gasoducto?
Se supone que tiene su correlato. Lamentablemente no podemos realizar esa
verificación, nosotros vemos decisiones de gestión, contratos. Pero ese dinero
debería tener su contraparte en alguna ventaja en el contrato, que fue de
US$7,300 millones.
¿Hay justificación para semejante
monto?
Recordemos que la obra está paralizada. Si comparamos el anterior contrato con
Kuntur, de US$1,600 millones, aparentemente hay sobrecostos y
sobredimensionamiento. Pero las condiciones técnicas son diferentes. Llama la
atención que se multiplicaran por cinco los costos iniciales. Se auditó el
proceso de contratación, todos los gastos previos hasta la firma del contrato
del Gasoducto del Sur. Concluimos que hay responsabilidad. Se separó sin
sustento al segundo postor. No se consideraron algunos aspectos técnicos, el
método de evaluación técnica no era adecuado. La carpeta tiene implicancias de
tipo penal. Son cinco observaciones más que están en manos del fiscal, las
tiene hace más de un año…
¿Y no pasa nada?
Sabemos que está ampliando la carpeta, pero sigue en proceso. Contraloría
implica al Consejo Directivo de Proinversión, donde hay cinco ministros.
El ex presidente Humala también…
No, auditamos a quienes han firmado el contrato, los documentos,
autorizaciones.
¿Qué opina Contraloría sobre el
Decreto 003-2017, que impide a empresas corruptas las transferencias al
exterior?
El decreto deja cabos sueltos, tiene limitaciones. Se están emitiendo decretos
de urgencia vinculados a temas de control, pero no nos piden opinión. Le
aseguro que tampoco a Fiscalía ni al Poder Judicial. El Decreto 003 no
establece un trato igualitario para todos los que formaron el consorcio del
Gasoducto.
Barata incrimina a Graña y
Montero. Esta sabía de la coima a Toledo. De probarse, se le aplica el Decreto
003.
Tiene la responsabilidad compartida, se le aplicaría el decreto de urgencia,
igual que a Odebrecht.
En otros países, el Ejecutivo
anula contratos, se embarga a Odebrecht, se allana, aquí aún tiene activos en
los megaproyectos.
Contraloría busca la eficiencia de nuestras decisiones. Si tenemos la evidencia
de corrupción, de coimas de por lo menos 20 millones para empezar, creo que
hemos debido ser mucho más efectivos en tomar las decisiones o, por lo menos,
tomar medidas cautelares para asegurar que por lo menos recuperaremos algo.
¿El Perú recuperará poco de la
corrupción?
Como van las cosas, creo que avanzamos a paso lento. La recuperación del dinero
será limitada para varios casos. Aún se investigan muchas obras de las empresas
brasileñas. Creo que el estimado de US$20 millones por corrupción quedará
corto. La megacorrupción ocurrida en el país arrojará una cifra más alta de lo
que se estima.
¿Cuál es el monto que estima
Contraloría desde 2000?
La cifra de la corrupción de las empresas brasileñas fácilmente podría pasar de
los US$200 millones.
¿Se podrán recuperar?
¿Cómo?, hay que poner una medida cautelar, asegurar que mediante un proceso
pueda recuperarse. No se está haciendo. Hay que congelar cuentas, inmovilizar
documentos. En otros países sí ha ocurrido. Odebrecht aún está en Rutas de
Lima, Olmos, Chavimochic, donde ha planteado una adenda de US$100 millones. Si
no se soluciona, se paraliza. Lamentablemente, la Contraloría no ve previamente
las adendas de las APP, es una limitación existente. Hemos presentado una
iniciativa legislativa, estamos esperando que el Congreso la apruebe.
¿Cuántas adendas tuvo la
Interoceánica Sur?
Con Toledo hubo 12. Con García 6 y hasta el gobierno de Humala suman 25
adendas.
¿Bien psicodélico?
(Ríe). Sí, llama mucho la atención. Por eso, Contraloría pide revisar la
normatividad. En las IIRSAS hemos profundizado, porque hay mucha
información. Nos alarma. En 2006, el contralor Matute le dijo al presidente
Toledo que no firmara el contrato porque el kilómetro estaba sobrevalorado 100%
y no se cumplía con el SNIP. Advirtió de los probables procesos
judiciales. Para la prisión preventiva de Toledo, el juez y el fiscal recién
han tomado como sustento la información de Contraloría. Concluyen que hubo una
organización criminal.
¿En 2006 Contraloría pensaba en
una organización criminal?
Se alertaba, por los actos preparatorios veíamos que el proceso se orientaba de
manera irregular, indebida.
¿Toledo era el dirigente de la
organización criminal? ¿Cómo quedan sus ministros como acompañantes de la
organización?
Tiene que haber una cabeza, ahora lo sabemos. El fiscal determinará la
responsabilidad de los ministros. Si ellos han firmado, autorizado, leyes,
contratos, adendas, será valorado en la decisión final del juez.
Fernando Olivera dijo en la época
que fue a convencer a Matute. ¿No lo logró?
Él vino en vísperas de Fiestas Patrias de 2005, dijo que estaban paralizando el
contrato y trabando la inversión. El contralor dijo que revisaría, pero
Contraloría se reafirmó en su posición. A pesar de eso, en enero de 2006 Toledo
da una ley que legaliza todas las omisiones. La auditoría de Contraloría
evacuaba un informe con responsabilidad penal, pero como la ley “legalizaba”
las irregularidades, solo había responsabilidad administrativa, no penal.
¿Esa ley de Toledo la firma el
presidente Kuczynski?
Toda ley la firman el presidente y el primer ministro. El fiscal tiene que
evaluar la participación del presidente Kuczynski.
¿Cuál fue el presupuesto inicial
de la Interoceánica sur?
Es la más dudosa. Inicialmente se presupuestó US$1,161 millones por 2,000
kilómetros. El costo promedio por kilómetro es de US$2 millones. Por eso,
muchos decían que el precio era muy bajo. Las adendas y obras adicionales
durante la ejecución incrementaron el costo en 2,900 millones. A la fecha, la IIRSA Sur
cuesta US$4,141 millones. Pero mes a mes seguimos pagando. Para finalizar la
concesión, faltan 14 años. Ahí están Odebrecht, OAS, Camargo, Queiroz,
Graña y Montero. Si mantenemos los gastos, serían 521 millones más. El costo
final sería 4,670 millones en 14 años.
“O carretera más costosa du
mundo”.
Sí. Y se usa poco. Pero, gracias a la famosa ley, no se estableció
responsabilidad penal. La Contraloría no se quedó dormida, como dicen. Siempre
hemos mandado informes al Poder Judicial, pero su trámite dura de ocho a diez
años. Se presta a que se interprete mal su labor. Cuando en un distrito el
adicional excede 15%, entra Contraloría, pero si es una asociación
público-privada, no pasa por Contraloría.
¿El ex presidente García estaría
implicado?
No. Lo que se sanciona es la firma de los contratos, él no los firmó.
¿Cómo se manejará el retiro de
Odebrecht del Gasoducto Sur?
El 23 de enero de 2017 era el límite para que consiguiera financiamiento. El
concesionario no pudo cumplir. Hay el sustento para resolver el contrato. Han
entrado en la etapa de liquidación. Se supone que han invertido hasta hoy
US$1,700 millones. La empresa contratada debe liquidar y ver si ese es el monto
invertido, cuánto ha gastado.
¿Se le va devolver plata a
Odebrecht…?
Al final se le tienen que reconocer los gastos. No hay una norma que lo impida.
Es una liquidación.
¿Quién devuelve o reconoce: el
Estado o la empresa que asume?
Esa mecánica aún no se ha determinado. No se sabe quién paga. Hay un
fideicomiso para gastar en el tiempo. La comisión liquidadora evalúa los
aportes del concesionario, cuánto ha cofinanciando el Estado y cuánto hay en el
fideicomiso.
¿Es un escándalo esto?
Hay posiciones que piden una medida cautelar sobre ese fondo. Pero no hay
ninguna medida tomada.
La UIF congeló una
cuenta de Odebrecht y luego el fiscal Hamilton Castro la descongeló. ¿Da que
pensar?
Llama la atención. Pero no conocemos en detalle cuál es su estrategia, de
pronto le han dado algo a cambio.
¿Lo que vemos es la punta del
iceberg?
Así es. Falta mucho más. Contraloría ha realizado muchas auditorías aleatorias
a las obras de las empresas brasileñas, estamos viendo cuáles no se han
realizado. Nosotros damos el soporte a los fiscales para que sustenten sus
investigaciones. Pero en Olmos y Chavimochic, de encontrarse responsabilidades,
ya prescribió. Están vigentes Rutas de Lima, Talara, Línea Amarilla, Metro 2,
Chinchero.
¿Qué observaciones encontraron en
Rutas de Lima?
Aún no lo auditamos, se han realizado controles simultáneos. Se determinaron
algunos riesgos en el proyecto de los estudios y temas puntuales del puente
Benavides y el peaje. Para cobrar este último, deben terminarse algunas obras,
pero se cobró. Como se ha suspendido el peaje, la atención está en cómo va a
terminar esta decisión. Es una APP y el concesionario jamás pierde,
siempre recupera el sol que pone. Quién le pagará a la empresa, así se suspenda
o no el contrato. En las APP si el contratista cobra más de lo que se
esperaba, el Estado no puede hacer nada. Las adendas se dan de parte del
concesionario cuando el equilibrio económico financiero se rompe, pese a que
esté ganando más de lo proyectado. El contrato de Rutas de Lima no pasó por el MEF,
era requisito de las APP…
¿Por qué?
Tampoco pasó por Contraloría, que también era requisito. La gestión de la
alcaldesa Susana Villarán dijo que no necesitaba pasar por esos controles.
Contrató a estudios de abogados que argumentaron que el municipio tenía
autonomía.
Genera sospecha, ¿no?
Definitivamente. La construcción de los peajes es antitécnica, congestiona el
tráfico. Hemos solicitado a la municipalidad que estamos a la expectativa sobre
el acuerdo o la adenda a la que lleguen y que nos la envíen. Está bien que
suspendan, pero cuál es la concesión, no se le va a dar más ventajas al
concesionario.
¿Y Línea Amarilla?
Estamos más avanzados en los procesos de auditorías. Hay deficiencias y
responsabilidad, trabajamos para concretar resultados. Una irregularidad es
cómo se actualiza el peaje, también el retraso en la entrega de los terrenos
por la gestión de Villarán y que continúan con la de Luis Castañeda. Ese
retraso le cuesta al Estado.
¿Hay corrupción en esos dos
proyectos municipales?
De acuerdo a los informes e indicios de la auditoría, va a terminar en
corrupción.
La Línea 2 del Metro era un
vergel de irregularidades…
Se mantienen todos los riesgos que señalamos y ha pasado más tiempo, al final
es costo. Ya hay una adenda, la número 2 por US$263 millones. Está en el CIADI,
tribunal internacional. Nada ha cambiado desde 2016 y sigue corriendo el plazo.
No se entregan terrenos, no habilitamos las zonas de intervención, no
levantamos las interferencias. El concesionario no hace que se aprueben los
estudios definitivos de ingeniería (EDI). Ambas partes fallan. La Línea 2 del
Metro está parada. Priorizaron el tramo 1A…
El tramo Humala…
Ese mismo. Entre el puente Santa Anita y Evitamiento, 4.3 km. Debió entregarse
en junio de 2016. A la fecha, de cinco estaciones solo se han trabajado dos. He
sugerido que se haga una pausa en el contrato, ambos fallan, porque se
incrementan los costos. Falta entregar dos terrenos. No se ha entregado ninguna
de las 21 áreas de concesión. De 32 EDI, el concesionario solo ha aprobado
17…
La Línea 2 es solo pérdidas para
el Estado…
Tal como está todo, sí. La responsabilidad la tiene el Ministerio de
Transportes. Al momento, el retraso es de dos años y medio. El avance es solo
14.18%.
¿Hay corrupción?
Hay retrasos y riesgos, todavía no identificamos corrupción.
Datos
·
Edgar
Alarcón Tejada tiene 55 años de edad y es funcionario de la Contraloría desde
hace 20 años. En 1997 inició como analista técnico financiero en la
institución.
·
Fue
vicecontralor general en el periodo 2013-2016, antes de asumir el cargo de
contralor general de la República.
·
Fue
gerente general de la Contraloría. Además, se desempeñó como gerente de
operaciones, de finanzas y de auditoría.
·
Estudió
Contabilidad en la Universidad San Agustín (Arequipa). Tiene estudios en
maestría en Administración y Dirección de Empresas.
·
En junio
de 2016, el Congreso de la República eligió a Alarcón como nuevo contralor en
reemplazo de Fuad Khoury.
·
“No tengo
problemas en determinar responsabilidades”, dijo a finales de 2016, tras ser
cuestionado por su supuesta cercanía con Fuerza Popular.