¡SE
HIZO JUSTICIA! MINISTERIO PÚBLICO REABRE EL CASO DE ESTERILIZACIONES FORZADAS
DURANTE EL FUJIMORISMO
Tanto el IDL como Demus confían
en que la Fiscalía termine por acusar a Alberto Fujimori y a sus exministros de
Salud por crímenes de lesa humanidad
Luego
de meses de espera y de ardua lucha, las víctimas de las esterilizaciones forzadas
ocurridas durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori tienen motivos para
volver a sonreír y confiar nuevamente en la justicia de nuestro país. El
Ministerio Público –sin José Peláez Bardales ni Carlos Ramos Heredia en la
cabeza– decidió reabrir este caso –que fue archivado en el año 2014 por el
cuestionado fiscal Marco Guzmán Baca– y amplió por tres meses más las
pesquisas. Es decir, tanto el expresidente Fujimori como sus exministros de
Salud podrían ser acusados por crímenes de lesa humanidad y llevados a juicio.
De acuerdo a la resolución de la Tercera
Fiscalía Superior Penal Nacional, a la que diario16tuvo
acceso, el fiscal Luis Landa Burgos declaró fundada la queja interpuesta por el
Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Demus en contra de la resolución de la
Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, que prácticamente excusó de
toda responsabilidad al exmandatario Alberto Fujimori, sus exministros de Salud
Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong, y sus asesores
involucrados en el cuestionado Programa Nacional de Salud Reproductiva y
Planificación Familiar (1996-2000).
“Resuelve:
declarar fundada en parte la queja de derecho (…); debiéndose ampliar la
investigación preliminar del caso por tres meses, a efectos de que se proceda a
practicar las diligencias detalladas que permitan esclarecer el presente hecho
y lo expuesto en los considerandos precedentes, recomendándose al fiscal
supraprovincial practicar el mayor número de declaraciones en el tiempo
señalado en las diversas zonas geográficas que ameriten el caso y que sirva de
parámetros para el pronunciamiento respectivo; y consecuentemente emitir un
nuevo pronunciamiento en virtud de la investigación complementaria a
realizarse; devolviéndose los actuados a la Fiscalía de origen”, se lee en el
documento.
NO
HAY ARGUMENTACIÓN OBJETIVA
Como se
recuerda, el fiscal Marco Guzmán Baca señaló en su resolución, que dispuso el
archivamiento del caso de las esterilizaciones forzadas, que los hechos
denunciados no constituían crímenes de lesa humanidad por el desconocimiento
del ataque generalizado y sistemático por parte de Alberto Fujimori; y que los
delitos enmarcados en el Código Penal nacional no se habrían configurado en el
accionar de los exministros de Salud, asesores y directores que participaron de
este cuestionado programa por falta de ‘dolo’.
Asimismo,
tanto el IDL como el Demus coincidieron en señalar que el mencionado fiscal no
debió archivar el expediente, “porque no revisó diligentemente todos los
testimonios, sino que solo se enfocó en el caso de la señora Mamérita Mestanza
Chávez, quien murió ocho días después de la operación quirúrgica de
esterilización a la que fue sometida en 1998”.
Ambas
instituciones consideraron que la resolución de la Segunda Fiscalía Penal
Supraprovincial de Lima, que ‘limpió’ a Fujimori y sus exministros, posee
argumentos jurídicos “inaceptables”.
Ante
esto, el fiscal Luis Landa precisó en su dictamen que “resulta necesario que el
representante del Ministerio Público realice una reformulación argumentativa
conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes, así como la
realización de una prolija, exhaustiva y rigurosa investigación, considerándose
la realización o no de aquellos actos que sean conducentes o idóneos para la
formalización o no de una denuncia penal”.
Según
la resolución de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, la argumentación
jurídica de Marco Guzmán Baca “no reviste pormenorizadamente los presupuestos
que hayan permitido que se descarte el ‘dolo’ en este caso”.
“(…)
Debiendo, por lo tanto, el fiscal provincial realizar una argumentación
objetiva conforme a los presupuestos e interrogantes que se detalla en el
presente dictamen”.
Por
último, se solicita con carácter de “muy urgente” a las regiones de salud y/o
direcciones de salud de Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Tumbes, Piura,
San Martín, Lambayeque, Lima y Loreto, información de quienes participaron en
los procedimientos de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), a fin de que
rindan su manifestación.
LO
QUE DEBE SABER
Cabe
indicar que durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori se esterilizaron a
miles de mujeres en el país, especialmente de zonas rurales, a quienes con
engaños y chantajes se les privó de sus capacidades reproductivas, pues se las
esterilizó sin garantizarles información clara sobre la intervención y sin que
dieran su libre consentimiento. Por lo menos 18 murieron como resultado de
estas prácticas.
El caso
de las esterilizaciones forzadas llegó hasta la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), instancia en la cual el Estado peruano y las víctimas
llegaron a un acuerdo amistoso para investigar y sancionar a los responsables.
“Lo
que ha hecho el fiscal Luis Landa es un acto de justicia”
Carlos
Rivera Paz.
El abogado del
Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, saludó la decisión del
fiscal Luis Landa Burgos de reabrir el caso de las esterilizaciones forzadas
ocurridas durante el fujimorismo, luego de que fuera archivada arbitrariamente.
En diálogo con diario16, el
letrado enfatizó que confía en que la nueva fiscal del caso, Marcelita Huayta,
actuará con responsabilidad.
“Lo que
ha hecho el fiscal Luis Landa es un acto de justicia para las víctimas de las
esterilizaciones forzadas ocurridas durante la época de los 90 y confiamos en
que la nueva fiscal del caso actuará con responsabilidad y seriedad. El IDL
siempre ha mantenido su posición de que tanto Alberto Fujimori como sus
exministros tienen una responsabilidad directa por estas prácticas que
afectaron a muchas mujeres. Esperemos que todo esto termine en una acusación
penal contra ellos”, señaló.
Carlos
Rivera reiteró una vez más que las esterilizaciones forzadas se ejecutaron en
nuestro país no por una decisión individual, sino porque ellos (ministros,
enfermeros, médicos, etc.) estaban cumpliendo con lo que el presidente de la
República (Alberto Fujimori) había definido como una política de Estado.
“Adicionalmente
habían puesto en marcha una serie de procedimientos a nivel de todo el sector
salud para realizar estas esterilizaciones. Esto sin duda fue una política de
Estado y por eso se debe formular una denuncia penal contra el expresidente
Fujimori”, acotó.
También
explicó que su institución decidió formular una queja contra la decisión del
fiscal Guzmán Baca por las siguientes razones: indicó en su resolución que en
el caso de las esterilizaciones forzadas no había crímenes de lesa humanidad,
señaló que las personas investigadas no tenían responsabilidad, precisó que las
mujeres esterilizadas no fueron agraviadas o afectadas a sus derechos y,
finalmente, dijo que no había elementos jurídicos para considerar que este caso
sea un crimen contra los derechos humanos.
Por
último, el abogado del IDL advirtió que en caso de que el Poder Judicial
aceptara la acusación penal del Ministerio Público y decidiera abrirle un nuevo
proceso judicial a Alberto Fujimori, el Estado peruano necesariamente tendrá
que presentar un pedido de ampliación del cuadernillo de extradición ante el
Tribunal Supremo de Chile, a fin de que este autorice el juzgamiento contra el
expresidente. Es decir, todo este proceso podría demorar más de un año.
