“Capitán
Arturo” fue denunciado hace 26 años por desaparición
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Recuerda que en 1988 su madre: "Tú
has venido y lo has traído a mi esposo". (Foto: FOTOS: ELÍAS NAVARRO)
Familiares
de Víctor Araujo Garzón lo acusaron ante la Fiscalía Superior de
Investigación de Desaparecidos de Ayacucho. El documento está en uno de los 67
expedientes que se abrieron en la Fiscalía Especial encargada de los Asuntos de
la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos. La República encontró testigos de
estas detenciones arbitrarias que también lo mencionan. Son casos para la
Fiscalía.
María Elena
Castillo H.
Elías Navarro, Huamanga
Elías Navarro, Huamanga
"Él es el capitán Arturo",
dice muy segura María Araujo Aroni, al ver la fotografía del exministro del
Interior, Daniel Urresti. En ese
momento su memoria retrocede casi 26 años, al 14 de diciembre de 1988, cuando
su padre, Víctor Araujo Garzón, fue detenido por una patrulla militar.
Esa mañana el campesino de 65 años
trabajaba en su chacra de maíz, ubicada en el anexo de Huayhuas, en las afueras
de Huanta. Cerca del mediodía una patrulla del Ejército llegó al lugar y se lo
llevó en un vehículo militar rumbo al Cuartel de Castropampa.
"Mi mamá, Melchora Aroni Santa Cruz, llegó desesperada a Huanta y buscamos abogado pero no quiso asumir la defensa. Nos dijo: entren ustedes solas. Entonces fuimos llevando comida y cuando llegamos a la puerta del cuartel estaba este capitán Arturo", relata a La República.
"Mi mamá, Melchora Aroni Santa Cruz, llegó desesperada a Huanta y buscamos abogado pero no quiso asumir la defensa. Nos dijo: entren ustedes solas. Entonces fuimos llevando comida y cuando llegamos a la puerta del cuartel estaba este capitán Arturo", relata a La República.
Cuenta que les gritó que no había
ninguna persona detenida y las conminó a marcharse.
"Mi mamá le increpó diciéndole:
¡Tú le has traído!", refiere María. Respondió amenazante:
"¡retírense, carajo!". El oficial tenía un fusil en el hombro y una pistola
en la cintura.
Al día siguiente, doña Melchora
–entonces de 70 años y hoy fallecida– acudió a la Fiscalía Provincial Mixta de
Huanta y presentó la denuncia, tal como figura en el Expediente N° 624-88, que
terminó remitiéndose a la Fiscalía Especial encargada de los asuntos de
Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos.
Cinco días después de la detención,
el jefe político militar de Huanta, Víctor La Vera Hernández –utilizando el
seudónimo "Javier Landa Dupont"–, negó que personal bajo su mando lo
haya intervenido.
Sin embargo, don Víctor no aparecía.
Por el contrario, el 29 de diciembre, otra patrulla militar ingresó a la casa
de la familia Araujo Aroni y se llevó a Sofía, su hija de apenas 14 años. En
ambas acciones se identificó la participación de un oficial apodado
'Mataperro'.
ACUSACIÓN DIRECTA
María recuerda que mientras
esperaban, salió de la base un hombre que disimuladamente les aseguró que había
personas detenidas, "dentro de rejillas".
"Mi mamá fue a Huanta a comprar
para el almuerzo, diciendo quizás me hagan entrar con la comida. El capitán se
molestó y nos apuntó con su arma diciendo que nos iba a disparar si no nos
íbamos", refiere.
El oficial siguió negando que hubiera
detenidos en la instalación militar y que él haya ido con la patrulla a
Huayhuas, pero doña Melchora lo había visto y pese al temor, le insistió:
"¡Tú has venido y lo has traído a mi esposo!", le enrostró.
Su acusación directa quedó registrada
en la denuncia escrita por detención arbitraria que presentó su nuera, Aurelia
Ricra Chocce, el 17 de marzo de 1989, a la Fiscalía Superior de Investigación
de Desaparecidos, en Ayacucho, y que por primera vez sale a la luz.
"Interpongo denuncia por la
detención arbitraria de mi suegro, Víctor Araujo Garzón, quien fue detenido el
14 de diciembre de 1988, en la localidad de Huayhuas, de comprensión de la
provincia de Huanta, por los miembros del Ejército acantonados en la base
militar de Castropampa capitaneado por el capitán apodado Arturo", dice el
documento que hasta ahora estaba olvidado en el expediente que se guarda en el
Centro de Información para la Memoria Colectiva de la Defensoría del Pueblo.
Por la fecha en que fue presentado
este recurso, no se puede argumentar que tuvo un trasfondo político, como
afirmó el ex ministro Daniel Urresti cuando el mayor (r) Amador Vidal
Sanbento, uno de los condenados por el crimen del periodista Hugo Bustíos (en
noviembre de 1988), lo involucró en el asesinato.
DIFÍCIL INVESTIGAR
Por esos años, la máxima autoridad en
la zona era el jefe del comando político militar y no era sencillo investigar
las denuncias sobre desapariciones que llegaban a la fiscalía provincial,
principalmente las que responsabilizaban a miembros de las fuerzas del
orden.
El expediente por la desaparición de
Víctor Araujo y su hija Sofía tiene apenas 31 folios: solo hay declaraciones de
doña Melchora; la denuncia de Aurelia; un oficio del jefe militar de
Castropampa y otro del Cuartel Los Cabitos, de Huamanga, negando las detenciones;
varios pedidos de las fiscalías provincial de Huanta y superior de Ayacucho,
así como dos partes de la entonces Policía de Investigaciones del Perú (PIP),
dando cuenta de las diligencias que realizaron sobre estos casos.
El documento policial en torno a
Víctor Araujo señala escuetamente que su nombre no estaba en el Libro de
Detenidos de esa institución, ni en la Comisaría de la Guardia Civil y que no
tiene antecedentes.
Como parte de su análisis, indica que
no se ha podido probar que fuera intervenido por efectivos militares porque
mediante un oficio "informó el jefe político militar que el personal a su
mando no había intervenido a la persona en mención". Sin embargo, no se
hizo ninguna inspección en el lugar. Algo similar determinó para el caso de
Sofía.
SON 67 CASOS
Casi la misma historia se repite en
las 67 denuncias por desaparición forzada ocurridas durante 1988 en Huanta, que
mostraría un patrón de operaciones ilegales como parte de la lucha
contrasubversiva como ocurrió en 1983 en el Cuartel Los Cabitos, en Huamanga, y
por los que se está procesando judicialmente a todo el Estado Mayor.
En 1988 el Estado Mayor del Cuartel
de Castropampa, en Huanta, estaba formado por el jefe político militar, Víctor
La Vera Hernández –condenado por el asesinato del periodista Bustíos–; el jefe de
la Sección de Personal (S-1), Manuel Contreras Rodríguez; el ex ministro Daniel
Urresti como jefe de Inteligencia (S-2); el jefe de Instrucción y Operaciones
(S-3), José Salinas Zuzunaga; y el jefe de Asuntos Civiles, Amador Vidal
Sanbento, más conocido como 'Ojos de Gato'.
A todos ellos les toca responder por
las desapariciones, entre ellas la de Julio Tinoco Sánchez, de 33 años, quien
fue sacado la noche del 25 de mayo de 1988 de la casa de sus padres, en el
anexo de Cangari, donde pernoctaba tras haberlos ayudado en las faenas
agrícolas.
Al día siguiente su esposa, Remigia
Muñoz Rimachi, denunció su secuestro ante el fiscal provincial de Huanta. Tanto
allí como en Huamanga relató que se lo llevaron miembros de una patrulla
militar.
Como en todos los casos, el jefe del
Comando Político Militar de Huanta negó el operativo, lo que fue suficiente
para que la PIP concluya que el Ejército no lo intervino.
Sin embargo, Tinoco era sospechoso de
terrorismo, pues en enero de ese mismo año fue detenido y acusado de ser mando
político de Sendero Luminoso. Estuvo detenido nueve días, saliendo con libertad
incondicional mientras el proceso se veía en el Poder Judicial. Al ser
consultado por la fiscalía que investigaba su desaparición, el Juzgado de
Instrucción de Huanta respondió que en su informe final no se le encontraba
responsable del delito que se le imputaba. La absolución llegó muy tarde.
Doña Remigia cuenta a La República
que los militares ingresaron primero a su casa y al no encontrar nada fueron a
la vivienda de sus suegros. Ella vio a los militares, y después se enteró de
que a uno de ellos lo llamaban "capitán Arturo".
"Al día siguiente, embarazada y
con mis seis hijos, fui al cuartel a que me entreguen a mi esposo. Me dijeron
burlándose que no lo habían traído y me amenazaron diciendo que si no me iba me
matarían. Los militares disparaban al aire y nos regresamos asustados y
llorando con mis hijos", cuenta demandando justicia y que le entreguen el
cuerpo de Julio.
MÁS DENUNCIAS
En la mañana del 10 de setiembre de
1988 militares uniformados y otros vestidos de civil llegaron a Huayhuas y
encontraron a Rufino Limaquispe Huamán, de 22 años, levantando muros en la casa
de una vecina.
Su esposa, Rosa Pineda Ccasapuma, fue
testigo de la detención.
"Haciendo disparos al aire uno
de ellos dijo: ¡salgan afuera y échense, carajo! Y empezaron a golpear. A mi
esposo lo amarraron las manos hacia atrás con soga y a mí me encerraron en un
cuarto junto con mi concuñada y mis dos hijas", refiere, y agregó que se
lo llevaron con dirección a Huanta.
Cuando fue a buscar a su esposo al
cuartel, encontró a varias personas que decían que el 'capitán Arturo' se
había llevado a sus familiares.
Unas semanas antes, exactamente el 16
de agosto, fue detenida Felícita Sánchez Delgadillo, de 24 años, en el Pago de
Pampachacra. Su hermana, Paulina, no ha podido olvidar ese día, aún llora
porque no pudo hacer nada para evitarlo.
Como no aparecía, Paulina y su
esposo, Feliciano Ccapcha Medina, buscaron al periodista Hugo Bustíos, que era
muy amigo de Filomena, para que los ayude a encontrarla.
"Hizo un escrito para presentar
en cuartel Castropampa. Bustíos me dijo: si lo han llevado al cuartel ya lo van
a desaparecer. Pero de todas maneras hay que presentar", comenta
Feliciano.
Y efectivamente, como en todos los
casos que hemos mencionado, la joven nunca más volvió a aparecer.
Congresista
Gutiérrez: Denuncian a Urresti por entrar en la política
El vocero de la bancada de Gana Perú
y dirigente del Partido Nacionalista, Josué Gutiérrez, sostuvo que
el pecado del ex ministro del Interior Daniel Urresti ha sido incursionar en
política, aclarando que en este momento no se está pensando en candidaturas presidenciales.
"Hay adversarios políticos que
nos miran como enemigos y quieren desprestigiarlo", manifestó, calificando
ese hecho de "politiquero".
Refirió que si fuera abogado
seguramente buscarían si está ligado a la red mafiosa de Rodolfo Orellana, pero como es militar lo
quieren responsabilizar de las violaciones de derechos humanos cometidas en los
años 80 y 90. "Dicen: hay que ver cuántos muertos y desaparecidos hay para
achacárselos. Estos temas deben aclararse y sin duda lo va a hacer ",
expresó.
Gutiérrez, elegido por Huánuco, contó
que tiene un tío desaparecido en los años de violencia y que lo importante
debería ser ubicarlos y devolverlos a sus familiares.
La República se comunicó con el
exministro Urresti, quien se excusó de declarar porque tiene un proceso
judicial (por el asesinato del periodista Hugo Bustíos) y que lo hará su
abogado, cuando contrate uno.
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