MONOPÒLICAMENTE DESLEAL

ENERO 07, 2014

El control de los medios de comunicación en manos de un par de familias.

Por: Ernesto Toledo Brückmann.

“Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.” (Art. 12 de Principios de la Declaración de Libertad de Expresión; códigos que la SIP, El Comercio, sus aliados y los “defensores de la libertad de expresión” juraron defender)

Si el propio neoliberalismo a ultranza pregona que el Estado no sólo debe respetar la libertad de expresión, sino que tiene que garantizar que no se atente contra ese derecho y, al mismo tiempo, promover las acciones necesarias para que todas las personas puedan gozar y ejercer este derecho en igualdad de circunstancias, entonces lo mejor que puede hacer el Estado peruano es romper con el monopolio de los medios de comunicación en el Perú.

Para nadie es una novedad que el espectro radioeléctrico (TV o Radio)  representa un recurso más escaso que el agua; de ahí que la compra de los derechos para su uso sea regulada en todas partes del mundo. Resulta paradójico que los principales victimarios de la libertad de expresión sean los propios empresarios y no el Estado.

En los últimos meses presenciamos una vergüenza  pero sobre todo un peligro desde el momento en que el grupo  El Comercio, de la familia Miro Quesada, se adueñó de la mayor parte de los medios de circulación nacional, comprando el año pasado a Epensa, otro conglomerado de diarios con acciones mayoritarias del Grupo Grupo Agois Banchero. Resultaba lógico que si bien Ollanta Humala se metió de lleno en la polémica, otros políticos deseosos de “chapar cámara” rechazaran sus declaraciones. Estamos no solo ante los intereses económicos de un par de familias acaparadoras sino ante oportunistas que pretenden abanderarse defensores de los derechos fundamentales para fortalecer sus imágenes telegénicas.

El negocio monopólico contempla la separación de los negocios de Epensa en dos empresas: una dedicada a los contenidos periodísticos, en la que la familia Agois Banchero tiene la totalidad de las acciones, y otra dedicada a brindar servicios de impresión y comercialización de los diarios y la publicidad, donde la familia tiene el 46% de las acciones, dejando el otro 56% en manos del Grupo El Comercio, quien controla el 40% de los medios escritos y audiovisuales del país, pudiendo acercarse a un control del 70% una vez ejecutada esta asociación. Hasta el momento El Comercio encara un litigio con el grupo La República, otra de las grandes empresas periodísticas, que también intentó comprar el control de Epensa. Éste último asegura que el control del primero es de casi el 80%. La justicia peruana aún no se pronuncia al respecto.

En estos momentos, las organizaciones políticas y sociales del Perú deben ser las generadoras de sentimiento ciudadano por intermedio de la opinión pública que rechace y condene moralmente toda práctica que acumule el poder periodístico y la seudo “libertad de expresión” en manos de un par de familias.

Toda revisión de la Ley de Telecomunicaciones  en el Perú debe contemplar dos temas estrechamente vinculados con el derecho a la libertad de expresión: el acceso de todos los sectores sociales a los medios de comunicación sin ningún tipo de restricción, y la pluralidad y – para los neoliberales mediáticos- la libre competencia en ese sector.

La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios.

Los grupos de poder mediático tampoco revisaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo 3 señala que los pueblos y comunidades indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.

Respecto al financiamiento y autofinanciamiento de radios y otros medios comunitarios, entendidos como organismos sin fines de lucro, es un tema que posteriormente se tratará.

Si nos ponemos del lado de los grupos de poder con cinco dedos de frente y abordamos el tema de la pluralidad y la libre competencia de los medios de comunicación, deberíamos reconocer que un requisito fundamental  para la plena vigencia de la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información y opiniones disponibles al público.

La pluralidad en los medios de comunicación permite a la ciudadanía confrontar distintos puntos de vista y contar con mayores elementos para formar su propio juicio sobre la realidad.

El tema de la monopolización de medios da para más y es una fuente inacabable de críticas y propuestas para la construcción de una red de comunicaciones que verdaderamente represente el- los- sentimientos de la sociedad peruana.