Nadine Heredia: Ministerio Público solicitó su impedimento de salida del país

Este martes, el fiscal para casos de lavado de activos, Germán Juárez Atoche, formalizó la investigación preparatoria contra la primera dama.

Se debe quedar en Perú. Piden que Nadine Heredia no salga del país mientras duren investigaciones.

El fiscal para casos de lavado de activos, Germán Juárez Atoche, presentó este martes la formalización de investigación preparatoria contra la primera dama, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos y solicitó su impedimento de salida del país.

El documento – cuya elaboración duró cerca de un mes y medio – constituye una denuncia penal inicial ante el Poder Judicial contra la esposa del presidente Ollanta Humala.

Esta denuncia, según el Nuevo Código Penal, se llama “investigación preparatoria”, con lo cual el caso continuará siendo investigado por la Fiscalía, pero bajo la supervisión de un juez de investigación ad hoc.

Junto a Heredia están incluidos Ilan Heredia (su hermano), Antonia Alarcón (su madre), Julio Torres Aliaga, y Rocío del Carmen Calderón de Vinatea (su amiga, quien le cedía sus tarjetas de crédito para que realizara compras en el exterior), entre otros.

También están comprendidos Eladio Mego Guevara, Martín Belaunde Lossio, Jorge Chang Soto, Mario Torres Aliaga, Eduardo Sobenes Vizcarra y Maribel Amelita Vela Arévalo, en calidad de cómplices primarios, por la presunta comisión del mismo delito.

Todos los mencionados forman parte de la megainvestigación por los aportes al Partido Nacionalista durante las campañas electorales de los años 2006 y 2011, así como los continuos ingresos de dinero a las cuentas bancarias de la primera dama.

En cuanto a las medidas limitativas solicitadas por la Fiscalía, se ha dispuesto requerir la comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país contra los investigados Nadine Heredia Alarcón, Ilan Heredia Alarcón y Rocío del Carmen Calderón Vinatea, e igualmente se ha dispuesto requerir la medida de comparecencia con restricciones contra Antonia Alarcón Cubas y Mario Julio Torres Aliaga.

El congresista oficialista Santiago Gastañadui también fue comprendido en la denuncia del Ministerio Público, para quien se pidió el levantamiento de su inmunidad.

El legislador Gustavo Rondón, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, indicó que la decisión de la Fiscalía “ratifica el trabajo serio, responsable” de su grupo de trabajo, y que “indudablemente el país va a tener una respuesta” sobre todos los actos que “pueden colisionar con el manejo del poder”.

El legislador solidario estimó que ahora el Ministerio Público tiene la titularidad del caso, y que ellos podrán profundizar y elevar, posteriormente, la investigación al Poder Judicial. “Es una certificación de un camino hecho en búsqueda de la verdad”, acotó en diálogo con Canal N.

ANTECEDENTES DEL CASO
La indagación del fiscal Germán Juárez comprende dos casos por lavado de activos que fueron acumulados en diciembre del año pasado. Uno está referido a las cuentas bancarias de Nadine Heredia, por transferencias desde Venezuela y de empresas peruanas por concepto de supuestas consultorías; y el otro, sobre supuestos aportes ‘fantasma’ al Partido Nacionalista. En este último se incluyeron las cuatro agendas de propiedad de la primera dama.

En el caso de las transferencias de dinero a Heredia, se originó en mayo de 2009 por un proceso indagatorio realizado por el fiscal Eduardo Castañeda, luego de que se publicara una investigación periodística respecto a envíos de dinero desde firmas venezolanas y del Perú, luego de la campaña electoral de 2006.

Luego de un año de pesquisas, el caso fue archivado por la Fiscalía, en dos instancias. Esto a pesar de que la procuradora Julia Príncipe interpuso un recurso de queja porque no se llegó a efectuar un peritaje contable para verificar si efectivamente el dinero depositado entre el 2005 y el 2009 procedió realmente de las compañías que aparentemente habían contratado sus servicios.

En enero de 2015, el fiscal especializado Ricardo Rojas, en base a la denuncia interpuesta por el abogado Carlos Huerta – que recogía publicaciones periodísticas –, volvió a iniciar una investigación preliminar por los mismos hechos que el Ministerio Público ya había indagado en 2009, sin percatarse de esta situación. No obstante, el magistrado retomó el proceso y amplió las pesquisas y obtuvo información nueva al respecto, como las transferencias de la firma venezolana Kaysamac como aporte de campaña, pero a nombre de la madre y la amiga de Nadine Heredia.

En setiembre del año pasado, el magistrado Rojas fue removido de la Fiscalía contra el lavado de activos y enviado a un despacho fiscal en Lurín.

S/11 MILLONES EN JUEGO
En tanto, el caso de las finanzas del partido de gobierno, a cargo del fiscal Germán Juárez, empezó en mayo de 2015, y tuvo su origen en una denuncia presentada en 2011 por presuntos aportes ‘fantasma’, cuyo monto era de alrededor de S/11 millones, relacionados al proceso electoral de ese año. Después, Juárez incluyó en sus pesquisas a la campaña de 2006.

Inicialmente, estuvieron bajo indagación los responsables del Partido Nacionalista, Pedro Santos, Mario Torres e Ilan Heredia. Pero en setiembre último, luego de que la Fiscalía recibiera las agendas de la primera dama, esta fue comprendida como investigada. Otros incluidos en esta pesquisa son Rullman Pebe Heredia, primo de Nadine Heredia, y Martín Belaunde Lossio, exasesor de campaña electoral de Ollanta Humala.

El 19 de noviembre pasado, Nadine Heredia fue sometida a una pericia grafotécnica para determinar la autoría de la letra inscrita en las cuatro libretas que le pertenecen. Una semana antes, la también presidenta del Partido Nacionalista reconoció – en conferencia de prensa – que las referidas agendas le pertenecían, a pesar de que lo negó varias veces anteriormente.

En marzo pasado, la Procuraduría contra el lavado de activos solicitó al Ministerio Público que se incluyera la presunta vinculación de los hechos judiciales ocurridos en Brasil con los aportes a la campaña del nacionalismo en el 2011.

El 18 de abril último, el mandatario Ollanta Humala declaró ante el fiscal Juárez en Palacio de Gobierno, en calidad de testigo. Se atribuyó la responsabilidad del manejo financiero del Partido Nacionalista y dijo que las agendas bajo investigación era una “propiedad conyugal”.