CORTITOS DE LA POLITICA NACIONAL 30-04-2017

 

 NUEVA CONSTITUCION,CAMINO A LA VICTORIA

CESAR SAN MARTIN Y MADRE MIA

Años atrás, el 21 de diciembre del 2009, el juez San Martín y los demás miembros de la Segunda Sala Penal Transitoria ordenaron la última fase del proceso Madre Mía al no hallar pruebas sobre Humala. El esos tiempos abogado del ex presidente, Omar Chehade, describió dicho acontecimiento en su libro “La gran usurpación” como “el mejor obsequio de Navidad que debe haber recibido Ollanta Humala en su vida”.

En la determinación se revelaron “las contradicciones de 3 testigos […] las retractaciones del agraviado sobreviviente, de tres testigos y soldados”, desde otros elementos a favor de Humala. San Martín declaro con su fallo el archivamiento propuesto anteriormente por otros tribunales, inclusive una resolución de octubre del 2009 de la Fiscalía Suprema en lo Penal dentro de la presidencia de Pablo Sánchez.

Concerniente a las acusaciones de supuesta compra de testigos en el 2006, César San Martín afirmó que “se decía” que “hay de dos bandos. O sea, unos testigos que han sido coimeados por X y los demás testigos coimeados por Z. Eso sí recuerdo […] Actualmente, que sea cierto es otra cosa”.

ANIBAL QUIROGA Y EL  INDULTO A FUJIMORI

El constitucionalista Aníbal Quiroga consideró que si el gobierno decide excarcelar a Alberto Fujimori actuaría en contra de la convención americana que no permite el indulto, amnistía ni beneficios penitenciarios a sentenciados por delitos que constituyen lesa humanidad.

Explicó que el Perú ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos y ratificada por el Protocolo Complementario, además está adscrito a la Corte-IDH. Las sentencias de la Corte son vinculantes y los delitos de lesa humanidad no califican en todos los países miembros de la convención americana, señaló.

VALLA ELECTORAL

Una de las propuestas más polémicas del proyecto de reforma electoral presentado hace unos días por el Gobierno ha sido la reducción del número de firmas para la inscripción de agrupaciones políticas de 4% a 1% de la población electoral.

“No estoy de acuerdo, porque esto va a motivar muchas inscripciones que solo tendrán una motivación electoral. No va a ayudar a fortalecer los partidos. No hacen falta 100 agrupaciones. Es mejor tener cuatro o cinco partidos sólidos”, señaló el constitucionalista Enrique Bernales.

SIN TRASCENDENCIA

Por su parte, el analista político Luis Benavente señaló que el debate de la cantidad de firmas necesarias para la inscripción de un partido no es trascendente.

“Para mí, la cantidad de firmas es un tema secundario. Una verdadera valla electoral debería ser tener comités orgánicos que hagan vida partidaria y no esos partidos que crean oficinas fantasmas”, manifestó el analista a este diario.

OLLANTA ACEPTA DELITOS

El vocero alterno de la bancada de Fuerza Popular, Héctor Becerril, declaró que el ex presidente de la República Ollanta Humala reconoció de manera implícita los delitos por los que se le investigó en el marco del caso Madre Mía.

“Cuando Ollanta Humala sale en conferencia de prensa y acepta que su voz es la de los audios, está aceptando que ha sido el responsable de los secuestros, torturas y asesinatos a personas en el caso Madre Mía. Queda claro que él ha participado directamente”, señaló el legislador fujimorista.

El vocero alterno de Fuerza Popular agregó que estas interceptaciones telefónicas realizadas al ex mandatario son elementos suficientes para que el Poder Judicial reabra el juicio por violaciones de derechos humanos que fuera archivado en 2009.

FAO Y LA LICENCIA A NADINE

Nadine Heredia fue nombrada, en noviembre de 2016, directora de la Oficina de Enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Cinco meses después, la ex primera dama no asume todavía sus funciones y —según su abogado, Wilfredo Pedraza— no tiene en agenda ningún viaje debido a que está abocada a sus procesos judiciales.

Se indagó con la FAO respecto de la situación laboral de Heredia. “Hasta donde tenemos entendido en la oficina de Perú, la licencia de la señora Heredia con respecto a su puesto en Ginebra se mantiene. No se ha reportado ningún cambio con respecto a la situación de diciembre del año pasado”, indicaron.

Según algunas fuentes el fiscal Germán Juárez también ha solicitado información a la FAO. “La Fiscalía teme que ella fugue del Perú. Si incumple las reglas de conducta, de inmediato se pediría impedimento de salida del país o prisión preventiva”, dijeron.

Las redes de colaboración al interior del partido de Keiko Fujimori

Aunque el debate público suele centrarse en dos bandos, la dinámica parlamentaria ha dado forma a cinco grupos dentro de la mayoría fujimorista

Fuerza Popular: Las redes de colaboración al interior del partido de Keiko Fujimori.

Desde que Alberto Fujimori abandonó el poder, el fujimorismo en el Parlamento ha tenido una trayectoria particular. Por ejemplo, la transición que lideró Valentín Paniagua contó con una importante presencia de Perú 2000 (52 de 120 curules).

En 2001, el fujimorismo (Cambio 90-Nueva Mayoría y Solución Popular, en conjunto) tuvo una representación ínfima (4 de 120) que ni siquiera alcanzaba para formar una bancada. Esta creció en 2006 (13) y solía votar disciplinadamente. Salvo deserciones menores, la disciplina se mantuvo entre 2011 y 2016.

Siendo hoy una mayoría apabullante (72 de 130), ¿cuál es el perfil que se mantiene? Manejar un grupo tan grande puede ser complicado. Recién instalado el Congreso, las deserciones podían ser muy predecibles. Pero Fuerza Popular previno esto mediante la llamada ley antitránsfuga.

Redes

Lo que no se puede evitar es la consolidación de redes internas en la bancada. En el gráfico adjunto, cada grupo está representado con un color. El tamaño del círculo representa la importancia del parlamentario.

Aquellos congresistas con mayor nivel de interacción (aquellos que buscan o que son buscados en mayor medida para la presentación de PL) tienen mayor importancia: son los llamados congresistas “pívot” de cada grupo.

Dentro de la bancada de Fuerza Popular se pueden detectar hasta cinco grupos importantes, excluyendo a quienes actualmente forman parte de la mesa directiva: Luz Salgado (Lima) y Rosa Bartra (La Libertad).

Los congresistas “pívot”, de acuerdo con este método, son los reelegidos Héctor Becerril (Lambayeque) y Segundo Tapia (Cajamarca), algo comprensible dada la experiencia acumulada. Es sorpresivo, en cambio, el rol de los debutantes María Melgarejo (Áncash), Edwin Vergara (Lima) y Juan Carlos Gonzales (Lima).

Solo contando con recursos políticos, si un grupo de interés quisiera promover un proyecto de ley, estos congresistas serían clave, pues, por sus conexiones, podrían articular a sus más cercanos colegas. Además, su liderazgo los convierte en potenciales aliados de otras bancadas.

Dispersión

Hace algunos meses se pudo tener un vistazo de la manera cómo coordinaba la bancada fujimorista. El famoso chat del “mototaxi” incluía a Luis Galarreta, Cecilia Chacón, Becerril, Salgado, Bartra y otros líderes extraparlamentarios del fujimorismo.

En el gráfico de redes, se puede ver que algunos se ubican entre los distintos grupos. Esto podría indicar que la forma de coordinación vaya de manera escalonada de la líder y sus allegados hacia el resto de la bancada.

Otro dato interesante, y a pesar de la creencia ampliamente extendida, es que la formación de grupos parece no estar determinada por la simpatía hacía Keiko o Kenji Fujimori. De hecho, el menor de los Fujimori parece tener un rol menor como “pívot”.

Ni Keiko ni Kenji

Lo que parece primar, en cambio, son relaciones establecidas por cercanía amicales, regionales o de creencias y hasta de ubicación del escaño en el hemiciclo.

Estas redes, sin embargo, no han provocado disidencias de voto significativas. Los congresistas fujimoristas parecen ser rodajas de una misma naranja.

CIFRAS

·         5 redes son las que parecen haberse formado al interior del fujimorismo.

·         427 proyectos de ley había presentado la bancada de Fuerza Popular hasta el 15 de marzo.

El primer testimonio que dieron soldados sobre caso Madre Mía

Año 2006. Reconocieron que en 1992 Ollanta Humala era el jefe de la Base Militar de Madre Mía, y que participaron en la detención de los esposos Benigno Sulca y Natividad Ávila, quienes resultaron desaparecidos. Después cambiaron de versión.

Elizabeth Prado

Fue a inicios del año 2006, en plena campaña electoral, cuando un grupo de soldados que había servido en la Base Militar de Madre Mía–región Huánuco– se enteró de que su ex jefe, el capitán "Carlos", era candidato a la Presidencia de la República. Pero, además, supieron que estaba siendo investigado por presunto delito de desaparición forzada durante su paso por dicha instalación castrense.

Habían pasado 14 años, sin embargo, reconocieron su rostro con facilidad. Aunque recién conocieron que se llamaba Ollanta Humala Tasso.

Desde la localidad loretana de Requena se contactaron  con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Estaban dispuestos a declarar en la investigación que se seguía contra su ex jefe militar en torno a lo sucedido con los esposos Benigno Sulca Castro y Natividad Ávila Rivera la noche del 17 de junio de 1992.

La señora “yambalista”

El primero en presentarse  ante el fiscal Arturo Campos, en Tocache, fue Ramón Olimar Java, quien, como los otros, declaró con un código de identificación.

Bajo la clave 172, afirmó que en junio de 1992, cuando el capitán "Carlos" era jefe de la Base Militar de Madre Mía, vio detenida en el Puesto de Vigilancia Número Uno (PV1) a una señora que solía vender productos Yambal en la zona.

Se trataba de Natividad Ávila, quien, en efecto, se dedicaba a esa actividad.

"Debo indicar que después de unos días de que la señora ya no estaba en la base, se apareció una señorita preguntando por su mamá, quien era la señora que vendía Yambal y otras cosas, a lo cual mi persona y demás compañeros le respondimos que no sabíamos nada. Luego de esto la chica se puso a llorar", contó.

Después ratificó su declaración fiscal ante el Cuarto Juzgado Supraprovincial de Lima.

También los vieron

Otro de los soldados que brindó su testimonio fue Nemer Flores Ayapi (clave CRH-20). Declaró que él dio seguridad al grupo encargado de detener a los esposos Sulca-Ávila. Asimismo, confirmó que ella fue colocada en un pozo cerca al PV1 (puesto de vigilancia) de la Base Militar Madre Mía. Al día siguiente la reconoció como la madre de su enamorada.

Días después, su compañero "Rambo" le dijo que él y otros soldados habían eliminado a los detenidos.

Además, el conscripto Pedro Olimar Java (clave GMC-66), quien también integró la patrulla que detuvo a los cónyuges la noche del 17 de junio de 1992, refirió que lo hicieron en una camioneta y que él fue otro de los que vio a la señora en el PV1.

"La mujer permaneció en el puente PV1, ahí había un calabozo donde se depositaba a los presos. Yo la he visto al cuarto día después de la detención. El varón estaba en otro calabozo que quedaba detrás de la base, cercano al PV3. No los he vuelto a ver a ninguno de los dos", dijo entonces.

Asimismo, el soldado Gaspar Santillán (clave JAD 27), que fue miembro del operativo militar, declaró que la apresada era conocida como "yambalista".

Posteriormente, estos soldados cambiaron su versión y con ello el curso del caso. Nunca se supo el motivo, pero se especulaba que los habrían sobornado.

La hermana de Natividad, Teresa Ávila, también fue tentada. Le ofrecieron 20 mil dólares para que deje de denunciar la desaparición de su hermana y su cuñado. Este hecho fue filmado y formó parte del expediente judicial.

Ahora, ante la aparición de los audios en los que se habla del presunto pago a un testigo, Teresa espera que se reabra la investigación.

El dato

Con las declaraciones en reserva de los soldados a la Fiscalía de Tocache, se formuló denuncia penal contra Ollanta Humala. Pero ante el cambio de versión de los testigos, la 1ª Fiscalía Superior Penal Nacional archivó el caso. La Sala Penal Nacional y la Corte Suprema lo confirmaron. 

“Ella permaneció en el puente PV1, ahí había un calabozo donde se depositaba a los presos. El varón estaba en otro calabozo”, dijo un soldado.

Hermana. Teresa Ávila nunca dejó de denunciar a Humala.

Evalúan presentar nueva denuncia

El abogado Víctor Álvarez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dijo que están viendo la posibilidad de reabrir el caso. 

"Con esta evidencia (los audios) podría presentar una nueva denuncia al fiscal, señalando que hay elementos que muestran que los testimonios en los que se sustentó el archivamiento, por lo menos uno de ellos, fue producto de un soborno; por lo tanto, la sentencia tendría que ser revisada", indicó.

Sin embargo, dijo que es difícil "porque se está frente a resoluciones judiciales de personajes que hoy están en cargos importantes. Pablo Sánchez, actual fiscal de la Nación, confirmó el dictamen de su fiscal superior. Y el que dictó el archivamiento fue César San Martín, ahora juez supremo".

Notaría de congresista fujimorista registró 53 empresas de fachada

La ruta aurífera. Organización criminal del llamado “Pablo Escobar del Contrabando de Oro”, el norteamericano Juan Pablo Granda, preso desde marzo pasado en Miami, recurrió a notaría de legislador Francisco Villavicencio Cárdenas para registrar las compañías ficticias. Villavicencio culpa a sus empleados.

Detenido. Juan Pablo Granda enfrenta un caso por el que podría recibir 20 años de cárcel..

Escribe:

Doris Aguirre

El ciudadano estadounidense Juan Pablo Granda, sindicado por las autoridades norteamericanas como el "Pablo Escobar del Contrabando de Oro", constituyó 53 empresas de simulación en la Notaría Francisco Villavicencio, ubicada en Carmen de la Legua, Callao, entre los años 2013 y 2015. El establecimiento es de propiedad del congresista Francisco Villavicencio Cárdenas.

El 15 de marzo último, Granda, ejecutivo de la compañía NTR Metals, con sede en Dallas, Texas, fue detenido en su casa de Miami por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Las autoridades estadounidenses atribuyen a Granda haber participado en una red de lavado de dinero proveniente de la exportación de oro comprado principalmente a mineros peruanos ilegales.

Como parte de sus presuntas operaciones ilícitas en el Perú, Granda formó empresas de fachada por intermedio del contador Mario Díaz Sevilla. A su vez, Díaz contrató a Joule Vila Vila, quien se encargó de registrar las compañías en la Notaría Francisco Villavicencio entre los años 2013 y 2015.

Cara conocida

Joule Vila Vila es el mismo personaje que formó la empresa de "papel" Comunicore, que cobró mediante 43 testaferros más de 21 millones de soles de una operación sospechosa con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Vila, conocido como "El Huanca", es especialista en la constitución de empresas ficticias.

La Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional calcula que las empresas formadas por Vila en la Notaría Francisco Villavicencio y que están relacionadas con Juan Pablo Granda exportaron oro ilegal a Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos por aproximadamente 450 millones de dólares.

El congresista Francisco Villavicencio ha declarado ante la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos en condición de testigo, pero los agentes policiales han requerido que sea considerado investigado.

La fiscal especializada en Lavado de Activos Yovana Mori García determinó que Juan Pablo Granda contaba como cómplices a los peruanos Alfredo Chamy Román, Miguel Tejerina Grimaldi, Jorge Uceda Sialer y Mario Díaz Sevilla. Díaz es el que reclutó a Joule Vila Vila para registrar las 53 empresas en la Notaría Villavicencio.

El informe policial del caso indica que las empresas de fachada eran usadas para la exportación de oro comprado a mineros ilegales de Madre de Dios, Puno e Ica. Luego, con documentos fraudulentos, los miembros de la organización tramitaban la legalidad del metal precioso ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), entidad que al detectar este tipo de operaciones informó a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.

Entre las compañías registradas por Joule Vila para la organización del "Pablo Escobar del Contrabando de Oro" se encuentran Ymhe & Asociados, Hec’Gymms, Inversiones Generales Ysamihes, Multiservicios Hesysam y Mineros Asociados Pluncris.

La modalidad

El operador de Juan Pablo Granda constituía firmas en grupo. El 23 de agosto inscribió a tres, el 7 de setiembre a otras 6 y el 11 de diciembre a 7 firmas más. Seguidamente, el 16 de abril del 2014, a 8 compañías; y el 23 de marzo del 2015 de un solo golpe a 29 empresas.

Astrid Antón Rentería, empleada de la Notaría Francisco Villavicencio, confirmó ante la policía que efectivamente Joule Vila Vila había sido la persona que registró las 53 empresas.

"Joule Vila por correo electrónico enviaba a la jefa del área legal de la notaría, Isabel Chumpitaz, las minutas de constitución de dichas empresas y posteriormente acudía a la oficina con las personas para firmar los documentos", afirmó Astrid Antón ante la Policía.

El 15 de febrero del 2016, el notario Francisco Villavicencio, quien en ese momento era candidato al Congreso por el partido fujimorista Fuerza Popular, durante el interrogatorio de la policía, se limitó a manifestar que los servicios notariales para la elaboración de las escrituras públicas de las empresas fueron solicitados por Joule Vila Vila. Y señaló que la empleada Astrid Antón fue quien lo atendió.

Sin embargo, la policía le preguntó a Villavicencio por qué no había reportado como operación sospechosa ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la irregular constitución de la enorme cantidad de empresas por una sola persona. Le recordaron que el Manual de los Notarios de Prevención de Lavado de Activos lo obligaba a alertar cuando una persona registraba más de tres empresas en un solo día.

Yo no fui, ellos fueron

En su descargo, el congresista Francisco Villavicencio expresó que su notaría cumplió con reportar dichas operaciones ante la UIF, comprometiéndose a entregar los registros, pero hasta el día hoy no ha acreditado con documentos lo que dijo ante la policía.

Francisco Villavicencio, quien se desempeña como vicepresidente de la Comisión de Justicia, e integra otras comisiones importantes como la de Defensa, de Fiscalización y de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, aseguró a La República que no estaba relacionado con la organización criminal del "Pablo Escobar del Contrabando de Oro", Juan Pablo Granda.

"Yo no fui el que registró las empresas de Joule Vila Vila. Lo hicieron mis empleados y eso es lo que he dicho a la policía", contestó Villavicencio.

"Nada tengo que ver con esas empresas investigadas. Yo solo cumplí con registrar las escrituras públicas, cuyos documentos eran chequeados al milímetro por los empleados de la notaría. Ellos son los responsables", señaló Francisco Villavicencio.

En mayo del 2016, la Dirección de Lavado de Activos remitió el caso a la titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Yovana Mori García. La policía recomendó que tanto los empleados de la notaría como el congresista Francisco Villavicencio Cárdenas deben ser comprendidos en las indagaciones debido a una serie de irregularidades.

Sin embargo, hasta el momento, la fiscalía no se ha pronunciado respecto al caso del legislador fujimorista.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Juan Pablo Granda y otros dos ejecutivos de NTR Metals –una corporación dedicada a la refinación de metales–, Samer Barrage y Renato Rodríguez compraban el oro ilegal en el Perú, lo exportaban con empresas de fachada a Estados Unidos, donde era refinado por la empresa donde trabajaban, y luego lo vendían como si fuera de origen legal.

La acusación que se encuentra en la Corte Distrital del Sur de Miami incluye la imputación de que con sus ganancias lavaban dinero de narcotraficantes de Sudamérica. La fiscalía ha pedido 20 años de cárcel para cada uno.

Por las dimensiones extraordinarias de lavado de activos, las autoridades norteamericanas no dudaron en llamar a Juan Pablo Granda el "Pablo Escobar del Contrabando de Oro".

Datos

·         La investigación por lavado de activos alcanza a los testaferros Laura Puertas Villacrez, Roberto Sánchez Niño Ladrón de Guevara, Nashia Rivera Milla, Manuel García Cosío, Jaime Puertas Peña, Miguel Tijerina Grimaldi e Iris Cornejo Briceño.

·         También a Felipe Chirinos Osorio, Jackeline Huaranga Celis, Jorge Velásquez Loaiza, Mariluz Ayala Tantalla y Roger Quintanilla Béjar. Además, a Gloria Gadea Espíritu, Percy y Nemmy Vila Gadea, esposa e hijos del operador Joule Vila Vila, “El Huanca”.

·         Algunos testaferros revelaron a la policía que Joule Vila visitaba los pueblos jóvenes y barriadas para captar a personas de baja condición económica a quienes les pagaba entre 200 y 250 soles a cambio de que figurasen como socios en las empresas de 'papel'.

Francisco Villavicencio: “Yo soy el más afectado por esta banda”

“¿Usted conoce a Joule Vila Vila?”, preguntamos al congresista Francisco Villavicencio. “Él era la persona que nos buscaba en la notaría para estos servicios. Y nos requirió, inicialmente, para un estudio contable. Nos refirió que tenía una cantidad de clientes y que necesitaba de nuestros servicios. Vila era empleado de un estudio contable. Creo que captaba gente para ese fin. No era mi amigo”, respondió.

“¿Y qué vínculo tiene usted con Mario Díaz Sevilla, el jefe de Vila?”, le decimos. “Tengo referencia de que es el dueño del estudio contable que requiere de nuestros servicios porque nos dijo que tenía más de 280 clientes y necesitaba tener una coordinación con nosotros. Tampoco es mi amigo”, contestó Villavicencio.

“Nada tengo que ver con esta organización criminal, por el contrario, yo soy el principal afectado por esta banda”, dijo el congresista de Fuerza Popular.

Juez San Martín niega ‘arreglo’ al archivar el caso Madre Mía

Controversia. Asegura que decisión tomada por la sala que él integraba en acusación contra Humala se dio con el bagaje de la información que había en su momento. Nadie habló de audios en el proceso, explicó.

Defensa. San Martín defiende decisión del 2009..

El juez César San Martín salió ayer a defender el archivamiento definitivo del caso Madre Mía, lo cual se dio precisamente en diciembre del 2009, cuando presidía la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.

El magistrado se vio obligado a ofrecer una conferencia de prensa en Palacio de Justicia, luego de los entredichos que fueron surgiendo tras la revelación de la presunta compra de testigos, durante el proceso seguido contra Ollanta Humala, por los supuestos delitos de desaparición forzada, tortura y tentativa de asesinato, en el caso conocido como Madre Mía.

 “Esto no es un proceso fraudulento porque salió ese audio en donde fluye, de ser exactos sus términos, que en efecto se habría producido un pago”, manifestó San Martín.

“Lo que la Sala Penal Transitoria resolvió fue con el bagaje de información que tenía en su momento”, agregó, al tiempo de detallar que hubo 79 declaraciones, además de otros informes del Ejército. “De todo ese conjunto de situaciones se generó una lógica de que no había prueba positiva”, enfatizó.

Explicó que durante el proceso nadie habló de audios en los que se revelara un supuesto soborno a testigos. Negó también cualquier "arreglo" en el archivamiento del proceso.

La autoridad judicial evitó pronunciarse sobre el eventual reinicio de las investigaciones, tras conocerse que el ciudadano Jorge Ávila Rivera habría recibido 4.500 dólares del entorno de Humala, a fin de que se retracte en su denuncia por la desaparición forzada de su hermana Natividad Ávila Rivera y su cuñado, Benigno Sulca Castro.

“Ante el hecho de que se encuentre una prueba con posterioridad que podría variar todo el sentido, la pregunta es: ¿esa prueba hace el proceso fraudulento? Unos pueden decir que sí y otros que no, lo dejo al debate de los juristas”, apuntó.

Comprometedor

Entre tanto, desde Arequipa, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, consideró que los contenidos de los audios interceptados resultan comprometedores.

“Considero que lo contenido en el audio es muy comprometedor respecto de una persona que, además, representó la presidencia de la República y espero que, como el ex presidente Toledo, como todos los que tienen la dignísima responsabilidad de representar el país, le den a la justicia la oportunidad de esclarecer los hechos, poniéndose a derecho, que es lo que corresponde”, aseveró.

La ministra coincidió en el sur con el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, en una reunión del Acuerdo Nacional por la Justicia.

Este último se limitó a mencionar que como presidente del Poder Judicial no podía opinar "si una interceptación ha sido legal o fuera del contexto de autorización de un juez". Agregó que ello tendrá que ser establecido por quienes estén a cargo de las investigaciones.

En medio de este debate, el hermano de Nadine Heredia, Ilán Heredia, acudió ayer a declarar ante el fiscal Germán Juárez Atoche y reconoció su voz en más de diez conversaciones interceptadas.

Por su parte, Manuel Loyola Florián, quien fue el juez del Tercer Juzgado Supraprovincial de Lima, que permitió las interceptaciones para el caso del camarada 'Artemio', aclaró que él nunca autorizó actos similares contra Ollanta Humala y Nadine Heredia.

“Yo no he autorizado, por pedido del Ministerio Público, intervenciones telefónicas contra el ex presidente, su cónyuge o las personas que se mencionan recientemente en los medios”, enfatizó.

Investigación

Por su parte, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, consideró que el órgano de Control Interno del Ministerio Publico debería investigar al fiscal Marco Guzmán Baca por no derivar a ningún otro fiscal la información que obtuvo sobre la compra de testigos.

“La decisión del fiscal Guzmán Baca de desechar la información de la compra de testigos terminó beneficiando a Ollanta Humala”, lamentó, al tiempo de recordar el desempeño cuestionado de este fiscal en el caso esterilizaciones forzadas.

Temas serán expuestos en mayo en una audiencia ante la CIDH

Ana María Vidal, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, adelantó que en mayo el caso Madre Mía será expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia programada en Buenos Aires.

La abogada recordó que en el año 2010 su organización presentó un recurso ante la citada instancia supranacional, luego de que en el ámbito interno el caso fuera archivado.

En la audiencia "Derecho a la verdad, justicia y reparación", las organizaciones peruanas harán mención a este caso y al nuevo intento de liberación del reo Fujimori, en el marco de la reflexión sobre la impunidad y el débil accionar de las instituciones del gobierno en procesos posviolencia.

“Si hubo conducta fraudulenta para obtener sentencia favorable, esta puede anularse”

El abogado y ex procurador anticorrupción, Luis Vargas Valdivia, precisó que la sentencia del caso Madre Mía puede ser anulada.

Seguro. Vargas Valdivia afirma que sí se puede reabrir el caso con un buen trabajo fiscal..

Escribe:

Elizabeth Prado

Luis Vargas Valdivia precisó que la sentencia del caso Madre Mía puede ser anulada si se logra establecer que hubo conducta fraudulenta que llevó a error, mediante engaño, a los magistrados que la dictaron. También señaló que el plazo para acreditarlo no rige en delitos de lesa humanidad o de especial gravedad.

¿Cómo se puede rebatir la cosa juzgada?

La cosa juzgada tiene excepciones y la principal es lo que se denomina cosa juzgada fraudulenta. Esto es, si con posterioridad a la sentencia, sea de primera instancia o de la corte suprema, se logra establecer que ha habido una conducta fraudulenta que llevó a error mediante engaño a los magistrados que dictaron esa sentencia, esta puede ser declarada nula y reiniciarse el proceso.

¿Y en el caso Madre Mía?

Si se acredita que hubo una maniobra tendiente a pagar a los testigos para que estos mintieran ante el tribunal, eso también es una conducta fraudulenta y podría dar lugar a que se pida la nulidad por cosa juzgada fraudulenta. Esto lo tendría que hacer la fiscalía. En cuanto al plazo para hacerlo, unos sostienen que se debe aplicar el plazo que establece el código procesal civil, esto es, seis meses. Otros sostienen que este plazo no rige en delitos de lesa humanidad o de especial gravedad. Yo tiendo a inclinarme por esto último.

¿Qué prueban los audios?

Prueban que habría existido una conversación. Primero hay que identificar a las personas involucradas en esa conversación, no hay que olvidar que esta es una prueba instrumental. Luego, citar a estos presuntos participantes en la conversación para que reconozcan si es su voz y si intervinieron o no. En caso de que lo reconocieran entonces el documento probaría la existencia de la conversación y del contenido de la misma. Y si ellos negaran su participación en esta conversación, lo que cabría ahí es practicar una pericia para determinar si la voz de los presuntos participantes corresponde a las que aparecen en la grabación.

¿Tiene valor la declaración de Jorge Ávila al confirmar el pago de 4,500 dólares para cambiar su versión?

Esta declaración hay que tomarla con reserva y cuidado porque es un testigo que reconoce que mintió y en tal sentido cometió delito de perjurio. Verificar si, a través de esa declaración, los hechos conexos, sí hubo realmente pago, qué hizo con el dinero. Esto, para tratar de acreditar que hubo esa maniobra fraudulenta y sustentar el pedido de nulidad de sentencia. Si se logra reabrir el caso, el fiscal tendría que preocuparse de buscar otras declaraciones u otros medios probatorios.

¿Borrar la prueba del delito es determinante?

Esto también podría ser tomado, en caso de que fuera cierto, como antecedente de una conducta tendiente a entorpecer la actividad probatoria; porque uno de los supuestos para restringir la libertad de los imputados es que haya elementos que indiquen que va fugar o que entorpezcan la justicia.

Entonces, el tema de la cosa juzgada fraudulenta puede servir para reabrir el caso.

Sí. Recordemos que la Sala Penal declaró la nulidad de la sentencia al Grupo Colina –un proceso amañado que llevaron el expresidente Fujimori y Vladimiro Montesinos– y se reabrió el caso. Los familiares de las víctimas tienen derecho de acceder a la verdad. Hubo una conducta fraudulenta, por tanto la sentencia no debe quedar firme. Pero hay que acreditar si hubo conducta fraudulenta por parte del procesado, que en ese momento era el expresidente Ollanta Humala.