Notaría de congresista
fujimorista registró 53 empresas de fachada
La ruta
aurífera. Organización criminal del llamado “Pablo Escobar del
Contrabando de Oro”, el norteamericano Juan Pablo Granda, preso desde marzo
pasado en Miami, recurrió a notaría de legislador Francisco
Villavicencio Cárdenas para registrar las compañías ficticias.
Villavicencio culpa a sus empleados.
Detenido. Juan Pablo Granda enfrenta un caso por el
que podría recibir 20 años de cárcel..
Escribe:
El
ciudadano estadounidense Juan Pablo Granda, sindicado por las autoridades
norteamericanas como el "Pablo Escobar del Contrabando de Oro",
constituyó 53 empresas de simulación en la Notaría Francisco
Villavicencio, ubicada en Carmen de la Legua, Callao, entre los años 2013 y
2015. El establecimiento es de propiedad del congresista Francisco
Villavicencio Cárdenas.
El 15 de
marzo último, Granda, ejecutivo de la compañía NTR Metals, con sede en Dallas,
Texas, fue detenido en su casa de Miami por agentes del Buró Federal de
Investigaciones (FBI).
Las
autoridades estadounidenses atribuyen a Granda haber participado en una red de
lavado de dinero proveniente de la exportación de oro comprado principalmente a
mineros peruanos ilegales.
Como
parte de sus presuntas operaciones ilícitas en el Perú, Granda formó empresas
de fachada por intermedio del contador Mario Díaz Sevilla. A su vez, Díaz
contrató a Joule Vila Vila, quien se encargó de registrar las compañías en la
Notaría Francisco Villavicencio entre los años 2013 y 2015.
Cara conocida
Joule
Vila Vila es el mismo personaje que formó la empresa de "papel"
Comunicore, que cobró mediante 43 testaferros más de 21 millones de soles de
una operación sospechosa con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Vila,
conocido como "El Huanca", es especialista en la constitución de
empresas ficticias.
La
Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional calcula
que las empresas formadas por Vila en la Notaría Francisco Villavicencio y que
están relacionadas con Juan Pablo Granda exportaron oro ilegal a Estados Unidos
y Emiratos Árabes Unidos por aproximadamente 450 millones de dólares.
El
congresista Francisco Villavicencio ha declarado ante la Fiscalía Especializada
en Lavado de Activos en condición de testigo, pero los agentes policiales han
requerido que sea considerado investigado.
La fiscal
especializada en Lavado de Activos Yovana Mori García determinó que Juan Pablo
Granda contaba como cómplices a los peruanos Alfredo Chamy Román, Miguel
Tejerina Grimaldi, Jorge Uceda Sialer y Mario Díaz Sevilla. Díaz es el que
reclutó a Joule Vila Vila para registrar las 53 empresas en la Notaría
Villavicencio.
El
informe policial del caso indica que las empresas de fachada eran usadas para
la exportación de oro comprado a mineros ilegales de Madre de Dios, Puno e Ica.
Luego, con documentos fraudulentos, los miembros de la organización tramitaban
la legalidad del metal precioso ante la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (Sunat), entidad que al detectar este tipo de
operaciones informó a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.
Entre las
compañías registradas por Joule Vila para la organización del "Pablo
Escobar del Contrabando de Oro" se encuentran Ymhe &
Asociados, Hec’Gymms, Inversiones Generales Ysamihes, Multiservicios Hesysam y
Mineros Asociados Pluncris.
La modalidad
El
operador de Juan Pablo Granda constituía firmas en grupo. El 23 de agosto
inscribió a tres, el 7 de setiembre a otras 6 y el 11 de diciembre a 7 firmas
más. Seguidamente, el 16 de abril del 2014, a 8 compañías; y el 23 de marzo del
2015 de un solo golpe a 29 empresas.
Astrid
Antón Rentería, empleada de la Notaría Francisco Villavicencio, confirmó ante
la policía que efectivamente Joule Vila Vila había sido la persona que registró
las 53 empresas.
"Joule
Vila por correo electrónico enviaba a la jefa del área legal de la notaría,
Isabel Chumpitaz, las minutas de constitución de dichas empresas y
posteriormente acudía a la oficina con las personas para firmar los
documentos", afirmó Astrid Antón ante la Policía.
El 15 de
febrero del 2016, el notario Francisco Villavicencio, quien en ese momento era
candidato al Congreso por el partido fujimorista Fuerza Popular, durante el
interrogatorio de la policía, se limitó a manifestar que los servicios
notariales para la elaboración de las escrituras públicas de las empresas
fueron solicitados por Joule Vila Vila. Y señaló que la empleada Astrid Antón
fue quien lo atendió.
Sin
embargo, la policía le preguntó a Villavicencio por qué no había reportado como
operación sospechosa ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la
irregular constitución de la enorme cantidad de empresas por una sola persona.
Le recordaron que el Manual de los Notarios de Prevención de Lavado de Activos
lo obligaba a alertar cuando una persona registraba más de tres empresas en un
solo día.
Yo no fui, ellos fueron
En su
descargo, el congresista Francisco Villavicencio expresó que su notaría cumplió
con reportar dichas operaciones ante la UIF, comprometiéndose a entregar los
registros, pero hasta el día hoy no ha acreditado con documentos lo que dijo
ante la policía.
Francisco
Villavicencio, quien se desempeña como vicepresidente de la Comisión de
Justicia, e integra otras comisiones importantes como la de Defensa, de
Fiscalización y de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, aseguró a La
República que no estaba relacionado con la organización criminal del
"Pablo Escobar del Contrabando de Oro", Juan Pablo Granda.
"Yo
no fui el que registró las empresas de Joule Vila Vila. Lo hicieron mis
empleados y eso es lo que he dicho a la policía", contestó Villavicencio.
"Nada
tengo que ver con esas empresas investigadas. Yo solo cumplí con registrar las
escrituras públicas, cuyos documentos eran chequeados al milímetro por los
empleados de la notaría. Ellos son los responsables", señaló Francisco
Villavicencio.
En mayo
del 2016, la Dirección de Lavado de Activos remitió el caso a la titular de la
Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada de Lavado de Activos
y Pérdida de Dominio, Yovana Mori García. La policía recomendó que tanto los
empleados de la notaría como el congresista Francisco Villavicencio Cárdenas
deben ser comprendidos en las indagaciones debido a una serie de
irregularidades.
Sin
embargo, hasta el momento, la fiscalía no se ha pronunciado respecto al caso
del legislador fujimorista.
De
acuerdo con las autoridades estadounidenses, Juan Pablo Granda y otros dos
ejecutivos de NTR Metals –una corporación dedicada a la refinación de metales–,
Samer Barrage y Renato Rodríguez compraban el oro ilegal en el Perú, lo
exportaban con empresas de fachada a Estados Unidos, donde era refinado por la
empresa donde trabajaban, y luego lo vendían como si fuera de origen legal.
La
acusación que se encuentra en la Corte Distrital del Sur de Miami incluye la
imputación de que con sus ganancias lavaban dinero de narcotraficantes de
Sudamérica. La fiscalía ha pedido 20 años de cárcel para cada uno.
Por las
dimensiones extraordinarias de lavado de activos, las autoridades
norteamericanas no dudaron en llamar a Juan Pablo Granda el "Pablo Escobar
del Contrabando de Oro".
Datos
·
La
investigación por lavado de activos alcanza a los testaferros Laura Puertas
Villacrez, Roberto Sánchez Niño Ladrón de Guevara, Nashia Rivera Milla, Manuel
García Cosío, Jaime Puertas Peña, Miguel Tijerina Grimaldi e Iris Cornejo
Briceño.
·
También a
Felipe Chirinos Osorio, Jackeline Huaranga Celis, Jorge Velásquez Loaiza,
Mariluz Ayala Tantalla y Roger Quintanilla Béjar. Además, a Gloria Gadea
Espíritu, Percy y Nemmy Vila Gadea, esposa e hijos del operador Joule Vila
Vila, “El Huanca”.
·
Algunos
testaferros revelaron a la policía que Joule Vila visitaba los pueblos jóvenes
y barriadas para captar a personas de baja condición económica a quienes les
pagaba entre 200 y 250 soles a cambio de que figurasen como socios en las
empresas de 'papel'.
Francisco Villavicencio: “Yo soy
el más afectado por esta banda”
“¿Usted
conoce a Joule Vila Vila?”, preguntamos al congresista Francisco Villavicencio.
“Él era la persona que nos buscaba en la notaría para estos servicios. Y nos
requirió, inicialmente, para un estudio contable. Nos refirió que tenía una
cantidad de clientes y que necesitaba de nuestros servicios. Vila era empleado
de un estudio contable. Creo que captaba gente para ese fin. No era mi amigo”,
respondió.
“¿Y qué
vínculo tiene usted con Mario Díaz Sevilla, el jefe de Vila?”, le decimos.
“Tengo referencia de que es el dueño del estudio contable que requiere de
nuestros servicios porque nos dijo que tenía más de 280 clientes y necesitaba
tener una coordinación con nosotros. Tampoco es mi amigo”, contestó
Villavicencio.
“Nada tengo que ver con esta
organización criminal, por el contrario, yo soy el principal afectado por esta
banda”, dijo el congresista de Fuerza Popular.
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