Se podrá dar licencia remunerada a quienes denuncien corrupción

Al empleado blanco de la acusación, asimismo, se le podrá exonerar de asistir a su centro de labores, tal como ocurrió en el caso del médico Carlos Moreno

Mediante un decreto su­premo, el Poder Eje­cutivo aprobó el regla­mento de protección para aquellos funcionarios que denuncien corrupción dentro del Estado, norma que, entre otros aspectos, busca cautelar la identi­dad de quienes destapen estos delitos.

En consecuencia, en aplicación del principio de reserva, se dispone que no será de conocimiento pú­blico –ni siquiera median­te solicitud de acceso a la información– el nombre quien presente una acusa­ción de esta índole.

Entre las medidas de protección, resalta el que se podrá dar licencia con goce de remuneraciones al funcionario que presen­te una denuncia de este tipo, o que se podrá exo­nerar de la obligación de asistir al centro de labores al trabajador blanco de la acusación, si su presencia constituye un riesgo para la respectiva pesquisa, tal como ocurrió en el caso de Carlos Moreno, el del ‘ne­gociazo’ con los pacientes del Hospital Loayza.

También contempla el traslado temporal del fun­cionario denunciado, o del denunciante, “a otra uni­dad orgánica, sin afectar sus condiciones laborales o de servicio, ni el nivel del puesto”.

LOS CASOS

El decreto, firmado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, la ministra de Justicia Marisol Pérez Te­llo y el titular del Interior, Carlos Basombrío, es­tablece que las acciones antes mencionadas solo se pueden otorgar si hay contundencia de los ele­mentos de prueba apor­tados y que se aplicarán mientras dure el procedi­miento respectivo.

Con esta norma, se pre­tende destapar casos de manipulación de especi­ficaciones o términos de referencia en favor de un proveedor específico, o la generación de falsas ne­cesidades para contratar obras, bienes o servicios.

Asimismo, también se busca frenar la entrega de una buena pro sin cumplir los pasos requeridos por ley o a quienes presen­ten documentos falsos, in­completos o que no se en­cuentren vigentes.

HABRÁ OFICINA ESPECIAL

El decreto en cuestión establece la creación de una Oficina de Integridad Institucional, la que, en un escenario ideal, deberán tener todas las entidades. Estará encargada de recibir las denuncias de presunta corrupción y su personal deberá elegirse vía concurso público. Si esta oficina no se ha implementado, la labor estará a cargo de la máxima autoridad de Recursos Humanos.