Salen más contratos Omonte-Estado
El caso de Carmen Omonte bajó sus decibeles hasta
ayer, día en que el premier René Cornejo se presentó ante el Congreso. No
obstante, aún el tema tiene nubarrones que se tendrían que despejar.
Así, pese a que un informe de la
Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso fue usado como salvavidas de la
ministra de la Mujer, el documento no incluye otros hechos flagrantes.
HOTEL BAJO SOSPECHA. Un hecho desconocido
hasta ahora es el otro negocio del cual es propietaria la ministra y que ha
venido contratando con el Estado desde el 2010: se trata de un hotel hacienda
ubicado en el distrito de Churubamba, en Huánuco.
Ocurre que, según documentos de la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) de Huánuco, ficha
registral N° 11078163, Omonte es accionista del 50% de la empresa Hacienda Santa
Cruz S.A.C. El otro 50% es de propiedad de su exesposo, el empresario Luis Dyer
Ampudia.
Hacienda Santa Cruz fue fundada en el
2009 con un capital de S/.1000 y al año siguiente hizo su primer contrato con
el Estado por la suma de S/.2545.
La finalidad del acuerdo fue la
prestación de ambientes para el Gobierno Regional de Huánuco, y fue la propia
Omonte quien verificó el contrato en su condición de gerente general, como
consta en la Sunat.
MÁS NEGOCIOS. Lo grave viene
después. Según el Portal de Transparencia Económica del MEF, entre el 2012 y
2013, años en que Omonte era congresista, el hotel obtuvo contratos con el
Estado por poco más de S/.10 mil.
El ingreso detallado es de S/.8298
ganados mediante un nuevo acuerdo con el Gobierno Regional de Huánuco, y
S/.2730 con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
(Osinergmin), que debía haber supervisado las polémicas concesiones mineras de
Cemento Amazónico.
El artículo 10 de la Ley de Contrataciones
del Estado prohíbe a los funcionarios públicos realizar negocios con el Estado,
lo que incluye a congresistas y ministros. Así lo confirmó la abogada Mónica
Yaya, expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del
Estado (OSCE).
"El artículo indica que no pueden
ser postores. La prohibición envuelve a su esposo y, sobre todo, a la ministra.
Se trata de actos ilícitos", advirtió Yaya.
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