La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó por mayoría el dictamen
recaído en el proyecto de ley que propone la reforma constitucional en el
sentido de prohibir la reelección inmediata de presidentes, vicepresidentes
regionales y alcaldes provinciales y distritales.
En la sesión participaron el presidente de la Asamblea Nacional de
Gobiernos Regionales, Alonso Navarro, y el presidente de la Región Lima, Javier
Alvarado del Valle, quienes manifestaron sus discrepancias con la propuesta,
que entrará en vigencia en las elecciones regionales y municipales del 2018.
El dictamen propone modificar el tercer párrafo del artículo 191 de la
Carta Política, cuyo texto quedará redactado de la siguiente manera: “El
presidente es elegido conjuntamente con un vicepresidente, por sufragio directo
por un período de cuatro años, no hay reelección inmediata. Transcurrido otro
período regional, como mínimo, los expresidentes o ex vicepresidentes pueden
volver a postular, sujetos a las mismas condiciones…”
Igualmente, sugiere cambiar el tercer párrafo del artículo 194 de la
Constitución que precisa que “los alcaldes y regidores son elegidos por
sufragio directo por un período de cuatro años, no hay reelección inmediata
para los alcaldes. Transcurrido otro período municipal, como mínimo, los
exalcaldes pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones. El
mandato de alcaldes y regidores es revocable conforme a ley e irrenunciable,
con excepción de los casos previstos en la Constitución…”
Sobre la alternación en el cargo, el congresista Marco Falconí indicó
que es importante porque permite que los nuevos líderes de las organizaciones
políticas participen y aporten en el desarrollo de su región, provincia o
distrito.
Resaltó que esta medida favorecería la lucha contra la corrupción,
evitando que los candidatos financien sus campañas reeleccionistas con recursos
públicos, además de realizar obras con fines electorales.
De igual forma, señaló la necesidad de una oposición responsable, que
contribuya a fiscalizar la gestión, ya que permite una administración
transparente y responsable con los recursos y en la ejecución de obras que
beneficien a la población.
La propuesta quedó expedita para ser debatida por el Pleno del Congreso.
Por ser una reforma constitucional tendrá que ser aprobada en dos legislaturas,
de acuerdo a lo estipulado en la Carta Magna y el Reglamento del Poder
Legislativo.
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