“A CONGA LE CONVIENE QUE SANTOS ESTÉ ENCARCELADO”
En el Perú existe
una clara estrategia de criminalización a la protesta social y una persecución
activa a los pocos líderes que han encabezado las luchas populares. Quien no
quiera verlo es que no tiene ojos.
La detención
“preventiva” de 14 meses contra el actual presidente regional de Cajamarca es
el más reciente de los ejemplos de que los poderes públicos tienen estrecha
relación con los intereses de la Confiep y con las transnacionales afincadas en
el país.
El presidente
de la Confiep, Alfonso García Miró, dijo ayer en RPP (refiriéndose a Santos)
que “es una pena porque no solamente ha delinquido, creo que tiene el delito
moral de haber puesto a personas en extrema pobreza”.
Ambas afirmaciones
son falsas. Primero, hasta la fecha no existen pruebas fehacientes de que
Santos haya delinquido, por lo que su encarcelamiento es un verdadero abuso.
Segundo, lo que las estadísticas y evidencias demuestran es que los
responsables de la pobreza en una de las zonas más ricas en minerales auríferos
del país son las empresas mineras y el poder estatal central que ha permitido
las millonarias explotaciones sin que estos beneficios sean revertidos en la
población cajamarquina que descansa en oro.
En los 20 años que
la minera Yanacocha opera en Cajamarca, los índices de pobreza han rondado el
60%. Y no es verdad que la pobreza se haya incrementado con la presidencia
regional de Santos desde 2011: ciñéndonos a las evidencias estadísticas, la
pobreza empezó a reducirse levemente en los últimos 3 años, aunque siempre con
cifras de alrededor del 50%.
Pero la persecución
a Santos no ha sido la única en el marco del proyecto Conga y es por eso que la
considero parte de una estrategia de criminalización a los opositores al
proyecto. Recordemos cómo a lo largo de esta legislatura otros líderes
anticonga fueron también encarcelados. Entre ellos tenemos al grupo de
dirigentes cajamarquinos (incluido el presidente del Frente de Defensa
Ambiental de Cajamarca) detenidos al salir de una reunión con la Comisión de
Pueblos Indígenas en el Congreso, y recluidos por más de 10 horas en la
Dircote, como si su lucha fuera terrorista. Otro de los líderes apresados por
protestar en 2012 contra el proyecto fue el líder del partido Tierra y
Libertad, Marco Arana, quien además recibió una fuerte paliza.
Después de las
incansables manifestaciones en contra de Conga, el Gobierno de Humala
finalmente aceptó que las operaciones previstas por la minera eran inadmisibles
en las condiciones previstas y es por esa razón que el proyecto quedó en
suspenso. Sin embargo, el país entero sabe que el Gobierno tiene apalabrado que
Conga vaya, y que Santos —teniendo el amplio apoyo para salir electo en los
próximos comicios— constituiría la continuada piedra en el zapato que impide la
ágil reanudación de Conga. Ante tal panorama, la conveniencia de un Santos
encarcelado brilla con luces de neón.
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