Gregorio Santos: Se busca una guerra contra la descentralización

Presidente regional de Cajamarca culpa a Pelaez Bardales y el fiscal de la nación Ramos Heredia de operar contra el gobierno regional.

El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, denunció que los sectores de la gran minería quieren desatar una campaña de desestabilización a su gestión por su oposición al proyecto Conga, esto después de la pesquisa del fiscal sobre supuestos hechos de corrupción en su región.

Sin embargo, no descarta que responsables individuales estén involucrados, pues asegura que el gobierno regional otorga presupuesto a cada unidad ejecutora para que lo aplique de acuerdo a la norma ética.

“Nosotros no podemos poner las manos al fuego por nadie. (…) Si alguien traicionó la voluntad del pueblo y actuó al margen de la ley, esa es su responsabilidad”, indicó Santos.

Reiteró que estas denuncias de corrupción en su gestión son persecuciones políticas, pues, resaltó, el ex fiscal de la nación, José Pelaez Bardales, no debió traer todos los casos a Lima cuando existe en Cajamarca, la fiscalía Supraprovincial.

"Nadie niega la potestad del Estado y de la Contraloría en la investigación, que ha trabajado con más de un centenar de personas en el gobierno regional de Cajamarca. Pero extrañamente se sacó del juego a los fiscales de Cajamarca y se trajo el caso a la capital", explicó.

Para él esta situación indica una persecución judicial-fiscal, pues cambia todo el ordenamiento jurídico. Asimismo, culpa a Peláez Bardales y el fiscal de la nación Ramos Heredia de operar contra el gobierno regional.

“Ambos viajaron a Cajamarca a reunirse con los operadores de Yanacocha. Con gente, muchas de ellas prontuariada, como Anselmo Santa Cruz, un pseudo rondero que ha estado preso. Igual lo hicieron con la Cámara de Comercio, favorable a la gran minería”, informó el presidente regional.

Para Santos, todos estos resultados de gobiernos regionales con corrupción, no son más que un pretexto para dar un golpe de Estado a la regionalización con la finalidad de dictaminar una norma que cree una institución interventora y golpista, pues asegura que la futura superintendencia de gobiernos regionales servirá para aniquilar la descentralización.

“Los provincianos tenemos que defender este proceso”, resaltó Santos, quien agregó que todo empezó cuando estalló el conflicto de Conga, pues las transnacionales y los grupos de poder político ligados al grupo El Comercio, trabajaron en el primer acto inconstitucional, dónde una ilegal intervención por parte del Luis Castilla, ministro de economía, resolvió congelar las cuentas del gobierno de la región.

"Se ha iniciado toda una guerra contra la Descentralización porque los grandes inversionistas reclaman la eliminación de las trabas a las inversiones, y una de éstas es para ellos los gobiernos regionales y municipales", resaltó. 

Santos recuerda que, después de esto, llegaron una ola de declaratorias y estados de emergencia con pretexto de controlar la seguridad, pues según él, la descentralización es una traba para las inversiones extractivistas y la aplicación salvaje del modelo económico neoliberal, que a cualquier precio, impone un crecimiento centralizador, no distributivo.

Comenta que el objetivo del Ministerio de Economía y Finanzas es tener el control total del Tesoro Público de Lima, por lo que quieren distraer la atención al Parlamento de proyectos de ley que eliminan la reelección de presidentes regionales.

Considera que la constitución actual con el modelo económico neoliberal en democracia no funciona, pues asegura que esa ha sido la razón de la eliminación de la consulta previa.

“Ahora quieren aniquilar los gobiernos regionales, porque saben que es parte de la democracia participativa a la que las empresas extractivistas, como Yanacocha, Toromocho, y otras, siempre han visto como una amenaza”, sentenció.

Colaboradores eficaces detenidos

Santó reafirmó no tener una relación más cercana con los colaboradores eficaces detenidos, pues sólo era estrictamente laboral, por lo que según él, la Fiscalía lo incrimina por ser el titular del pliego presupuestal.

“Las investigaciones sean realmente transparentes e independientes y se determinen a los responsables individuales” expresó.

Finalmente, reiteró que nada podrá impedir su futura participación electoral y asegura tener una campaña limpia donde se trabajará proyectos de desarrollo alternativo al extractivista, cobro de deuda ambiental y democracia  participativa más amplia.