El ‘paquetazo’ Castilla – CONFIEP: Una puñalada  al  pueblo  peruano.

                                 

                            Por: Orlando Escudero Torres*       

El  sector  gran  burgués  neoliberal,  clase

dominante hegemónica en el país, subordinado y asociado a las empresas trasnacionales se ubica en el ámbito financiero y rentista; en las actividades extractivas, particularmente la minería, petróleo, gas, grifos, y la pesca; la agroexportación levantada sobre un proceso de reconcentración de la propiedad de la tierra, sobre todo en la costa y selva, que ha dado lugar a la conformación de grandes latifundios bajo el régimen de producción capitalista; el comercio, alimentos y supermercados; las telecomunicaciones, medios de información; la actividad inmobiliaria; la salud y educación, convertidas en el presente en negocios altamente lucrativos. Son estos sectores, de naturaleza reaccionaria y apátrida, intermediarios del gran capital foráneo, los beneficiarios del modelo económico, e interesados en su consolidación y perpetuidad, quienes detentan el poder real en el país. El ministro de economía, Luis Castilla, es el implementador, Ollanta Humala es un simple subordinado.

Por otro lado, los efectos de la crisis capitalista y la ralentización de la economía China empiezan a sentirse con mayor fuerza en la economía peruana que ha empezado a registrar un menor ritmo de crecimiento, con tendencia a agravarse, situación que afecta al conjunto de países latinoamericanos cuyas economías se levantan sobre el esquema primario exportador. Este sombrío panorama pretende ser contrarrestado en nuestro país otorgándosele mayores ventajas a las inversiones extranjeras en las actividades extractivas, particularmente en los rubros minero y petrolero, a costa de mayor entreguismo, la destrucción medioambiental, la conculcación de los derechos a los trabajadores y comunidades indígenas, atentar contra el patrimonio ecológico y arqueológico, ahondar los niveles de exclusión y desigualdad. Con este propósito, en los últimos meses, el Congreso aprobó una serie de reformas enviadas por el Ejecutivo, como la Ley Servir y su Reglamento, la Ley Universitaria, el protocolo para el aborto terapéutico, recientemente, el “paquete de reactivación económica”.

El ‘paquete’ aprobado por la Comisión Permanente, el día 3 de julio, mediante la  “Ley  que Establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos   y Permisos para la Promoción  y Dinamización de la  Inversión en   el País”, es sumamente   lesivo  a   los   intereses

del Perú, y sus consecuencias serán nefastas para nuestros pueblos en el futuro inmediato. Es la traición más humillante y vergonzosa del gobierno de  Humala en  lo que va de su período, abdicando la  soberanía y la dignidad del país, para satisfacer la voracidad de las empresas   transnacionales  y  de  los  grupos  de   poder económico agrupados en la CONFIEP.

Según  Ollanta  Humala,  se  pretende  "eliminar las trabas

que aún existen  para que la inversión privada se ejecute a la velocidad que necesitamos y reactivar la economía, y actuará en tres frentes y, adicionalmente, se propondrán modificaciones a leyes como  la  Ley  de  Seguridad y Salud  en  el Trabajo”:  a) El primer frente  es la modificación del sistema tributario "para reducir los costos de transacción y darle predictibilidad al contribuyente". b) El segundo frente impulsará la inversión en sectores específicos, como el minero, hidrocarburos y telecomunicaciones, por la magnitud de las inversiones que representan. c) El tercer frente será la reducción de sobrecostos a través de la simplificación de trámites, la eliminación de “incentivos perversos” en la aplicación de sanciones, así como la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado para incentivar la competencia y reducir el riesgo de fraude. Adicionalmente el paquete incluye también modificaciones a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, para reducir los costos para los empleadores, pero “manteniendo el nivel efectivo de protección a la salud de los trabajadores” (?).

IMPLICANCIAS DEL ‘PAQUETAZO’

1.   En materia tributaria, establece una actualización "excepcional" de todas las deudas tributarias pendientes de pago a la fecha de entrada en vigencia de la ley que estén a cargo de la Sunat, incluidas las de EsSalud y de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). La actualización implicaría la extinción de la capitalización de los intereses generados desde el 31 de diciembre de 1998 hasta el 31 de diciembre del 2005. Según el gobierno, la reducción de la deuda tributaria “beneficiará a 152 mil contribuyentes, de los cuales más de 140 mil son micro y pequeñas empresas”.

El objetivo es condonar la deuda de tributos por la suma de S/. 22 mil millones, a los principales deudores y evasores de impuestos al Estado, que son las grandes empresas extranjeras y nacionales, monto que representa el 18.5% del Presupuesto Nacional 2014 y el 3.6% del PBI del país. Sólo la empresa Telefónica le adeuda al Estado peruano más de 2,300 millones de nuevos soles por concepto de impuesto a la renta, mientras que la cadena de grifos Primax del grupo Romero, debía hasta fines de 2011 la suma de S/. 217 millones. Aquí  se  consagra  la  política del “perro muerto” para  las  grandes  empresas, mientras que al bodeguero, a la micro y pequeña empresa se les  aplica todo el peso de la ley cuando incumplen su compromisos tributarios, donde la Sunat actúa de gendarme y verdugo.

Este ‘paquetazo’ es, además, una grave afrenta a la patria, pues significa renunciar el derecho soberano que   le   asiste   al   Estado  peruano  de  cobrar  los impuestos    que   adeudan    las    grandes   empresas

extranjeras y nacionales por las actividades   extractivas y de servicios que realizan en nuestro territorio. Con tal cantidad de dinero se podría solucionar  gran  parte  de las necesidades internas  del

país, que a gritos reclaman nuestros pueblos y la clase trabajadora. Este “faenón” constituye un crimen de lesa humanidad.

2.   En   materia    ambiental.     Se     ha     modificado

drásticamente la legislación vigente, que debilita la institucionalidad, el control y la gestión ambiental en el Perú, renunciando el cumplimiento de los protocolos internacionales sobre cambio climático, del cual el Perú es país firmante. Según Castilla, para “facilitar la inversión en las actividades extractivas, y destrabar proyectos de inversión en hidrocarburos por 11 mil millones de dólares” y "asegurar los derechos otorgados a los concesionarios, por ejemplo, en las áreas naturales protegidas". Las medidas son:

·  Reducción de las multas de la OEFA. Con esta medida pretenden darle "racionalidad" a la labor del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y establecer un porcentaje de 35% para el valor de las multas que aplicará durante sus labores de fiscalización los próximos tres años. En este lapso, el organismo “deberá sancionar excepcionalmente”. Si lo hace, deberá recurrir a medidas correctivas (no deberá multar). Solo si estas no se cumplen, podrá multar hasta un máximo del porcentaje indicado. Está orientado a favorecer al sector minero-energético ante sus críticas a la legislación vigente por su “desmedida severidad sancionadora”.

·  El Minam ya no creará Zonas Reservadas. Este “paquetazo” afectaría la designación de zonas reservadas para futuras áreas naturales protegidas y no respetaría los estándares ambientales del Perú. Las Zonas Reservadas (categoría transitoria, que se usa en tanto se realizan estudios para categorizar un Área Natural Protegida) se crearán mediante Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Hoy es función del Ministerio del Ambiente – MINAM. Esta medida favorece a un grupo específico de empresas, dedicadas a la minería y petróleo, que no les gusta que haya más ojos encima de sus operaciones, y lo que va generar que los conflictos sociales se incrementen. 

·  Solo 30 días para opinar sobre EIA. La actual legislación establece un plazo de 45 días para la emisión de opiniones vinculantes y no vinculantes que son requeridas para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de un proyecto minero o petrolero. El paquete        recorta en un plazo de 30 días para  la emisión de las opiniones vinculantes y no vinculantes necesarias para aprobar un EIA (Estudio de Impacto Ambiental). No hacerlo “será falta grave y se sancionará al funcionario responsable”. Si dicha opinión técnica es además vinculante (es decir, no es posible aprobar el EIA sin una opinión favorable de la correspondiente entidad), el Titular de la entidad deberá opinar bajo responsabilidad. En opinión de especialistas “emitir opiniones técnicas vinculantes sobre los EIAs de  gran complejidad en menos de 30 días es –al menos– una invitación al error“.

·  Análisis económico para los estándares de calidad ambiental. Existen dos herramientas para advertirnos de la    contaminación    ambiental:  El  ECA  (Estándares   de

Calidad Ambiental)  define  cuándo el aire, el río o el  suelo en el que vivimos están contaminados, y el LMP (Límites Máximos Permisibles) define cuánta contaminación puede emitir cada empresa. Con la anterior norma, el Minam los aprobaba mediante Decreto Supremo y sólo se necesitaba una opinión previa del sector correspondiente. Ahora, será  el Consejo de Ministros el que decide la creación de áreas reservadas y en la fijación de estándares de calidad   ambiental (ECA) y límites máximos permisibles (LMP).

Además, se  incorpora  un  nuevo  contrato de  estabilidad

tributaria a los proyectos mineros “con capacidad de producción inicial superior a las 15.000 toneladas métricas por día“, añadiendo que “ni la ZEE ni el Ordenamiento Territorial asignarán usos ni exclusiones de uso“.

3.   En materia laboral.  Las empresas ahorrarán más de mil millones de soles con la reducción de multas laborales que aprobó el gobierno a través de una reforma a la Ley de Seguridad y Salud en  el  Trabajo.
Se considera manejar con gradualidad las sanciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). "Se moderarán las sanciones a las empresas, por un período de tres años, con un tope de 35% de las multas que les correspondería", detalló Castilla. Durante ese período se realizarán “labores de acompañamiento y aprendizaje para asegurarse de que las empresas fiscalizadas interioricen todo el marco legal laboral que les aplica”. Asimismo, el gobierno adoptará medidas vinculadas a diversas entidades públicas para que no generen “sobrecostos laborales” innecesarios a las empresas. Esta medida se extiende más allá del ámbito ambiental y laboral, "incluye a todas las entidades que tienen un rol fiscalizador como la OEFA, Indecopi, Sutrán”.

Este ‘paquetazo’ es solo el inicio. Se vienen más “reformas” bajo la misma coartada económica, para favorecer a los de hidrocarburos. Se intensificarán, de manera impune y despiadada, el saqueo y depredación de nuestros recursos naturales, se pone en grave riesgo la intangibilidad de las Reservas y Parques Nacionales, y el territorio de las comunidades indígenas de la Amazonía Peruana, habrá mayor contaminación ambiental, sobreexplotación y exclusión de los trabajadores y nuestros pueblos, acompañada de mayor autoritarismo y represión.

Sobre el particular, se han pronunciado La Defensoría del Pueblo, pidiendo al Congreso que no se aprueben estas medidas, pues “debilitan la institucionalidad y los mecanismos de supervisión y fiscalización ambiental”; la ONU–Perú, expresando a la Cancillería que “a la luz de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado peruano en referencia a la protección del medioambiente (…) creemos necesario manifestar una legítima preocupación (…) por el impacto que las nuevas medidas económicas pudieran acarrear”, así como diversas organizaciones sociales y políticas, que el gobierno no ha tomado en cuenta. Ahora le corresponde actuar al pueblo organizado.

Queda evidenciado, una vez más, que lo que tenemos hoy en el Perú es un Estado vasallo y un gobierno títere como sus antecesores, dispuestos a cumplir sin dudas ni murmuraciones, los mandatos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional de “ordenar” la economía y la superestructura del país, para lo cual han “recetado” mayor apertura, menos trabas y más facilidades a las transnacionales, corporaciones y multinacionales para que “inviertan” y saqueen las riquezas naturales con mano de obra barata nacionales, de paso que “ayudan” a los grupos económicos nativos a compartir una minúscula parte de las ingentes ganancias mientras dejan dentro de nuestras fronteras minucias, limosnas y dádivas.