LA
DESCENTRALIZACIÓN EN PELIGRO
Oscar Felipe Ventura
El Perú de hoy, con su atraso, su pobreza, sus desequilibrios
regionales y abismales desigualdades sociales, es el resultado de la
continuidad de la dominación externa bajo la coraza de una clase dominante
interna inepta, que después de conquistada la independencia hace 193 años, fue
incapaz de construir una nación, integrar la economía, forjar un estado
democrático y moderno, descentralizado, producir desarrollo y progreso
sostenidos, promover la justicia social, la cultura el bienestar para las
mayorías. Pocos dominaron y usufructuaron privilegios; el pueblo siempre quedó
al margen o fue excluido en su propia patria.
Durante la vida republicana se han aplicado diversos modelos
económicos y diferentes regímenes políticos. Hemos visto la sustitución de un
gobierno por otro; esperanzas renacidas, luego frustraciones. El esperado
desarrollo no llega aún, menos el bienestar prometido. De los gobiernos de los
últimos 50 años solo quedan promesas incumplidas; un fracaso tras otro. Los
responsables son las clases dominantes ineptas, la larga saga de caudillos
militares y civiles que entendieron al Perú como chacra propia; dictaduras
siniestras y demagogos de oportunidad.
El neoliberalismo, que absolutiza la economía de mercado
capitalista, la anarquía de la producción, la concentración de la riqueza
privada y la sujeción a los designios de las transnacionales y el imperialismo,
no es la excepción. Su agotamiento es visible; también sus consecuencias
funestas para la humanidad. Lo que tenemos hoy en el Perú, es un país
sometido al saqueo de sus recursos naturales , a la destrucción de sus
capacidades productivas, culturales y morales. La ruina de la industria, el
abandono de la agricultura, el centralismo agobiante, le son inherentes.
También la corrupción, impunidad y la colusión.
El centralismo es aún un problema estructural del Perú. Su origen es histórico. En 1821 San Martín
transformó las intendencias en departamentos y los partidos en provincia. Pero
con la Constitución de 1823 cambiaron los criterios y la legislación para la
demarcación territorial. Se adaptaron al Perú las Juntas Departamentales, ya
vigentes en Europa, que dada su inspiración liberal otorgaban atribuciones más
o menos amplias a los organismos locales y regionales. Sin embargo entre 1823
-1844, las juntas Departamentales, como órgano de nivel intermedio, tuvieron una
presencia mínima, prácticamente ausentes; fue un periodo de inestabilidad
política e institucional.
En el período de 1845-1919 hubo algunos intentos de
consolidación institucional del Estado Republicano. Se establecieron tanto el
Consejo Departamental como la Junta Departamental .Tampoco dieron resultado.
En 1921 fueron suprimidas las Juntas Departamentales, luego de
un sostenido proceso de disminución de funciones y recursos. Funcionaron
simultáneamente, por un breve periodo con los Congresos
Regionales, creados en 1919, considerados en la Constitución de 1920. En
aquella época José Carlos Mariátegui planteó que “En algunos departamentos,
sobre todo en los del sur, es demasiado evidente la existencia de un
sentimiento regionalista. Pero las aspiraciones regionalistas son imprecisas,
indefinidas; no se concretan en categóricas y vigorosas reivindicaciones. El
regionalismo no es en el Perú un movimiento, una corriente, un programa. No es
sino la expresión vaga de un malestar y de un descontento”.
La Constitución de 1933 estableció los Consejos Departamentales a los que se les otorgó amplias
competencias, pero no se les otorgó facultades normativas, Tampoco tuvieron una
vigencia efectiva.
Todas estas experiencias descentralistas fracasaron porque no
tuvieron un norte definido, una visión de país. Faltó un PROYECTO NACIONAL.
Además, los sectores dominantes han bloqueado y frustrado los diversos
intentos descentralistas.
La Constitución de 1979 retomó el tema de la descentralización, como
una característica fundamental del Estado Peruano, lo que reflejaba el
consenso, por lo menos discursivo, de las diversas corrientes políticas
democráticas de la época. En esa época se habían desarrollado los órganos de
democracia directa y de autodefensa como los Frentes de Defensa, las
Rondas Campesinas en Chota y Cajamarca, y la Asamblea Popular. El segundo
gobierno de Belaúnde Terry aprobó las bases de descentralización y durante el
primer gobierno de Alan García se promulgaron las Leyes Orgánicas de creación
de las regiones. Once fueron las regiones creadas con sus respectivos gobiernos
regionales que funcionaron hasta 1992. La mafiosa dictadura fujimontesinista
suprimió los Gobiernos Regionales y los reemplazó con los Consejos Transitorios
de Administración Regional (CTAR). Nuevamente asistimos al fracaso de la
naciente resurgida experiencia descentralista.
La Constitución de 1993 retomó la descentralización, pero fue
imposible su implementación dada las características del régimen
fujimontesinista. No obstante, la lucha contra ese régimen y la resistencia
cívica fueron creando mejores condiciones para la lucha por la
descentralización. Para darle viabilidad fue necesario modificar la
Constitución fujimorista. Fue el gobierno de Toledo el que llevó a cabo esta
tarea. Aunque parcial, ese cambio fue imprescindible para avanzar en el proceso
descentralista. Pero es evidente que la estructura departamental actual no es
adecuada para modificar los profundos desequilibrios existentes entre Lima y
las regiones, así como entre la costa, la sierra y la selva.
El proceso de descentralización tiene vacíos y limitaciones. Así lo reconoció la Comisión de
Descentralización del Congreso en un documento de proceso al señalar que éste
se inició sin que existiera una planificación previa que permitiera delinear la
ruta de referencia para ir dando forma a esta profunda transformación del
Estado. Nuevamente ese gran vacío fue la falta de un Proyecto Nacional.
Ahora nuevamente asoma una amenaza contra la descentralización. Por supuesto que varios gobiernos
regionales tienen problemas. Entre ellos, la corrupción. Pero los
organismos encargados de prevenir y detener este problema no actuaron a tiempo.
Es el caso del Ministerio Público y la Contraloría General de la República. De
pronto se arremete contra los gobiernos regionales con un súbito afán
moralizador. Una sincronizada y planificada compañía mediática contra los
gobiernos regionales los hunde en el desprestigio. Son las clases dominantes y
el Gobierno de Ollanta Humala los interesados en paralizar el proceso de
descentralización, mucho más cuando se acaba el ciclo de la bonanza exportadora
iniciada en el 2001, con el aumento de los precios de los minerales. El
gobierno viene profundizando y consolidando el modelo neoliberal. La tendencia
es hacia la reconcentración del poder. La amenaza al inconcluso proceso de
descentralización es evidente. El anunciado “paquetazo” económico – exigido por
la Confiep y la derecha reaccionaria – socaba las competencias ambientales de
las regiones.
Los grupos de poder nacionales y las empresas transnacionales
mineras que saquean nuestros recursos naturales, no quieren tener obstáculos en
las regiones mineras con el surgimiento de gobiernos regionales como el de
Cajamarca con Gregorio Santos, quien asumió consecuentemente la defensa del
agua, los recursos naturales y el medio ambiente. Para impedir que eso ocurra
han lanzado su guerra preventiva y quieren traerse abajo la descentralización.
Nuestra tarea urgente es asumir la lucha por una efectiva
descentralización con Proyecto Nacional y nueva Constitución. Una
descentralización con desarrollo sostenible (económico, social, ambiental y
cultural) que amplíe y desarrolle el mercado nacional. Se requiere regiones con
Proyectos Regionales de Desarrollo. Una descentralización que apunte al
reordenamiento territorial y la zonificación ecológica; que le asigne un lugar
preferente a la ciencia y la investigación como pilares del Proyecto Regional.
Una descentralización con gobiernos regionales que impulsen la democracia integral
(democracia política, económica y social), además de directa y
participativa. Descentralización con gobiernos regionales transparentes,
honestos y eficientes en su gestión, con rendición de cuentas y vigilancia
ciudadana.
Una descentralización con nuevo modelo de desarrollo que
promueva la industrialización y el fomento de la agricultura para asegurar la
soberanía alimentaria. En síntesis, una descentralización que signifique
distribución del poder político y descentralización financiera.
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