LA DESCENTRALIZACIÓN EN PELIGRO

Oscar Felipe Ventura

El Perú de hoy, con su atraso, su pobreza, sus desequilibrios regionales y abismales desigualdades sociales, es el resultado de la continuidad de la dominación externa bajo la coraza de una clase dominante interna inepta, que después de conquistada la independencia hace 193 años, fue incapaz de construir una nación, integrar la economía, forjar un estado democrático y moderno, descentralizado, producir desarrollo y progreso sostenidos, promover la justicia social, la cultura el bienestar para las mayorías. Pocos dominaron y usufructuaron privilegios; el pueblo siempre quedó al margen o fue excluido en su propia patria.

Durante la vida republicana se han aplicado diversos modelos económicos y diferentes regímenes políticos. Hemos visto la sustitución de un gobierno por otro; esperanzas renacidas, luego frustraciones. El esperado desarrollo no llega aún, menos el bienestar prometido. De los gobiernos de los últimos 50 años solo quedan promesas incumplidas; un fracaso tras otro. Los responsables son las clases dominantes ineptas, la larga saga de caudillos militares y civiles que entendieron al Perú como chacra propia; dictaduras siniestras y demagogos de oportunidad.

El neoliberalismo, que absolutiza la economía de mercado capitalista, la anarquía de la producción, la concentración de la riqueza privada y la sujeción a los designios de las transnacionales y el imperialismo, no es la excepción. Su agotamiento es visible; también sus consecuencias funestas para la humanidad. Lo que tenemos hoy en el Perú, es un  país sometido al saqueo de sus recursos naturales , a la destrucción de sus capacidades productivas, culturales y morales. La ruina de la industria, el abandono de la agricultura, el centralismo agobiante, le son inherentes. También la corrupción, impunidad y la colusión.  

El centralismo es aún un problema estructural del Perú. Su origen es histórico. En 1821 San Martín transformó las intendencias en departamentos y los partidos en provincia. Pero con la Constitución de 1823 cambiaron los criterios y la legislación para la demarcación territorial. Se adaptaron al Perú las Juntas Departamentales, ya vigentes en Europa, que dada su inspiración liberal otorgaban atribuciones más o menos amplias a los organismos locales y regionales. Sin embargo entre 1823 -1844, las juntas Departamentales, como órgano de nivel intermedio, tuvieron una presencia mínima, prácticamente ausentes; fue un periodo de inestabilidad política e institucional.

En el período de 1845-1919 hubo algunos intentos de consolidación institucional del Estado Republicano. Se establecieron tanto el Consejo Departamental como la Junta Departamental .Tampoco dieron resultado.

En 1921 fueron suprimidas las Juntas Departamentales, luego de un sostenido proceso de disminución de funciones y recursos. Funcionaron simultáneamente, por un breve periodo con los Congresos Regionales, creados en 1919, considerados en la Constitución de 1920. En aquella época José Carlos Mariátegui planteó que “En algunos departamentos, sobre todo en los del sur, es demasiado evidente la existencia de un  sentimiento regionalista. Pero las aspiraciones regionalistas son imprecisas, indefinidas; no se concretan en categóricas y vigorosas reivindicaciones. El regionalismo no es en el Perú un movimiento, una corriente, un programa. No es sino la expresión vaga de un malestar y de un descontento”.

La Constitución de 1933 estableció los Consejos Departamentales a los que se les otorgó amplias competencias, pero no se les otorgó facultades normativas, Tampoco tuvieron una vigencia efectiva.

Todas estas experiencias descentralistas fracasaron porque no tuvieron un norte definido, una visión de país. Faltó un PROYECTO NACIONAL. Además, los sectores dominantes  han bloqueado y frustrado los diversos intentos descentralistas.

La Constitución de 1979 retomó el tema de la descentralización, como una característica fundamental del Estado Peruano, lo que reflejaba el consenso, por lo menos discursivo, de las diversas corrientes políticas democráticas de la época. En esa época se habían desarrollado los órganos de democracia directa y de autodefensa como los Frentes  de Defensa, las Rondas Campesinas en Chota y Cajamarca, y la Asamblea Popular. El segundo gobierno de Belaúnde Terry aprobó las bases de descentralización y durante el primer gobierno de Alan García se promulgaron las Leyes Orgánicas de creación de las regiones. Once fueron las regiones creadas con sus respectivos gobiernos regionales que funcionaron hasta 1992. La mafiosa dictadura fujimontesinista suprimió los Gobiernos Regionales y los reemplazó con los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR). Nuevamente asistimos al fracaso de la naciente resurgida experiencia descentralista.

La Constitución de 1993 retomó la  descentralización, pero fue imposible su implementación dada las características del régimen fujimontesinista. No obstante, la lucha contra ese régimen y la resistencia cívica fueron creando mejores condiciones para la lucha por la descentralización. Para darle viabilidad fue necesario modificar la Constitución fujimorista. Fue el gobierno de Toledo el que llevó a cabo esta tarea. Aunque parcial, ese cambio fue imprescindible para avanzar en el proceso descentralista. Pero es evidente que la estructura departamental actual no es adecuada para modificar los profundos desequilibrios existentes entre Lima y las regiones, así como entre la costa, la sierra y la selva.

El proceso de descentralización tiene vacíos y limitaciones. Así lo reconoció la Comisión de Descentralización del Congreso en un documento de proceso al señalar que éste se inició sin que existiera una planificación previa que permitiera delinear la ruta de referencia para ir dando forma a esta profunda transformación del Estado. Nuevamente ese gran vacío fue la falta de un Proyecto Nacional.

Ahora nuevamente asoma una amenaza contra la descentralización. Por supuesto que varios gobiernos regionales tienen problemas. Entre ellos, la corrupción.  Pero los organismos encargados de prevenir y detener este problema no actuaron a tiempo. Es el caso del Ministerio Público y la Contraloría General de la República. De pronto se arremete contra los gobiernos regionales con un súbito afán moralizador. Una sincronizada y planificada compañía mediática contra los gobiernos regionales los hunde en el desprestigio. Son las clases dominantes y el Gobierno de Ollanta Humala los interesados en paralizar el proceso de descentralización, mucho más cuando se acaba el ciclo de la bonanza exportadora iniciada en el 2001, con el aumento de los precios de los minerales. El gobierno viene profundizando y consolidando el modelo neoliberal. La tendencia es hacia la reconcentración del poder. La amenaza al inconcluso proceso de descentralización es evidente. El anunciado “paquetazo” económico – exigido por la Confiep y la derecha reaccionaria – socaba las competencias ambientales de las regiones.

Los grupos de poder nacionales y las empresas transnacionales mineras que saquean nuestros recursos naturales, no quieren tener obstáculos en las regiones mineras con el surgimiento de gobiernos regionales como el de Cajamarca con Gregorio Santos, quien asumió consecuentemente la defensa del agua, los recursos naturales y el medio ambiente. Para impedir que eso ocurra han lanzado su guerra preventiva y quieren traerse abajo la descentralización.

Nuestra tarea urgente es asumir la lucha por una efectiva descentralización con Proyecto Nacional y nueva Constitución. Una descentralización con desarrollo sostenible (económico, social, ambiental y cultural) que amplíe y desarrolle el mercado nacional. Se requiere regiones con Proyectos Regionales de Desarrollo. Una descentralización que apunte al reordenamiento territorial y la zonificación ecológica; que le asigne un lugar preferente a la ciencia y la investigación como pilares del Proyecto Regional. Una descentralización con gobiernos regionales que impulsen la democracia integral (democracia política, económica y social),  además de directa y participativa. Descentralización con gobiernos regionales transparentes, honestos y eficientes en su gestión, con rendición de cuentas y vigilancia ciudadana.

Una descentralización con nuevo modelo de desarrollo que promueva la industrialización y el fomento de la agricultura para asegurar la soberanía alimentaria. En síntesis, una descentralización que signifique distribución del poder político y descentralización financiera.