Mentiras de la Contraloría General de
la República
Por: Segundo Matta Colunche
El pasado 06
de noviembre, la Contraloría General de la República (CGR) emitió
tendenciosamente una nota de prensa acusando al Gobierno Regional de Cajamarca
de haber incurrido en irregularidades que involucra a 130 millones de nuevos
soles. Al descaro del infortunio conspiró con medios reaccionarios para
denigrar honras de autoridades y un pueblo que lucha incasablemente en defensa
del agua y la vida.
Diarios como “El Comercio” y “Perú 21”, de
propiedad del monopolio “Miroquesada”, con auspicio del fujimontesinismo,
publicaron páginas completas de supuestas irregularidades, dedicaron
editoriales e hicieron rebote a nivel nacional de todo su andamiaje de
falsedades y mentiras, creyendo que con eso van a convencer al pueblo para que
deje de luchar y retire el respaldo al presidente Gregorio Santos. Al
contrario, la lucha se fortalece y la gran mayoría de peruanos reclaman cambios
urgentes en las políticas del Estado Peruano (última encuesta de Datum y GFK).
En el informe se dice que, “La comisión
auditora verificó que los hospitales no fueron construidos”, pero no
se dice que los estudios de factibilidad de 05 hospitales (Cajabamba, Jaén,
Cutervo, San Ignacio y Bambamarca) fueron elaborados en la gestión
anterior y la Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC), -ente corporativo de
minera Yanacocha-, con serias irregularidades, terminó en diciembre del 2010,
sin construir ninguno de estos.
Se ignora que los procesos para la
construcción de los hospitales de Cajabamba y de Jaén (modalidad de
contratación: Llave en Mano, sistema de contratación: A Suma Alzada),
estaban en curso en el año 2012. Es indiscutible que si no se tienen elaborados
y aprobados los expedientes técnicos, es imposible la ejecución de una obra
pública; por lo que afirmar por adelantado que “...los hospitales no
fueron construidos”, sin señalar lo anterior, es una información falsa.
La Contraloría miente. Modalidad “llave en mano” significa que una sola empresa
realiza los estudios y también los ejecuta.
De otro lado, irresponsablemente se
manifiesta que “las obras de electrificación fueron ejecutadas pero se
encuentran abandonadas”, en el descaro de faltar a la verdad, niegan que el
caserío “Triunfo” (Los Baños del Inca) está energizada y funciona a nivel de
alumbrado público, cuenta con instalación de medidores a domicilios, pero esta
no funciona por falta de certificación del SER, que ya está en trámite. Igual
proceso para todas las comunidades consideradas en el proyecto (4 caseríos). En
la provincia de San Ignacio están en la etapa de recepción y energización 140
comunidades rurales-27 mil personas aproximadamente-. En los próximos meses se
inaugurará. Contraloría miente.
Se dice también que “…los muros de
contención (en Lajas) existían desde antes de la firma del contrato.”, afirmación
totalmente falsa. La obra que beneficia a más de 4 mil personas, se ejecutó en
esta gestión, con todos los documentos en regla y el próximo 24 de noviembre
será inaugurada. La Contraloría insiste en mentir.
Como consta en informe emitido por PROREGIÓN
a la CGR, ésta ha trasgredido los principios que rige el ejercicio del Control
Gubernamental, regulado en la Resolución de Contraloría N° 061-2004-CG, que
aprueba la Directiva N° 003-2004-CG/SGE – Normas sobre difusión y acceso a los
Informes de Control Gubernamental, en cuyo Capítulo VI – Disposiciones
Generales, numeral 6.2, se establecen tales principios, uno de ellos es el Principio
de Reserva, en virtud del cual: “Se encuentra prohibido que durante la
ejecución del control se revele información que pueda causar daño a la entidad,
a su personal, o al sistema, o dificulte la tarea de éste último (…)”.
El proceso investigatorio no ha concluido, no
se ha alcanzado el Informe Final del Examen de Auditoría, ni se ha hecho llegar
al Titular del Pliego o Unidad Ejecutora las conclusiones y
recomendaciones del caso. La Contraloría adelanta opinión.
Una vez más se comprueban actitudes
tendenciosas de una institución como la CGR, quien en lugar de fajarse por el
Perú, responde a intereses de grandes grupos económicos sobreponiéndose a los
de la mayoría de peruanos que tienen derecho a saber la verdad.
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