CONGRESO DE LA REPUBLICA CONSUMÓ UN HECHO IMFAME

Por: Oscar Felipe Ventura

Precedido de un ambiente de crispación social motivado por negociados, chantajes, lobbys, retiros de bancadas, colusión y audios que confirman la repartija, el Congreso de la República consumó ayer un hecho infame al ratificar el acuerdo previo para designar a los nuevos miembros del Banco Central de Reserva (BCR), Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. ¡Claro que fue un hecho infame!. Utilizo este vocablo con el significado de innoble, bajo, ignominia, ofensa; afrenta, deshonor. Puedo usar otros adjetivos para expresar la indignación que ha causado este embuste; pero es necesario ir al fondo del asunto.

La mayoría de críticas se centraron en los candidatos al Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo y se ha obviado a los nuevos directores del BCR. ¿Qué tan importante es este asunto?. ¡Claro que lo es!. El BCR es el que define la política monetaria del país y hace la dupla con el ministerio de Economía y Finanzas. El manejo de la economía nacional es determinante en la vida política, social y cultural del país. La economía es la base de cualquier organización social. Los nuevos directores del BCR serán Francisco González, Drago Kisic y Gustavo Yamada, quienes están vinculados con la banca de inversión y con la política económica del gobierno que privilegia al gran capital transnacional; razón por la que la CONFIEP (organización del empresariado) dio su conformidad expresando que contaban con el apoyo de la comunidad económica nacional e internacional para conformar el directorio del BCR.

Los nuevos directores del BCR se sumarán a los actuales entre los que están Julio Velarde, presidente por 10 años consecutivos y director en la época de la dictadura fujimontesinista. Por tanto, estos nuevos directores seguirán la línea continuista de un modelo de economía que viene causando graves problemas al país, por la subordinación de los intereses nacionales al gran capital transnacional; modelo dogmático y totalitario que atenta contra la soberanía nacional. Pero no se trata solo de continuismo sino de consolidación del modelo neoliberal en el que está empeñado el gobierno de Ollanta Humala. Para eso se necesita de instituciones que lo refrenden como son el BCR, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

Mi  hipótesis es que se trata de un plan sincronizado y concertado entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los poderes fácticos (los poderes reales en el Perú: Confiep). Este plan ha sido legalizado ayer por el Congreso de la República. Aquí ha habido colusión, complicidad. Se explica una vez más la tesis de que el poder político es una consecuencia del poder económico.

¿Qué pasará con el Tribunal Constitucional donde habrá tres representantes del gobierno, dos fujimoristas y un neoliberal más?. ¿Será una institución que no tiene “legitimidad de origen” y menos tendrá “legitimidad de ejercicio”.

¿Qué es el Tribunal Constitucional?. La Constitución de 1993 en su artículo 201 lo precisa. Dice: “El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e Independiente”. Sus competencias están precisadas en el artículo 202º de la Constitución, siendo dos de ellas, “conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad”, así como “conocer en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data, y acción de cumplimiento”; es decir de las garantías constitucionales. La pregunta es: ¿Con la nueva conformación del Tribunal Constitucional se garantizará su autonomía e independencia?. Por supuesto que, ¡NO!. ¿Qué dice Ud. Amable oyente?

Entonces que quede claro que el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional no es sólo un problema técnico jurídico, sino que es una materia de alto contenido político. El Tribunal Constitucional tendrá que resolver varios casos pendientes como: La Ley del Servicio Militar, la Ley de Reforma Magisterial, la Ley del Servicio Civil, los casos del Frontón y Rodrigo Franco, el caso Comunicore, etc.

En el caso de la Defensoría del Pueblo, la Constitución estipula que “La Defensoría del Pueblo es autónoma”. (Art. 161º). Sus funciones están precisadas en el artículo 162º que establece: “Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal…”. ¿La Sra. Pilar Freitas – impuesta mediante chantaje – será autónoma en sus funciones? . Por supuesto que ¡NO!

Concluyo este tema señalado que se avizora un panorama sombrío para el país. ¿Qué hacer?.  El Movimiento de Afirmación Social (MAS) de La Libertad, en un comunicado público hace un llamado al pueblo liberteño para forjar la acción directa de las masas a fin de enfrentar la ofensiva autoritaria neoliberal del gobierno.

¿Por qué hemos llegado a esta situación?. Sostengo que la causa principal – entre otras – se encuentra en la crisis del Estado peruano, una de cuyas expresiones es la crisis del Congreso. Crisis que se expresa en la descomposición moral y en la existencia de una economía delictiva que recorre el tejido social. Las instituciones de la democracia liberal ya no responden a la nueva realidad del Perú. Las reformas profundas al Estado y del andamiaje levantado durante la república hacen necesario una nueva Constitución en consonancia con los grandes cambios que el Perú reclama.

ALERTA: SE VIENE LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD

Lo anterior tiene íntima relación con este tema. ¿De qué se trata?. Ha pasado inadvertida la decisión del Congreso de la República de delegar facultades al Poder Ejecutivo para que legisle sobre la “Reforma de la Salud” mediante decretos legislativos. Una vez más, el Congreso abdicó de una de sus funciones principales que es legislar, dar leyes.

Pues bien, ahora el presidente Ollanta Humala y sus ministros (también la Sra. Nadine Heredia) tendrán en sus manos legislar sobre la reforma de la salud. Con esto queda abierto el camino a la privatización de la salud. ¿Lo duda?. Veamos:

El diario gestión (del grupo El Comercio) de ayer miércoles dice: LA REFORMA DE SALUD IMPULSARÁ LA INVERSIÓN PRIVADA A TRAVÉS DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS. Al dar cuenta de esta noticia menciona declaraciones de la ministra de Salud, Milori de Habich, quien informó que a partir de la experiencia de la asociación público – privada (APP) que se impulsa en el Hospital del Niño en el tema logístico (servicio de administración, mantenimiento, alimentación, limpieza), y que se concretaría en setiembre próximo, el ministerio de salud buscará en el marco de la reforma de este sector, impulsar este esquema de financiamiento en otros hospitales  a nivel nacional. También refirió la ministra que ya se están impulsando otras APP para el tratamiento de residuos sólidos de los hospitales de Lima, para el mantenimiento del banco de sangre y para la atención especializada de salud en provincias. Días previos el ministro de Economía dijo que la “reforma de la salud es prioritaria”. ¿Por qué tanto interés en este tema?. ¿Cuál es su trasfondo?

Hago recordar que la privatización es uno de los robos más descarados de los bienes públicos. La experiencia de la privatización en los países de América Latina nos refleja que se ha transferido patrimonio público a favor del gran capital privado nacional y extranjero, se ha desmantelado el sector público, se ha afectado los servicios públicos, pero todo ello no ha generado, desarrollo, progreso, ni bienestar de la gran mayoría de los pueblos de los países de América Latina; menos del Perú. Estamos advertidos.