Mesa sin una pata
Los usuarios del Estado también deben estar en la mesa de diálogo sobre
la Ley de Servicio Civil
Luego de la promulgación de la Ley de Servicio Civil,
que es la parte medular de la reforma del Estado, el presidente de la
República, Ollanta Humala, recibió a la CGTP y a los sindicatos estatales para
escuchar sus preocupaciones y demandas sobre el tema. El resultado de la
reunión fue el ofrecimiento de conformar una mesa de diálogo con los sindicatos
a fin de “recoger sus aportes” en los reglamentos que se elaborarán para la
aplicación de la ley. Y, de hecho, el presidente del Consejo de Ministros, Juan
Jiménez Mayor, ya ha anunciado que el 25 de agosto se reunirá con los
representantes de los gremios sindicales para “incorporar sus sugerencias”.
Debemos suponer,
naturalmente, que esas “sugerencias” y los “aportes” que hará la CGTP a los
reglamentos de la LSC van a ser ideas nuevas y, sobre todo, diferentes a las
que la central sindical intentó aplicarle a la propia ley antes de que se
aprobase, las mismas que se traducían básicamente en la anulación de todos los
elementos meritocráticos que la LSC intenta introducir en nuestra burocracia.
Debemos suponer eso, pese a que, a su salida de la reunión con el presidente, el
secretario general de la CGTP, Mario Huamán, declaró que su agrupación solo
participará del diálogo porque no le había sido posible lograr la derogación de
la ley. Y es que no tendría sentido haber empujado esta reforma (que bien
podría terminar siendo la más importante del gobierno de Humala) hasta acá,
para luego torpedearla por vía de reglamento.
Bajo el supuesto
anterior, nosotros aplaudimos la noticia de la instauración de este diálogo. No
hay mejor antídoto que este contra la desconfianza y los malentendidos, al
menos cuando hay buena fe en todos sus participantes. Sin embargo, no podemos
dejar de hacer notar que a la mesa planteada le falta una pata y que, por lo
tanto, va a estar ladeada a lo largo de todas las conversaciones. Y que, desde
luego, esto es algo que vicia de raíz la calidad que pueda tener este diálogo.
En efecto, si va a
haber un diálogo real sobre las características que debería tener la
reglamentación de la LSC y, por lo tanto, sobre la manera en que se espera
cambiar a nuestra burocracia, deberían estar presentes en las conversaciones
todas las partes directamente interesadas en ese cambio. O mejor dicho, no
deberían estar solo quienes hasta ahora únicamente se han mostrado interesados
en que no haya cambio alguno y en que se mantenga más bien el statu quo.
Deberían estar también los representantes de quienes pagan con sus impuestos
los salarios de nuestra burocracia –los contribuyentes– y de quienes reciben
los servicios que esta provee –los usuarios del Estado–. Al fin y al cabo, es a
nombre de ellos que el Gobierno ha empujado esta reforma.
Así, por ejemplo,
sería muy enriquecedor para el diálogo que se escuchen en la mesa –y de la boca
del caballo– las razones por las que, según Ipsos, un 88% de la población
aprueba que los funcionarios públicos puedan ser evaluados sistemáticamente
para medir su desempeño y un 74% aprueba que puedan ser despedidos si son
desaprobados en sus evaluaciones por dos años consecutivos y luego de ser
capacitados. O lo que se siente ser “el cliente” diario de una burocracia que,
conforme a todos los ránkings internacionales, da unos servicios que figuran
entre los peores del mundo en casi todas las categorías.
Es cierto que los usuarios del Estado
y los contribuyentes, a diferencia de los empleados públicos, son grupos
grandes y variados que no están reunidos en organizaciones específicas que los
representen, como los sindicatos. De hecho, esto ha tenido mucho que ver con
que la CGTP fuese exitosa frente a algunas personas en su intento de dar la
impresión de que era “el pueblo” el que estaba en contra de la LSC. Pero ello
no quiere decir que no se puedan encontrar representantes válidos de los
usuarios estatales y los contribuyentes. Podría, por ejemplo, pedírsele
representantes a los gremios empresariales, sobre todo a los de las mypes, y a
otras organizaciones sociales o profesionales. Y podría también hacerse un
muestreo de buenos contribuyentes. Lo importante es que en esa mesa tengan
también voz las mayorías a las que hasta ahora no se ha podido oír directamente.
Es decir, los que pagan las cuentas del Estado y los que viven todos los días
la (cruda) realidad de sus servicios.
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