viernes, 17 de octubre de 2014


SEGURIDAD PÚBLICA
Por: Rolando Breña

La seguridad pública está terminando por ahogar al gobierno. No solo es la principal causa de preocupación de los peruanos, lo más grave es que el gobierno se halla totalmente despistado, perdido. Cercano a completar la media docena de Ministros del sector, no atina a encontrar o plantear respuestas o alternativas a la cada vez creciente escalada criminal que, literalmente, se apodera de la vida y los bienes de los peruanos, con la presencia indetenible de todas las formas del delito, desde las más primitivas, elementales y directas, hasta las más sofisticadas y altamente tecnológicas. Nadie está a salvo. Ni los modestos trabajadores, amas de casa, jubilados, escolares de familias humildes; hasta los que disponen de refinados medios de seguridad, de guardaespaldas, tecnología de última generación, autos blindados, fortines domiciliarios o armas de todo calibre.
Hay una sensación alarmante de abandono,  que cada cual se haga responsable de sí mismo, que los organismos e instituciones que tienen la obligación de proteger la población se ven inútiles y sobrepasados y que incluso están corroídas por la delincuencia.
No sirven de mucho los innumerables “operativos” al menudeo ni las alharacosas conferencias de prensa del Ministro del Interior, ni sus “novedosas” e inservibles medidas de sacar de las oficinas algunos policías y enviarlos a las calles, eliminar el método 24 por 24, vestir policías de civil, preparar en cursos relámpagos a los licenciados de las fuerzas armadas para incorporarse a la policía, proveerse más vehículos o armas, etc. Todas son medidas incompletas, inconexas, anárquicas, propuestas o ejecutadas a la champa, a ver qué sale.
Se requiere la formulación seria de una política nacional de seguridad pública que comprometa la directa responsabilidad del Presidente de la República y que no se base exclusivamente en los organismos de represión o los jurisdiccionales. Es un problema que comprende al conjunto del país. Deben estar presentes los gobiernos regionales y locales, la ciudadanía organizada, las instituciones públicas y privadas, las Rondas Campesinas y Vecinales. A la base la construcción de conciencia colectiva de defensa y seguridad, de espíritu solidario y participativo, de concebir la seguridad pública como un asunto de todos con el deber y la obligación de participar.
No es descabellado señalar que la inseguridad pública y su agravamiento tienen que ver con la invasión en el imaginario y la mentalidad de las personas de concepciones individualistas y de grosero pragmatismo, que arroja los problemas sociales, como la seguridad, a soluciones puramente particulares o individuales o de grupos privilegiados.
El debilitamiento del espíritu solidario, gregario, de colaboración mutua también debilitan una respuesta común y abonan el surgimiento y el desarrollo de la violencia delictiva. Por ello, no se requieren solamente de planes operativos, represión, infraestructura, equipamiento o logística, sino reiteramos, de construir, fortalecer y desarrollar conciencia solidaria y colectiva.
Lamentablemente el gobierno, desde el Presidente de la República hasta los Ministros del Interior, conceptuaron la seguridad pública como un problema menor, de simple tratamiento sectorial, policial y represivo. Hasta casi negaron su existencia y su veloz desarrollo, menospreciando y ridiculizando la preocupación, alarma y el temor de la población.
Recordamos cuando un Ministro formuló la tesis que la inseguridad pública era solo una “percepción”. Es decir, que solo existiría en la imaginación de las gentes y por lo tanto era absolutamente injustificada su preocupación y más injustificados aún sus reclamos y sus exigencias. Otro Ministro tuvo la infeliz teoría que lo que vivia la población frente a la inseguridad era simplemente “una histeria”. Obviamente, siendo una histeria, tampoco era realmente existente y que no había que preocuparse demasiado. Faltó que aconsejase a la población, que estando histérica, acudiera no a las comisarias para encontrar defensa y auxilio, sino a psicólogos o psiquiatras.
Nuestro actual Ministro ha explicado que tampoco debemos preocuparnos por el sicariato. Dice él que es problema entre delincuentes que se matan entre ellos. Con esta concepción los sicarios cumplirían un papel benéfico: aniquilar delincuentes. Entonces, quizá habría que darles libertad de acción para que nos liberen de criminales peligrosos y hasta declararlos benefactores de la sociedad.
Por último, el Presidente de la República, dando al asunto ribetes casi filosóficos, nos enseña que el sicariato es consecuencia de la globalización. Vaya. Estamos fritos, es poco o nada lo que podemos hacer. Aunque esta contribución teórica presidencial merecería un análisis mayor.

En suma, si para este gobierno los problemas de inseguridad y de delincuencia son “percepciones” o son “histeria”, o el sicariato solo es problema de delincuentes y es consecuencia casi natural de la globalización es explicable que estemos como estamos. Así no tenemos salida por ahora.

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