LA INIQUIDAD DE LA JUSTICIA
Por Julio Vicuña.

Sé que algunos de ustedes no estarán de acuerdo con mi raciocinio, pero estoy seguro que esto se debe a que juzgan con prejuicio y dan la razón, aunque sea un abuso, a lo que les conviene o se adapte más a sus ideas. Por ejemplo, el de derecha pensará que si alguien de izquierda es acusado de algún delito, este debe estar preso, porque de inicio lo presume culpable. Lo mismo sucede en caso contrario.
Me preocupa mucho el uso político que se hacen hoy en día de la fiscalía y del poder judicial el gobierno de turno y los regidores del poder económico. Se advierte la violación de un derecho fundamental de todo individuo en una sociedad civilizada, esto es; su derecho a la libertad y la presunción de inocencia, y seguimos aceptando mansamente que ésta violación se propague sin darnos cuenta que cuando llegue a nosotros será demasiado tarde.
Hace ya varios meses se arrestó al presidente regional de Cajamarca, Goyo Santos, un izquierdista que se aunó a su pueblo en oposición a la explotación del proyecto minero Conga. A Santos le dictaminaron 14 meses de “prisión preventiva” mientras dure el proceso de investigación abierto por la fiscalía “supranacional” (un injerto poco constitucional para perseguir a la medida). Entiéndase bien: Goyo Santos no está acusado formalmente, no tiene cargos penales… ESTÁ EN INVESTIGACIÓN… sin embargo, está preso. Es decir, si al cabo de la investigación, la fiscalía no tiene las evidencias ni elementos necesarios para probar los cargos, Goyo no podrá ser acusado y se habrá “comido una cana” injustamente. Aquí se evidencia claramente que el principio fundamental de “presunción de inocencia” dejó de existir.
Siendo este el caso, ¿qué tiene que hacer la fiscalía?... Encontrar los elementos necesarios para acusarlo, cueste lo que cueste. Si es necesario inventar hechos, comprar testimonios, falsificar documentos, etc. Sólo tiene una salida: ACUSARLO FORMALMENTE… Esto no significa que aun así, el poder judicial lo hallará culpable. Mientras tanto, Goyo no puede defenderse porque al estar encerrado coartan su facultad de procurar sus pruebas de inocencia.
Ahora bien, Goyo Santos ganó la reelección de la presidencia regional de Cajamarca por una amplia mayoría y a pesar de no estar prescrito por la Constitución ni las leyes el cumplir con el mandato del pueblo de ser presidente regional, le niegan las credenciales e impiden que el pueblo sea gobernado por quien ellos eligen. Sin embargo, pasa todo lo contrario con otros presidentes electos que sí tienen sentencias judiciales por corrupción… Sí, no estamos hablando de personas que están en investigación, ni acusados, ni enfrentando juicios. Son personas que ya pasaron por todas estas etapas y fueron encontradas culpables de los delitos imputados, que tienen una sentencia de prisión efectiva, pero que ésta se encuentra suspendida porque apelaron la sentencia y al considerarse la sentencia “no firme” están libres y recibiendo sus credenciales. Ejemplo, los presidentes electos de Moquegua y Junín. Pero esto no queda aquí, tenemos también a la congresista Chacón en el mismo charco.
Mi punto es claro: a una persona en proceso de investigación, sin acusación fiscal y que debería estar protegido por el derecho universal fundamental de la presunción de inocencia lo meten preso y le niegan asumir el cargo al cual fue electo por el pueblo en mayoría, mientras que a otros ya acusados y condenados están libres y listos para ejercer o ejerciendo cargos electos que deberían ser restringidos.
ESTAMOS VIENDO EL PRINCIPIO DE LA DESTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA EN EL PERÚ. ES URGENTE CREAR CONCIENCIA PARA NO PERMITIR EL CAOS.
Si piensas igual que yo, por favor comparte mi preocupación.