Síntesis programática de ÚNETE

1.      Los peruanos y peruanas hemos perdido toda confianza en gran parte de los políticos, fruto de una democracia recortada y sometida a los intereses de unos pocos grupos de poder económico. En las elecciones nacionales, regionales y locales, los candidatos prometen cambios que ni siquiera pretenden iniciar y al llegar al poder caen en redes de corrupción. El esfuerzo de millones de hogares peruanos en los últimos 25 años no se ha reflejado en una mejor distribución de la riqueza producida, poder económico y político siguen concentrados. Nuestro pueblo anhela un cambio que lleve hacia un Estado impulsor de un proyecto nacional, promotor del desarrollo y de la igualdad de oportunidades para todos y todas, democrático, soberano, laico y descentralizado. Nuestra apuesta programática central busca encarnar este anhelo. Con este fin proponemos:

Una reforma política para legitimar la democracia

2.      Consideramos necesario y urgente iniciar un viraje democrático hacia un nuevo contrato social, político y económico, donde el poder se asiente en la voluntad de los ciudadanos, respete sus derechos fundamentales y exprese los anhelos de una sociedad étnicamente diversa, pluricultural y multilingüe. Esto requiere una Nueva Constitución, que recoja la constitución histórica del Perú y el legado de la Constitución de 1979 y garantice una vida en condiciones de mayor igualdad, con participación y representación de todos y todas. El Estado debe estar sujeto al poder soberano del pueblo, y las decisiones trascendentales que afecten a la política, la economía y la defensa de la soberanía nacional deben ser consultadas con los ciudadanos.

3.      Nos comprometemos a recuperar la ética en la política y su sentido de servicio a la sociedad. Proponemos poner en marcha una reforma política que moralice la política y erradique la corrupción. Esta reforma debe ser integral y generar la democratización de los partidos políticos, con primarias abiertas, eliminación del voto preferencial, equidad de género y alternancia en las listas. Promoveremos sanciones drásticas no sólo para los políticos corruptos, sino también para los partidos que los cobijen. Propondremos el financiamiento público de los partidos para evitar la penetración de los intereses privados y especialmente del narcotráfico. Plantearemos la democratización de los medios de comunicación masiva, impulsando la existencia de medios públicos, privados y comunitarios, así como evitando la concentración y la propiedad cruzada.

Nuevo modelo de crecimiento y un Estado promotor del desarrollo.

4.      Apostamos por una Economía Nacional de Mercado como alternativa al modelo económico neoliberal impuesto en el país en las últimas tres décadas. El modelo de crecimiento primario-exportador, dependiente de las exportaciones tradicionales, ya está agotado y no tiene capacidad de generar ni los empleos ni las actividades productivas que necesita nuestro país para desarrollarse en las próximas décadas. Promoveremos un nuevo modelo de desarrollo equitativo, incluyente y sostenible, sobre la base del desarrollo y expansión de nuestros mercados internos, para articularnos como nación, reducir nuestra vulnerabilidad externa e integrarnos competitivamente al mundo.

5.      Proponemos: un apoyo a las inversiones nacionales y extranjeras que respeten los derechos de los trabajadores, el medio ambiente y paguen sus impuestos; una política macroeconómica fiscal, monetaria y cambiaria que asegure los equilibrios macroeconómicos y que, junto con la planificación y el presupuesto, apoye el desarrollo industrial y agrario; una política industrial basada en encadenamientos productivos competitivos; una política agraria de soberanía y seguridad alimentaria que permita la adecuada nutrición de los peruanos y peruanas; una minería sustentable con licencia social de las comunidades donde se desarrolle; una reforma tributaria democrática donde paguen más los que más ganan y tienen; iniciar un proceso sostenible de aumento del salario mínimo vital de acuerdo a los mecanismos técnicos y constitucionales que lo respaldan; y una política de apoyo a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Las micro, pequeñas y medianas industrias dinamizan las economías locales y sobre todo generan empleo productivo, por lo que les brindaremos apoyo técnico y crediticio.

Igualdad de derechos para todos los peruanos y peruanas y trabajo digno

6.      Para iniciar la superación de la aguda desigualdad social que padece el Perú se tiene que terminar con las desigualdades que tienen un origen de clase, género, etnia, orientación sexual, edad y procedencia regional, para respetarnos y hacer efectivos los derechos de todos y todas.Un Estado democrático y promotor debe garantizar los derechos sociales de la población, a través de sistemas públicos universales, gratuitos, y de calidad en la educación y la salud, y proveer un sistema público de pensiones. También debe garantizar la plena igualdad en los derechos civiles de minorías como la comunidad LGTBI.

7.      Consideramos al trabajo como la fuente fundamental de la riqueza y que el empleo digno es un derecho irrenunciable. Garantizaremos el derecho de las mujeres a recibir igual remuneración por el mismo trabajo.   Las relaciones laborales deben otorgarle a nuestros trabajadores condiciones justas y previsibilidad en sus vidas. También daremos incentivos públicos a los empresarios para que inviertan en la capacitación y especialización laborales. Promoveremos una nueva Ley General del Trabajo que elimine los regímenes especiales discriminadores y que fortalezca la negociación colectiva y la plena libertad sindical.

8.      Somos conscientes de que la inseguridad ciudadana se ha convertido en el principal problema para la mayoría de nuestra población, en medio de la pasividad de las autoridades, que deben garantizar la seguridad. Planteamos la necesidad de encarar frontalmente este problema con dos estrategias complementarias: una política integral de prevención y generación de oportunidades para los jóvenes en los barrios y los espacios de mayor vulnerabilidad; y una estrategia eficiente que articule la Policía Nacional, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial para combatir el crimen y las mafias organizadas

 Estado soberano en la gestión sustentable de los recursos naturales.

9.      Dejar atrás el modelo económico neoliberal también implica recuperar la soberanía en las decisiones de Estado sobre nuestros recursos naturales estratégicos, para que sirvan al desarrollo del país. En especial, sostenemos una política de soberanía energética que recupere para el Estado y la Nación el poder de decisiones fundamentales en los negocios petrolero y gasífero y que garantice el cumplimiento de los procedimientos de consulta previa a las comunidades y pueblos originarios, como elemento clave de la necesaria licencia social en actividades extractivas que se realicen en sus ámbitos territoriales.

10.  Consideramos que la recuperación de la soberanía también debe darse en la definición de alunas actividades estratégicas para el desarrollo y la defensa nacional, mediante políticas públicas concertadas entre los sectores público y privado en beneficio del país. Otros temas claves son la alimentación y la salud. La soberanía alimentaria se orienta a lograr “Hambre Cero”, promoviendo la agricultura familiar, que es la principal fuente de nuestra alimentación y agro-diversidad. La salud y la producción y comercialización de medicamentos se pondrán al servicio de los intereses de la comunidad y no de un pequeño grupo de empresas trasnacionales

11.  El desarrollo de nuestro país no puede ser entendido únicamente como crecimiento del PBI. Junto a esto existe la necesidad de cuidar el ambiente en que vivimos, teniendo en cuenta el cambio climático en curso. Impulsaremos el manejo sostenible de los recursos naturales y la protección del patrimonio ambiental de todas las generaciones, así como cambios en la matriz energética hacia el uso de recursos renovables para la generación de energía, y la paulatina reducción de nuestra dependencia de la importación de petróleo.

Regiones transversales con descentralización económica y política.

12.  La descentralización  económica y política del país es una reforma fundamental y apostamos por su profundización. Planteamos una descentralización que haga confluir el gobierno local y regional con el desarrollo territorial. Para ello promoveremos regiones transversales que sean espacios viables política y económicamente y un efectivo contrapeso al centralismo limeño.  La descentralización debe convertirse en un gran espacio de participación ciudadana, directamente y a través de las organizaciones sociales que, en el marco de la democracia representativa, permitan la participación responsable de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la fiscalización de la acción pública.

Lucha contra el narcotráfico y Erradicación de la Corrupción

13.  Los tentáculos del narcotráfico comprometen cada vez más la vida política, social y económica del país, corrompiéndola gravemente y amenazando con capturar el poder político ara ponerlo a su servicio. Se requiere un combate frontal que debe ser prioridad del gobierno, y un compromiso nacional, independientemente de las ideologías y filiaciones políticas o partidarias, para derrotar este peligroso flagelo y evitar llegar a situaciones como las que viven otros países de la región. Nuestro país debe decidir con soberanía sobre su política de desarrollo alternativo, diferenciando a los productores de hoja de coca de los narcotraficantes.

14.  Combatiremos a fondo todo tipo de corrupción, tanto en el sector público como privado. La corrupción corroe las instituciones y se ha convertido en una forma de gobierno para defender y promover intereses privados o ilícitos. No es solo un problema de conductas sino también de valores e identidad con el Perú y su destino.

Política exterior al servicio del desarrollo nacional

15.  Nuestra política exterior estará al servicio de nuestro desarrollo nacional, del fortalecimiento y la defensa plena de la democracia representativa y participativa tanto en nuestra sociedad como en la de todos los países, regiones y sociedades con las que mantenemos relaciones diplomáticas y comerciales. Favorecemos la integración andina y regional, y creemos en una globalización solidaria y democrática, donde los países en desarrollo tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones con soberanía económica y política. Somos parte de las naciones que buscan defender los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas por encima de las imposiciones de los organismos financieros internacionales o de intereses de un puñado de corporaciones trasnacionales.  Apoyamos mecanismos de integración como la Comunidad Andina, el MERCOSUR, la UNASUR y el CELAC, con independencia de las grandes potencias y sin vulnerar la autodeterminación nacional, que nos permitirán participar ventajosamente en las oportunidades de un mundo globalizado y multipolar.