sábado, 14 de marzo de 2015





Poder Judicial dio sentencia absolutoria al líder del Movimiento de Afirmación Social MAS y presidente reelecto del gobierno regional de Cajamarca Gregorio Santos Guerrero, a la autoridad rondera Ydelso Hernández Llamo actual presiente de la Central Nacional Única de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC PERU) y a la ex consejera regional por Cajamarca Elianita Zavaleta García, acusados de instigación en la modalidad de secuestro agravado y por resistencia a la autoridad en agravio de la señora Petronila Vargas.

Como es público la defensa de los líderes sociales de Cajamarca, manifestaron constantemente en el juicio oral realizado en el penal de Lurigancho que la Fiscalía Provincial de San Ignacio había acusado a las autoridades ronderas de un delito que había prescrito (violencia contra la autoridad) y por un hecho que no configuraba delito como es caso el secuestro inventado por la señora Petronila Vargas para perjudicar en especial a Gregorio Santos, proclamado hace pocas semanas por el MAS como su candidato a la presidencial del Perú en las justas electorales del año 2016.

Fue a las 4:20 p.m de la tarde del día 13 de marzo del 2015, que el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Jaén, conformado por los tres magistrados, River Bravo Hidalgo, Esmeralda Carlos paeralta y Humberto Salazar Zuloeta, emitieron una sentencia absolutoria a favor de Gregorio Santos Guerrero, Ydelso Hernández Llamo y Elianita Zavaleta García, quienes fueron acusados por hechos relacionados a su actividades de autoridades ronderas el año 2005 en la provincia de San Ignacio, región Cajamarca.

Sobre el delito de “instigación al secuestro”, la abogada defensora de Gregorio Santos Guerrero Dra. Raquel Yrigoyen Fajardo del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-IIDS dijo en su alegato final que el Juzgado Colegiado ha seguido la jurisprudencia de la Corte Suprema que, en aplicación de la Constitución, considera que la “cadena ronderil” impuesta en asamblea comunal no configura delito de secuestro.

La defensa de las autoridades ronderas estuvo conformada por los abogados: Zulema Chilón, Eduardo Montenegro, y Raquel Yrigoyen Fajardo quien estuvo acompañada de Rocío Trujillo y Catherine Sevilla del IIDS.

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