Áncash, un fujimontesinismo regional

Rosa María Palacios

A medida en que se conocen cada vez más detalles de la red criminal que operaba en Áncash, más paralelos se pueden establecer entre la corrup­ción regional de este siglo y lo que fue una realidad política corrupta y centralizada en los noventas.

El fujimontesinismo organizó su estrategia de perpetuación en el po­der a través del SIN: compra de me­dios, prensa chicha, operaciones psicosociales de desprestigio a tra­vés del desvío de fondos públicos. En Áncash, Alvarez montó la infame ‘Centralita’ en 4 locaciones distin­tas, comprando periodistas y per­siguiendo, hasta su muerte, a sus adversarios. Ahí, dicen las investiga­ciones preliminares, se analizaban audios chuponeados y se diseñaban estrategias para las campañas de Al­varez, con plata, obviamente, del Gobierno Regional. ¿De dónde más?

El fujimontesinismo capturó el Poder Judicial y el Ministerio Pú­blico armando redes de corrupción en su interior. Alvarez hizo lo mis­mo con “convenios de cooperación” que no fueron más que prebendas encubiertas a cambio de impunidad y persecución al enemigo. Cons­trucción de locales, viajes “de estu­dios” para jueces y –todavía en in­vestigación– pagos mensuales.

El fujimontesinismo concentró todo el poder en el presidente de la República, reduciendo las posibili­dades de fiscalización de todos los llamados a ejercerla. Álvarez con­centró todo el poder en sí, ningu­neando, persiguiendo y asesinan­do a quienes señalaron sus actos de corrupción, incluyendo a su pro­pio vicepresidente. Y llegó a contar con dos congresistas, de dos parti­dos distintos, para el apoyo político nacional.

El fujimontesinismo robó al Es­tado peruano millones de dóla­res en compras estatales cuyo fruto –solo en parte– fue encontra­do en las cuentas de Montesinos en Suiza. No se sabe cuánto ha roba­do Álvarez pero las denuncias por diezmos para conceder obras públi­cas a dedo a través de “procesos in­ternacionales”, sobrevaluaciones, proveedores que pasan de indigen­tes a millonarios, obras fantasmas, se acumulan y van sumando millo­nes. La misma Contraloría, que no hizo su trabajo en tiempos de Fuji­mori, tampoco lo hizo en tiempo de Álvarez.

Asesinato, lavado de activos, pe­culado, cohecho, asociación ilíci­ta para delinquir. Un rosario de de­litos en común que demuestra que el proceso a Fujimori no curó al país de la espantosa enfermedad de la corrupción política. Al contrario, solo se descentralizó el modelo.