Sociedad civil se quejó
a Humala.
Le advirtieron todo y no hizo nada
Lo sabía
todo y calló. El primer mandatario de la república, Ollanta Humala Tasso,
recibió una carta el 28 de agosto de 2013 que detallaba punto por punto toda la
cadena de corrupción y crímenes que azotaba a Áncash; y simplemente no le hizo
caso. Este documento fue emitido con copia al presidente del Congreso, Freddy
Otárola; también al presidente de la Corte Suprema, Enrique Mendoza; y al
presidente del CNM, Máximo Herrera.
La
misiva, que fue recibida por el despacho presidencial con N° de expediente 13-080959,
fue redactada por la Sociedad Civil por la Reivindicación Moral de Ancash
(SC-REMA) y refrendada por las principales fuerzas regionales. Exitosa tuvo acceso a este documento y
en él pudimos ver las firmas de representantes de la Cámara de Comercio y
Producción, Colegio de Contadores, Colegio de Abogados, partidos políticos,
institutos ambientalistas, excongresistas, y tantos otros dirigentes de
diferentes agrupaciones sociales, económicas y políticas de toda la región.
“Estamos
seguros de poder contar con su respaldo, pues la crisis de SANGRE Y CORRUPCIÓN
ha vestido de luto nuestra REGIÓN” (sic), se puede leer en el punto 2 del
referido documento. Luego se hace un relato pormenorizado de los crímenes,
donde se resalta que “hasta la fecha se vienen produciendo más de setenta (70)
asesinatos, entre ellos autoridades de reconocido prestigio” (sic), refiere
esta carta abierta.
Dicho
documento finaliza con un pedido directo y contundente al presidente de la
República de disponer una auditoría especial al Gobierno Regional de Áncash y
la instalación urgente de mesas de diálogo para tratar todos los asuntos
relacionados con la larga lista de irregularidades detalladas. También solicita
al Ministerio del Interior que declare en reorganización a la Policía Nacional
de la región por no investigar los crímenes que venían ocurriendo. La respuesta
no fue otra que el silencio absoluto.
CIEGO, SORDO Y MUDO
“El
mandatario se hizo de la vista gorda durante largos años mientras Áncash se
desangraba y hoy quiere figurar como héroe de la película”, nos dice Lizet
Flores Milla, Secretaría de Defensa del SC-REMA. A través de un comunicado,
Flores Milla también afirma que “hoy la desesperación del gobierno central ante
la presión mediática y social por la problemática de la inseguridad ciudadana y
la impunidad permiten reconocer un desesperado manejo del tema”.
Es así
que el SC-REMA, ante la ceguera gubernamental, organizó una multitudinaria
marcha en agosto del año pasado. “Convocamos a más de 16 mil personas pero aun
así no nos hacían caso”, recuerda Flores Milla mientras nos detalla la
indignación generalizada en la población ancashina por lo que consideran un
completo abandono y desprotección por parte del gobierno, quien recién tomó
cartas en el asunto cuando ya el escándalo se le hizo inmanejable.
“Al
margen de sindicar a los ‘culpables e inocentes’ de tantas muertes en Áncash,
hoy con las morbosas imágenes que se difunden por este caso, pareciese que algo
más se cocina en la política peruana”, nos dice con desconfianza Flores Milla,
refiriéndose al oportunismo gubernamental de intentar deslindar tardíamente con
toda la corrupción que prácticamente se generalizó en la región.
De denunciante a denunciado
Lizet
Flores Milla habla fuerte y se refiere ahora a Juan Calderón, quien asegura que
le sembraron testigos para perjudicar su campaña electoral: “Parece que la
inoperancia e incapacidad del gobierno central, que sigue cayendo en su
popularidad, ensaya politizar el tema incluso arrastrando la sorpresiva
detención del candidato a la presidencia regional de Áncash, Juan Calderón
Altamirano, principal opositor político de César Álvarez y crítico del
Ollantismo. Calderón es el principal denunciante del caso La Centralita y de
los casos más sonados de la corrupción en esta región”, afirmó.
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