CASO COMUNICORE FUE PARTE DE UNA GRAN OPERACIÓN PARA LAVAR DINERO DEL NARCOTRÁFICO

Cuatro años y medio después del estallido del más grande caso de corrupción que salpicó a la gestión de Luis Castañeda Lossio, la revista Poder obtiene un documento de la

Unidad de Inteligencia Financiera que revela que detrás de la transacción operó un exportador de droga llamado Álex Montoya Agüero

Por Daniel Yovera

*Exgerente general de Relima ha confesado que Juan Blest, gerente financiero de la Municipalidad de Lima, habría proporcionado información de la que se valieron para obtener ventajas en la cuantiosa operación. Hasta hoy, no hay un solo condenado por la justicia. 

Un narcotraficante peruano, prófugo de la justicia, operador de una mafia de colombianos y españoles, habría sido uno de los financistas de la famosa operación que derivó en la salida de S/.36 millones de las arcas municipales, que fueron a parar a las cuentas de esa empresa‘“cascarón’” llamada Comunicore, en los días finales de la primera gestión de Luis Castañeda, en enero del año 2006.

Su nombre es Álex Montoya Agüero, y figura en la larga lista de procesados por el caso Comunicore, al lado de los más insignes gerentes del exalcalde de Lima.

Castañeda ya no es parte de ella gracias a los recursos que presentó, pidiendo incansablemente que la justicia no lo investigue ni lo procese. Un tribunal le concedió el deseo.

Una investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó los movimientos que siguió parte del dinero que la Municipalidad de Lima le pagó en tiempo récord a Comunicore, y llegó hasta Álex Montoya. La UIF elaboró un revelador informe que concluye que este importante exportador de cocaína fue uno de los financistas de la operación.

La revista ‘Poder’(*)obtuvo y desmenuzó dicho documento, y en un amplio reportaje ha introducido nuevas variables al más grande caso de corrupción que haya salpicado a la gestión de Luis Castañeda Lossio.

Sobretodo, ha descubierto que una parte del millonario pago a Comunicore tuvo una sola finalidad: lavar dinero para actividades presuntas del narcotráfico. Tamaña sorpresa, y ningún condenado.

diario16hace a continuación un resumen de los principales hallazgos de la UIF, desarrollados en el último número de ‘Poder’, y también aporta algunos nuevos elementos con la intención de que el lector se informe lo mejor posible de los más enredados detalles de esta sorprendente historia.

A PUERTAS DEL GRAN NEGOCIO

Álex Montoya Agüero era un cambista de dólares que mantenía una estrecha amistad desde los tiempos escolares con Miguel Garro Barrera, un ejecutivo de poca relevancia que un día llegó a ser gerente financiero de la transnacional brasileña Relima, la empresa que le prestaba (y le presta) servicios de recojo de toneladas de basura a la Municipalidad de Lima.

A mediados del año 2005, Garro, en representación de Relima, negociaba los términos del pago de la famosa deuda que la comuna metropolitana tenía con la compañía brasileña. Lo hacía con su par en el municipio, Juan Blest García, el ‘“eterno’” gerente financiero de todas las entidades que ha presidido Luis Castañeda, su amigo desde 1978.

Pero a mediados del 2005 Garro y su amigo Álex Montoya –probablemente gracias a la información privilegiada que sobre los términos de la deuda manejaba el primero–Comunicore, y esperaron, en secreto, a que madure el negocio de los casi S/.36 millones.

Para ser exactos, S/. 35 millones 900 mil soles.

Hacer esta precisión es importante porque, para entonces, Comunicore no tenía absolutamente nada que ver en las conversaciones entre Relima y la Municipalidad.

Pero  solo en teoría. Tras el telón, los directivos de Comunicore, con Garro y Montoya en las sombras, preparaban las firmas y los papeles que usarían medio año después, cuando entraran a tallar como los ‘“sorpresivos compradores’” de la importante deuda.

Y así fue. El 20 de diciembre, Comunicore apareció de “sorpresa” para firmar, con Relima, la adquisición de la deuda, que valía S/.39.5 millones, por S/.14.6 millones. En teoría, la diferencia, S/.21 millones, llenaría las faltriqueras de los dueños y testaferros de Comunicore cuando la Municipalidad de Lima terminara de pagar la totalidad de la acreencia, en el lapso de diez años. Así estaba escrito.

Sin embargo, no pasaron diez años, ni diez meses, ni diez semanas, ni diez días.

A las 6:00 de la tarde del último día hábil del 2005, Juan Blest y Santiago Ruiz Contreras, presidente del Directorio de Comunicore, se pusieron de acuerdo con los términos de la ejecución del pago y se dieron la mano en señal de conformidad.

Lo curioso es que a los altos gerentes de Castañeda no les generó ninguna incomodidad ni interrogante que una empresa conocida por nadie fuera su nueva y millonaria acreedora.

Les hubiera bastado una simple búsqueda en los registros de la SUNAT para  darse cuenta de que Comunicore figuraba allí con la siguiente observación: “domicilio por verificar”. 

No ocurrió. Así que lapaciente espera de Garro y Montoya empezaba a dar sus jugosos frutos. El primer día hábil del 2006 las cuentas que habían abierto para estos efectos en el Banco de Crédito y en el Continental empezaron a llenarse de millones. Y así, hasta completar la cifra pactada.

Apenas fue depositado el dinero, se destinaron los convenidos S/.14.6 millones para Relima, y el grueso restante, S/.21.4 millones, se retiró en efectivo, en bolsas y maletines, y posteriormente las cuentas se cerraron. Por esa razón, cuando el diario Perú 21 publicó, el 16 de diciembre de 2009, la primera de decenas de entregas de este caso, tituló en su portada: “¿Quién se llevó los S/.21 millones?”.

Una pregunta quedaba flotando: ¿por qué tanto apuro de la ‘“estrella’” de las finanzas del municipio de Lima, Juan Blest, por hacer el pago?

EL ROL DE BLEST

El reporte de la UIF desmenuzado por ‘Poder’ identifica a los testaferros y empresas vinculadas a Álex Montoya y apunta en la misma dirección de algunas declaraciones brindadas en el juicio por corrupción. Esto es, que la operación Comunicore se habría originado en el entorno del exalcalde de Lima.

Cita la revista que el gerente brasileño de Relima, Odilón Gaspar Amado, confesó ante el juez del caso por corrupción que el millonario pago lo organizaron Miguel Garro y él, pero fue ejecutado con la información proporcionada por Juan Blest, el gerente financiero de Castañeda.

“Garro me dijo que la Municipalidad de Lima iba a cancelar la deuda pendiente con nuestra empresa. Había una propuesta de pago en diez años que yo presenté al directorio (de Relima), pero omitió decir que Garro también me había contado que el municipio tenía la intención de pagar en una sola partida. Según él (Garro) la información vino por Juan Blest. Entonces, vimos la oportunidad de hacer un negocio”, dijo el brasileño Odilón Gaspar en el juzgado, citado por ‘Poder’.

Tal confesión, que ‘Poder’ ha hecho pública por primera vez, resulta de lo más reveladora, pues de ella se podría deducir que Blest no solo se habría dedicado a ‘“honrar una deuda’”, sino que –según esta declaración– habría sido parte o cuanto menos cómplice de una operación que hoy, según la UIF, sirvió en parte para ‘“blanquear’” dinero sucio.

¿Por qué tanto interés y velocidad en Blest? Este hombre forma parte de un grupo selecto de ejecutivos que desde 1978 trabaja al lado de Luis Castañeda. En las instituciones que el exalcalde ha presidido, Blest estuvo allí como el experto de las finanzas: ha sido, siempre o casi siempre,su ‘“gerente financiero’”.

“Ahora, gracias a la declaración del ejecutivo brasileño, sabemos que el dato clave para el negociado salió del entorno de Castañeda”, sostiene, con razonable lógica, la revista.

Hay un dato por demás relevante: el 27 de diciembre del 2005, cuando la decisión de pagar ya estaba tomada, ocurrieron tres hechos de manera simultánea: 1) Relima y Comunicore le informaron a la Municipalidad que días atrás habían firmado una cesión de deuda; 2) la gestión le encargó  a Blest la Gerencia Municipal (el máximo cargo gerencial), sin dejar de ser gerente financiero; y 3) Castañeda pidió licencia a cuenta de sus vacaciones, y se fue hasta el 8 de enero del 2006.

EL ENTORNO Y EL LAVADO

La UIF –señala el informe de ‘Poder’– identificó actos de conversión, transferencia y ocultamiento de activos que se ajustarían a la tipología de utilización de empresas de fachada para el lavado de fondos del narcotráfico.

La agencia que investiga los actos de lavado de activos en el país incluyó en la relación de participantes de la operación a dos exgerentes de primera línea del líder de Solidaridad Nacional.

Uno de ellos, ya señalado, Blest, y el segundo, Carlos Chávez Málaga, otro ‘“histórico’”, el siempre gerente de administración de las gestiones de Castañeda. El informe de la UIF no menciona a quien ha sido el “clásico” gerente general de Castañeda, desde los años 80, Ángel Pérez Rodas. Aunque, sí está comprendido en el caso de corrupción.

Ellos y Castañeda trabajan juntos desde 1978, en el Ministerio de Comercio Exterior, en EMAPE, en el IPSS, en la Caja del Pescador, en Paramonga y en el municipio de Lima. El propio exalcalde, al declarar en el proceso, ha dicho: “Yo los conozco desde hace 25 años”.

El informe se ha enfocado en parte de los primeros envíos de dinero a Comunicore: S/.12.6 millones de los S/.35.9 millones.

“El documento, que no especifica qué ocurrió con el resto de los S/.35.9 millones, deja entrever que la administración de Castañeda no solo participó en un caso de corrupción sino que además fue involucrada en una operación de blanqueo de capitales del tráfico de drogas”, indica ‘Poder’.

Agrega que “Comunicore recibió en sus cuentas del Banco de Crédito S/.12.6 millones procedentes de la Municipalidad de Lima, que fueron retirados por personas que no tienen actividades económicas para justificar dichas operaciones”.

“La UIF identificó actos de conversión, transferencia y ocultamiento de activos que se ajustarían a la tipología de utilización de empresas de fachada para el lavado de fondos del narcotráfico”, reporta.

Esos primeros S/.12.6 millones fueron depositados por la gestión de Castañeda entre enero y febrero del 2006 a través de una transferencia bancaria de S/.3.8 millones y dos cheques de gerencia que sumaban S/.8.7 millones.

“Hubo tanto apuro en la Gerencia de Finanzas de la Municipalidad de Lima, a cargo de Juan Blest, que el pago inicial se hizo el primer día útil de aquel año. El documento confirma que la cuenta fue cerrada ese mismo 2006 y que tuvo como ‘“única finalidad recibir los millones del municipio, ya que después no existió otro depósito’”. Ahora se sabe, oficialmente, que casi la mitad de esos S/.12.6 millones fueron cobrados por 25 personas de escasos recursos, familias enteras en ciertos casos”, indica la revista.

Se refiere a la casi treintena de humildes moradores de un barrio ubicado en uno de los cerros de Comas, que retiraron grandes cantidades de dinero para entregárselos en efectivo a un personaje que lo guardaba en bolsas y se los llevaba en un vehículo.

La UIF también encontró que un abogado llamado Guillermo Palacios Dodero, es uno de los hombres principales en las operaciones de lavado de Garro y Montoya. El letrado ha reconocido ante la justicia haber trabajado junto a Montoya: “Él manejaba la parte administrativa de las compañías de Garro”.

Palacios Dodero fue abogado externo de la Municipalidad de Lima en los tiempos de Luis Castañeda. Entre 2007 y 2010 recibió por asesorías S/.916,000. En tanto ello ocurría, fue abogado, apoderado y hasta directivo de las empresas de Garro.

El informe de la UIF sobre Comunicore fue emitido, firmado y derivado al Ministerio Público en julio del 2010. Pero al parecer allí no se sabía mucho de su existencia ni de su contenido.

Todo indicaría que en el expediente por corrupción que se sigue contra los principales gerentes de Castañeda y otros procesados no obra el informe de inteligencia financiera.‘ Poder’señala que en julio de 2010 la UIF remitió este informe al área de Coordinación de las Fiscalías contra el Crimen Organizado.

El fiscal superior que en aquel entonces mandaba en el sistema contra el Crimen Organizado era Mateo Castañeda Segovia.

Los hechos dicen que poco tiempo después Mateo Castañeda renunció al Ministerio Público y se dedicó al patrocinio legal privado y al litigio judicial. Esos nuevos rumbos lo llevaron a ejercer la defensa de Luis Castañeda Lossio en el caso Comunicore, hasta lograr apartarlo del proceso.

Ni el exalcalde está investigado, ni los procesados han recibido condena. A pesar de lo que hasta ahora se conoce.

Un familiar de Luis Castañeda

fue directivo de Comunicore

Durante la negociación que derivó en el cobro de los S/.35.9 millones, el directorio de Comunicore estuvo presido presididopor Rafael Ruiz Contreras y gerenciado por Henry Brachowicz Vela. Uno de los directivos y accionistas fue José Luis Pinillos Broggi, pariente político del entonces alcalde Luis Castañeda Lossio.

Pinillos estaba casado con Giuliana del Carmen Belaunde Lossio, hija de Arturo Belaunde y de Elsa Matilde Lossio Leguía, esta última dama, prima de Luis Castañeda Lossio.

Elsa Matilde es hermana de Antonio Lossio Leguía, distinguido caballero chiclayano, exsecretario del comité de campaña de Solidaridad Nacional en Chiclayo y candidato al Congreso por el partido del color amarillo en el año 2000.

El directivo de Comunicore, Pinillos Broggi, es, además, cuñado de Martín Belaunde Lossio, hoy prófugo de la justicia por el megaproceso de ‘La Centralita’.

Martín Belaunde fue estrecho colaborador en temas financieros de la campaña de Castañeda en el año 2000, cuando tentó la presidencia de la República.

Por todos lados aparecenparentescos cercanos, como el caso de Arturo Belaunde Lossio, hermano de Giuliana y de Martín, quien también fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por sus vínculos y negocios con Miguel Garro.

Sobre Luis Castañeda, Arturo Belaunde declaró en el proceso por corrupción lo siguiente: “Es mi tío en tercer grado, él es primo en segundo grado de mi madre”.

El caso es que una vez consumada la gestión de éxito, los directivos amigos de Garro y de Montoya cerraron las cuentas bancarias, renunciaron a sus cargos, pero antes de irse, se aseguraron de dejar reemplazantes: una señora iletrada y tres moradores de un barrio modestísimo de Comas.

Finalmente, alguien se dirigió a una notaría de La Oroya, en Junín, para dar de baja a la razón social “Comunicore”. De ese modo, pretendieron borrar del mapa a la empresa que negoció el famoso pago con Juan Blest.