Malas conductas
Por: Rolando Breña
Una Resolución, aparentemente
discutible, que libera a miembros del MOVADEF, otorgándoles comparecencia
restringida, pretende ser “corregida” directamente por el Presidente de la
Corte Suprema y Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de manera inusual, invadiendo
funciones que no les corresponden y asumiendo características autoritarias.
Los miembros de la Sala Penal Nacional
responsables de la Resolución han sido, en la práctica, sancionados sin mediar
explicación ni proceso alguno, bajo la tosca figura y poco creíble de
“renovación” o la expeditiva de “volver a sus lugares de origen”.
Es bueno recordar que el Presidente de
la Corte Suprema, salió más de una vez en defensa de los fueros judiciales y de
sus jueces de distinta instancia, cuando se suscitaron críticas a determinados
fallos, reivindicando firmemente la independencia y el trabajo de los
magistrados.
¿A qué se deberá entonces la
extraordinaria velocidad con el que reaccionó de manera tan drástica? ¿A la
revisión de los expedientes? Al Presidente de la Corte Suprema ni al Consejo
Ejecutivo le corresponden hacerlo. Para ello existen leyes, funciones,
atribuciones que deben seguir su curso.
¿A una actitud moralizadora,
sancionadora de la inconducta de los magistrados? Para eso existen los
mecanismos correspondientes y es signo de autoritarismo saltarse a la libre
tales organismos.
Si los miembros de la Sala obraron mal,
contra la ley o contra la honestidad, que se pongan en funcionamiento los
controles internos. El Presidente del Poder Judicial podrá tener un punto de
vista, pero con toda su representatividad es solo un punto de vista personal.
Tenemos la impresión que esta actitud
es consecuencia directa e inmediata del “cargamontón” mediático y la presión de
los principales voceros del gobierno.
El MOVADEF, qué duda cabe, es
conocido como brazo legal de Sendero Luminoso y reivindica el “Pensamiento
Gonzalo”. Su actuación política suscita recelos, desconfianzas, temores,
confrontación, rencores y hasta odios; siempre se hacen presentes los momentos
de enfrentamiento militar, del terrorismo y sus secuelas. Entonces, una
Resolución Judicial que los favorezca, aun en términos provisionales, siempre
ocasiona desazón y desconfianza. Más aun, cuando una concertada campaña
mediática, sin conocer los pormenores ni la aplicación de la ley, condena la
acción de los jueces como permisibles con el terrorismo, como atentado contra
la seguridad del país, la democracia, la vida y la propiedad de las personas y
prácticamente pide sus cabezas.
No es todo. Atizando la hoguera y
procurando ganar puntos, parlamentarios y partidos en busca de espacio,
declaran cualquier cosa que se parezca a “la defensa de la patria” y contra el
terrorismo.
Tampoco es todo. Aprovechando la
coyuntura, los principales voceros del gobierno hacen eco de inmediato y llaman
la atención sobre la “gravedad” de tales hechos y su “corrección” sobre la
marcha. También se escucha la admonición del Presidente de la República,
llamando al orden a los jueces, conminándolos a “reflexionar” sobre el presunto
desaguisado cometido.
Aquí acaba una historia y empieza otra.
Se echaron al olvido los discursos y las frases categóricas y principistas de
la defensa de la autonomía del Poder Judicial, del respeto a los jueces y a sus
resoluciones, del equilibrio de poderes como cimiento de la democracia y del
estado de derecho. Fueron sepultados bajo una enorme y pesada capa de concreto
de las presiones mediáticas y políticas.
Lamentablemente, quizá con el exceso,
podríamos concluir que determinados actos de la cúpula judicial parecen
demasiado proclives al poder de la prensa y los gobernantes de turno, más que a
la ley o al derecho.
¿Cómo confiar entonces en ciertas
decisiones de la más alta jerarquía del Poder Judicial, si éstas no se “ajustan
a derecho”, sino a los deseos o mandatos de los poderes de facto o de los
poderes políticos?
Ciertamente, se siembra incertidumbre y
temor entre los jueces. Quizá algunos hasta puedan limitar su autonomía o
resentir la aplicación de la ley teniendo sobre sus cabezas una “Espada de Damocles”,
presta a caerles encima. Se contribuye a la malsana corriente de estar
siempre en complacencia con el poder y los gobiernos que, lamentablemente, ya
hemos vivido.
Sin embargo, esperamos que las aguas
retomen un cause apropiado, no porque los líderes de MOVADEF sigan en libertad
restringida o vuelvan a prisión, sino porque la opinión publica exija el
comportamiento adecuado de sus magistrados y estos pueden responder a lo que
esperamos de ellos en defensa de la aplicación de la ley y en bien de la justicia.
No está de más reiterar que, estos
episodios lamentables y reveladores, tienen sus orígenes en la propagandizada
“Operación Perseo”, que con tanto aspaviento montó el gobierno y con tanto
estrepito fracasó. Que la alharaca desatada en torno a la liberación de los de
MOVADEF y las desacertadas actuaciones de la más alta jerarquía judicial, no
nos hagan olvidar sus responsabilidades, que buscan confundirse con su presunta
indignación frente a la “debilidad” de los jueces de la Sala Penal y sus llamados
contra el terrorismo y por la democracia.
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