Malas conductas

Por: Rolando Breña

Una Resolución, aparentemente discutible, que libera a miembros del MOVADEF, otorgándoles comparecencia restringida, pretende ser “corregida” directamente por el Presidente de la Corte Suprema y Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de manera inusual, invadiendo funciones que no les corresponden y asumiendo características autoritarias.

Los miembros de la Sala Penal Nacional responsables de la Resolución han sido, en la práctica, sancionados sin mediar explicación ni proceso alguno, bajo la tosca figura y poco creíble de “renovación” o la expeditiva de “volver a sus lugares de origen”.

Es bueno recordar que el Presidente de la Corte Suprema, salió más de una vez en defensa de los fueros judiciales y de sus jueces de distinta instancia, cuando se suscitaron críticas a determinados fallos, reivindicando firmemente la independencia y el trabajo de los magistrados.

¿A qué se deberá entonces la extraordinaria velocidad con el que reaccionó de manera tan drástica? ¿A la revisión de los expedientes? Al Presidente de la Corte Suprema ni al Consejo Ejecutivo le corresponden hacerlo. Para ello existen leyes, funciones, atribuciones que deben seguir su curso.

¿A una actitud moralizadora, sancionadora de la inconducta de los magistrados? Para eso existen los mecanismos correspondientes y es signo de autoritarismo saltarse a la libre tales organismos.

Si los miembros de la Sala obraron mal, contra la ley o contra la honestidad, que se pongan en funcionamiento los controles internos. El Presidente del Poder Judicial podrá tener un punto de vista, pero con toda su representatividad es solo un punto de vista personal.

Tenemos la impresión que esta actitud es consecuencia directa e inmediata del “cargamontón” mediático y la presión de los principales voceros del gobierno.

El MOVADEF, qué duda  cabe, es conocido como brazo legal de Sendero Luminoso y reivindica el “Pensamiento Gonzalo”. Su actuación política suscita recelos, desconfianzas, temores, confrontación, rencores y hasta odios; siempre se hacen presentes los momentos de enfrentamiento militar, del terrorismo y sus secuelas. Entonces, una Resolución Judicial que los favorezca, aun en términos provisionales, siempre ocasiona desazón y desconfianza. Más aun, cuando una concertada campaña mediática, sin conocer los pormenores ni la aplicación de la ley, condena la acción de los jueces como permisibles con el terrorismo, como atentado contra la seguridad del país, la democracia, la vida y la propiedad de las personas y prácticamente pide sus cabezas.

No es todo. Atizando la hoguera y procurando ganar puntos, parlamentarios y partidos en busca de espacio, declaran cualquier cosa que se parezca a “la defensa de la patria” y contra el terrorismo.

Tampoco es todo. Aprovechando la coyuntura, los principales voceros del gobierno hacen eco de inmediato y llaman la atención sobre la “gravedad” de tales hechos y su “corrección” sobre la marcha. También se escucha la admonición del Presidente de la República, llamando al orden a los jueces, conminándolos a “reflexionar” sobre el presunto desaguisado cometido.

Aquí acaba una historia y empieza otra. Se echaron al olvido los discursos y las frases categóricas y principistas de la defensa de la autonomía del Poder Judicial, del respeto a los jueces y a sus resoluciones, del equilibrio de poderes como cimiento de la democracia y del estado de derecho. Fueron sepultados bajo una enorme y pesada capa de concreto de las presiones mediáticas y políticas.

Lamentablemente, quizá con el exceso, podríamos concluir que determinados actos de la cúpula judicial parecen demasiado proclives al poder de la prensa y los gobernantes de turno, más que a la ley o al derecho.

¿Cómo confiar entonces en ciertas decisiones de la más alta jerarquía del Poder Judicial, si éstas no se “ajustan a derecho”, sino a los deseos o mandatos de los poderes de facto o de los poderes políticos?

Ciertamente, se siembra incertidumbre y temor entre los jueces. Quizá algunos hasta puedan limitar su autonomía o resentir la aplicación de la ley teniendo sobre sus cabezas una “Espada de Damocles”, presta a  caerles encima. Se contribuye a la malsana corriente de estar siempre en complacencia con el poder y los gobiernos que, lamentablemente, ya hemos vivido.

Sin embargo, esperamos que las aguas retomen un cause apropiado, no porque los líderes de MOVADEF sigan en libertad restringida o vuelvan a prisión, sino porque la opinión publica exija el comportamiento adecuado de sus magistrados y estos pueden responder a lo que esperamos de ellos en defensa de la aplicación de la ley y en bien de la justicia.

No está de más reiterar que, estos episodios lamentables y reveladores, tienen sus orígenes en la propagandizada “Operación Perseo”, que con tanto aspaviento montó el gobierno y con tanto estrepito fracasó. Que la alharaca desatada en torno a la liberación de los de MOVADEF y las desacertadas actuaciones de la más alta jerarquía judicial, no nos hagan olvidar sus responsabilidades, que buscan confundirse con su presunta indignación frente a la “debilidad” de los jueces de la Sala Penal y sus llamados contra el terrorismo y por la democracia.