EL ROL REPRESOR DEL ESTADO QUE DEFIENDE LOS INTERESES DE LOS COLONIALISTAS. 
Director: Pedro Morales Vásquez. 

Los peruanos contamos con un Gobierno deslegitimado, hija del fraude electoral del 10 de abril del 2016, donde se instauró un remedo de democracia a la medida del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de la CONFIEP que agrupa a los empresarios nacionales, de las empresas trasnacionales colonialistas y de los medios de comunicación monopólicos; quienes controlan y dirigen la política económica del país. 
En medio del caos social y la crisis económica, generada por el sistema capitalista salvaje y las corporaciones financieras en el mundo, son los sectores más empobrecidos en nuestro país, quienes son golpeados por la miseria, el hambre y las enfermedades crónicas.
Ante un posible desborde de las masas populares que cuestionan el actual sistema capitalista y su modelo económico neoliberal depredador de nuestros recursos naturales, el Estado peruano ha puesto en ejecución la estrategia represiva del miedo contra aquellos ciudadanos que protestan y luchan en las calles y plazas públicas.
Contamos con una Policía Nacional, que ha sido derrotada por la delincuencia organizada y unas Fuerzas Armadas que no combaten en el frente externo en defensa de la patria; sino que ambas instituciones en las últimas décadas han declarado la guerra a todos aquellos ciudadanos que alzan su voz y denuncian los abusos del Estado peruano que ve como enemigos al pueblo que reclama sus derechos al buen vivir. 
Las instituciones represivas (PNP, FF.AA) que son financiados con los impuestos que pagan los peruanos al Estado, sirven para resguardar y defender los intereses de las empresas colonialistas y de los Gobiernos autoritarios. Muchos de los oficiales, principalmente de las Fuerzas Armadas, fueron entrenados en la Escuela de las Américas (Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica), o llamada en Panamá: “Escuela de Asesinos”.
Los egresados de la “Escuela de las Américas” que suman más de 61 mil, son responsables de miles de latinoamericanos que fueron torturados, violados, asesinados, desaparecidos, masacrados en la época de las dictaduras latinoamericanas, incluido el Perú. La labor que realizan es la persecución a educadores, organizadores de sindicatos, trabajadores religiosos, líderes estudiantiles, líderes sociales y dirigentes campesinos y nativos que defienden sus territorios de la voracidad de las empresas colonialistas mineras y petroleras. (Caso: Bagua en Perú, donde murieron 33 personas entre nativos y policías). 
Con la Constitución fraudulenta de 1993, la dictadura fujimorista, inició una subasta de las empresas estratégicas de la patria (telefonía, puertos, electricidad, etc); ello no bastó para saciar la voracidad de las empresas colonialistas que no contentos con exprimirles los bolsillos a los peruanos; iniciaron la penetración compulsiva en casi todas las regiones del Perú, con el pretexto de traer progreso y desarrollo para las comunidades campesinas y nativas.
Luego de 25 años de saqueo irracional de los recursos naturales en el país por parte de las empresas mineras principalmente, que actúan sin control estatal en las cordilleras andinas; se han organizado y movilizado millones de peruanos agrupados en sus frentes de defensa y las rondas campesinas, para frenar a los Gobiernos de turno y su política entreguista y violatoria de los derechos humanos que ha dejado miles de muertos y heridos en el seno del pueblo. 
Muchas de las bajas (muertos) producidos en los conflictos medioambientales, entre el pueblo desarmado y el poderío bélico del Ejército Peruano y la Policía Nacional del Perú, narra episodios sangrientos del poder represivo del Estado que sistemáticamente viola derechos fundamentales de los ciudadanos y comete delitos de lesa humanidad, donde los más débiles son sus víctimas.
Podemos decir que las fuerzas represivas en el Perú, cumplen un rol de avasallamiento contra el pueblo y sus organizaciones vivas que alzan su voz de protesta contra Gobiernos autoritarios y antidemocráticos que apoyan y defienden los intereses particulares de empresas extranjeras que actualmente se han convertido en Estados independientes dentro de las naciones de la costa, sierra y selva del Perú.
Mientras el crimen organizado crece en todo el país, causando dolor y llanto en miles de hogares; los peruanos seguiremos pagando el sueldo a miles de policías que prestan servicios de seguridad privada a empresas colonialistas que solo les interesa contar con asesinos a sueldo para proteger sus riquezas.

Editorial de Prensa Visión.