Fujimori pretendería salir “por la puerta grande”, en el año 2020, recurriendo al 2×1

Presidente del PJ, Duberlí Rodríguez, y abogado Carlos Rivera tienen opiniones distintas sobre dicho plan.

 Gracias a su mayoría congresal, Fuerza Popular elegirá a cuatro miembros del  TC para presuntamente declarar inconstitucional la sentencia del expresidente por secuestro agravado pues esta prohíbe dicho beneficio. El fujimorismo pondría como precedente el caso del coronel Mejía León, que el año pasado obtuvo su semilibertad pese a que fue sentenciado por homicidio calificado de lesa humanidad

Juan Carlos Chamorro (@juancchamorro)

“Ahorita no me voy a pronunciar al respecto, pero sí te puedo decir: Yusulpaiki (muchas gracias en quechua)”, fue lo único que quiso responder a diario Exitosa el congresista Kenji Gerardo Fujimori Higuchi, hijo del expresidente Alberto Fujimori Fujimori, cuando fue consultado sobre la existencia de un plan de su organización política para liberar a su padre a través del Tribunal Constitucional (TC).

A través de diversas fuentes, este medio tuvo conocimiento que el aparato legal del fujimorismo habría decidido que el único camino para que el ex mandatario pueda salir libre, “por la puerta grande”, es declarando inconstitucional, a través de un hábeas corpus, su sentencia de 25 años de prisión por secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.

Ocurre que este delito, en el actual Código Penal, no posee el beneficio del 2×1. Es decir, los condenados por secuestro agravado, como es el caso de Fujimori, no pueden acceder a la semilibertad, al cumplir la mitad de su condena gracias a su buena conducta (paradójicamente esa ley fue promulgada en la década de los 90).

En los próximos dos años, el Congreso tiene que elegir a cuatro miembros de los siete integrantes que conforman el Tribunal Constitucional. Cada miembro es elegido por 87 votos, en el Parlamento, o sea por mayoría calificada.

Si bien la bancada de Fuerza Popular posee 72 legisladores, el fujimorismo recurriría al apoyo de congresistas amigos de otras bancadas con los que negociaría para obtener dicho objetivo: elegir a cuatro miembros afines a su tienda para obtener la mayoría en el TC y conseguir supuestamente la libertad del ex mandatario.

Al ser consultada sobre la elección de los miembros del TC, la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona, dijo que el fujimorismo solo posee 72 legisladores y  recordó que para nombrar a los cuatro miembros –uno en el 2017 y tres en el 2018- se necesitan 87 votos en el Congreso.

En realidad, en este mes se debió elegir a un vocal del TC, en reemplazo de Óscar Urviola, pues su cargo en dicha institución ya venció. Por lo tanto, ese balotaje se realizará el próximo año.

Letona sostuvo que para dichos comicios, Fuerza Popular presentará sus propios candidatos, aunque subrayó que prefiere que dicha elección congresal sea “por consenso”, tal como ocurrió en la elección del defensor del Pueblo, en el que el fujimorismo votó a favor de Wálter Gutiérrez, candidato presentado por Acción Popular.

ASÍ SERÍA EL 2X1

Siguiendo con el supuesto plan del fujimorismo, denominado ‘Fujimori Libertad’, una vez que se elijan a los cuatro miembros del TC, el aparato legal naranja presentaría un hábeas corpus para declarar nula la sentencia de secuestro agravado del ex mandatario preso actualmente en la Diroes.

La presentación de ese recurso constitucional se realizaría durante el año 2020, para que se beneficie con el 2×1, debido a que en esa fecha se cumple la mitad de la condena de Alberto Fujimori.

La sustentación de dicho hábeas corpus sería que en los secuestros de Gorriti y Dyer no hubo violencia física ni tortura, por lo tanto, “fue mal sentenciado y su pena es inconstitucional”.

El exabogado de Alberto Fujimori, William Paco Castillo, señaló a diario Exitosa que cualquier persona puede presentar ese hábeas corpus y no necesariamente tendría que ser un defensor cercano del fujimorismo.

En la petición de dicho recurso constitucional, Fujimori pediría ser juzgado nuevamente, pues su sentencia debió ser por secuestro simple (este argumento ya fue utilizado, por el ex abogado del ex mandatario, César Nakasaki, en su apelación a la sentencia de secuestro agravado).

Entonces, el TC podría declarar la nulidad de dicha sentencia para que Fujimori sea juzgado nuevamente, pero esta vez en semilibertad.

OPINIONES DIVIDIDAS

Fujimori fue sentenciado, en el año 2009, no solo por secuestro agravado sino también por corrupción y homicidio calificado por el crimen de los estudiantes de La Cantuta y Barrios Altos.

Ese segundo delito, o sea el de homicidio calificado, fue calificado a su vez por el juez César San Martín, como delito de lesa humanidad, y allí tendría un segundo candado que le evitaría conseguir el 2×1.

Por ese motivo, algunos expertos en derecho penal -como el abogado de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos, Carlos Rivera- aseguran que el beneficio penitenciario del 2×1, en el delito de homicidio calificado de lesa humanidad, no se podría aplicar a Fujimori pues este depende de un pronunciamiento de la jurisprudencia internacional, es decir, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“La sentencia de Fujimori, en el caso de homicidio calificado, depende de un pronunciamiento de la jurisprudencia internacional y esta, en el transcurso de los últimos años, prohíbe que los sentenciados por el delito de crímenes de lesa humanidad pueda tener beneficio penitenciario, amnistía o indulto”, explicó el abogado Carlos Rivera, de IDL, a diario Exitosa.

No obstante, lo que llama la atención es que el mismo presidente del Poder Judicial,  Duberlí Rodríguez, en una entrevista con este medio, aseguró que por el delito de homicidio calificado sí procede el beneficio penitenciario para Fujimori, más allá que en su sentencia esa pena haya sido calificada a su vez como de lesa humanidad.

“Yo pienso que no”, contestó Rodríguez cuando se le preguntó si existe un candado para que el exmandatario obtenga el 2×1 por el delito de homicidio calificado.

CASO MEJÍA

Ante estos hechos, el aparato legal fujimorista utilizaría para sustentar este beneficio el precedente del 2×1 que le otorgó el año pasado el Segundo Juzgado Penal Nacional al excoronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Juan Carlos Mejía León, sentenciado a 16 años de cárcel por el asesinato y la desaparición forzada del estudiante de la universidad Católica, Ernesto Castillo Páez. El agente del orden solicitó el beneficio al cumplir la mitad de su condena.

Por el momento, Mejía León está libre después de pagar su reparación civil de 30 mil soles y demostrar buena conducta.

El juez Mendívil le otorgó la libertad al excoronel de la Policía con el argumento de que se encuentra con la salud delicada debido a una “pancreatopatía y meteorismo intestinal” que requiere de atención médica continua.

Rivera recordó que pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se opuso a esa orden de libertad emitida por el juez Ángel Ernesto Mendívil, su despacho apeló dicha sentencia y espera que esta se resuelva a su favor.