Informe contradice observaciones de la propia Contraloría

Controversia. El 2014 y el 2016, la Contraloría General de la República observó riesgos en el contrato de Chinchero, pero ahora sugiere volver a este pese a las deficiencias detectadas.

Dudas. La auditoría elaborada por la Contraloría al contrato y la adenda del aeropuerto de Chinchero ha recibido cuestionamientos desde varios sectores.

El informe de cumplimiento de la Contraloría sobre la adenda del contrato del Aeropuerto Internacional de Chichero cae en una contradicción en sus recomendaciones. Esto porque sugiere que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones regrese a las condiciones iniciales del contrato suscrito con el consorcio Kuntur Wasi, pese a que dicho documento fue observado por la misma Contraloría desde el 2014 por los riesgos que representaba para el Estado.

El documento hecho público el lunes por el contralor Edgar Alarcón propone que el ministro de Transportes  disponga "las acciones para restablecer las condiciones de competencia establecidas en las bases con las que participaron todos los postores y resultó ganador la propuesta del concesionario, así como las condiciones técnicas, legales y económicas consideradas en la propuesta del postor ganador y del contrato suscrito".

Pero en el 2014, la Contraloría realizó una acción de control previo al proyecto del contrato, antes de que se firme este, y detectó que no se fijaba un plazo para el cierre financiero ni un tope para la tasa de endeudamiento del acreedor. Concluía que el contrato contenía "falencias y ambigüedades".

Sin embargo, Proinversión no tomó en cuenta las observaciones y, por esta razón, las condiciones no cambiaron.

Asimismo, en setiembre y octubre del 2016, la Contraloría realizó un control simultáneo en el cual advirtió riesgos y planteó sugerencias para el trámite de endeudamiento garantizado permitido.  También propuso negociar la tasa de endeudamiento para buscar un mejor resultado que lo propuesto por el concesionario.

No obstante, al no lograrse mejoras en el contrato, en febrero pasado, el Estado firmó una adenda para financiar directamente el proyecto con US$ 265 millones y evitar así el pago de un oneroso crédito que solo en intereses era de US$ 590 millones.

En tal sentido, llama la atención que en el informe de la Contraloría sugiera volver al contrato que observó antes.

Al respecto, la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, señaló que el informe tiene “claras contradicciones”.

Otro punto que se cuestiona al documento elaborado por la Contraloría es que en sus conclusiones determinó un supuesto perjuicio económico de US$ 40 millones en base a una comparación de la adenda con un modelo económico referencial de Proinversión y no con el contrato.

El ex ministro de Transportes Enrique Cornejo consideró que la contradicción se debe a que la Contraloría "actuó presionada por las circunstancias políticas y mediáticas antes que la propia razonabilidad del proceso".

Hay otras contradicciones

El informe de la Contraloría también señala que el MTC no autorizó al acreedor permitido en el respectivo anexo 14 y que eso constituye una falta. Sin embargo, esto no fue posible porque el Estado no aceptó la tasa de interés del 22% que pretendía el acreedor, el banco Goldman Sachs. Además, la propia Contraloría había observado el contrato original en cuanto a su tasa de interés.

Lo que sí señala la Contraloría es que, si bien el acreedor pretendía cobrar una tasa alta, el Estado debió renegociar otra opción.

En cuanto a la observación de la Contraloría según la cual no se podía firmar una adenda antes de los tres años luego de suscrito el contrato, el congresista Carlos Bruce señaló que esto sí se puede hacer, precisamente para mejorar la condición financiera del Estado.

Claves

La vocera de Alianza Para el Progreso Marisol Espinoza exigió a la Contraloría que precise cómo mejorar el contrato original que ahora recomienda mantener, cuando antes lo cuestionó.

"Esperaría que, mínimo, nos diga cuáles son las ventajas del contrato original”, reclamó, pues señaló que de acuerdo a la misma Contraloría y al Ejecutivo, era lesivo para el Estado.