viernes, 5 de mayo de 2017

SEÑALA DIEGO GARCÍA-SAYÁN:
“Corte Suprema puede reabrir caso Madre Mía”
 “Si compra de testigos alteró la verdad, reapertura es un hecho sin necesidad de consultar a nadie afuera”, asegura expresidente de Corte-IDH.

ROBERTO SÁNCHEZ R.
-¿La reapertura del caso Madre Mía puede hacerse en sede nacional sin recurrir a la Corte-IDH?
El sistema judicial en nuestro país jamás podría convalidar una sentencia absolutoria sustentada en testimonios falsos y peor aún sobre una supuesta compra de testigos. Se debe actuar por decisión propia, sin necesidad de demorar dos o tres años dilatando el conocimiento de la verdad. La Corte Interamericana fija estándares y criterios de interpretación sobre el derecho internacional. Ese es su papel. Para eso la eligieron los Estados. Resuelve y establece criterios generales sobre cómo actuar ante casos parecidos a fin de que los tribunales nacionales sean los que los manejen y no tenga que ver en esto la Corte Interamericana.
-¿Existen antecedentes ocurridos que se asemejen sobre transgresión a los derechos humanos?
Sí, en el pasado, cuando ha habido procesos penales y terminaban en la absolución, tratándose de graves violaciones a derechos humanos o con algunas irregularidades que afectaron el papel de los testigos, la Corte-IDH estableció que el principio de cosa juzgada, en esos casos, no es un principio absoluto. Y si en la conclusión procesal se llegó a que los testigos hubieran tenido que cambiar el papel, se puede reabrir nuevamente el proceso. Está establecido en la jurisprudencia de la corte y los tribunales del Perú, como de cualquier otro país, de acuerdo a los tratados; el Perú tiene que orientarse por esos criterios. No tiene nada que preguntar a la Corte-IDH qué piensa sobre el proceso Madre Mía.
-Tras siete años, ¿el proceso puede ser reabierto a la luz de la evidencia de nuevos hechos punibles?
Por ejemplo, en el caso Almonacid Arellano en Chile la CIDH lo resolvió en el año 2006 y fue un caso que había tenido un manejo irregular durante la dictadura de Pinochet. El principio natural de la cosa juzgada es un concepto muy importante y tiene que ser respetado. Pero si han existido graves irregularidades en un proceso y se determina que, como el caso del Perú, hubo una supuesta compra de testigos -que habrá necesariamente que probarse-, el caso se reabre.
-De comprobarse las denuncias de compra de testigos la justicia peruana puede dictar entonces la reapertura del caso Madre Mía…
Allí no hay nada que preguntarle a nadie fuera del Perú. Ese tema tiene que resolverlo la autoridad judicial peruana con las herramientas de que dispone y no parapetándose en el formalismo de que ya venció el plazo para dejar sin efecto algo que bien puede resolver la justicia peruana sin necesidad de estar sujeto a la Corte Interamericana. Así lo tiene establecido  el propio Tribunal Constitucional del Perú.
-¿Qué opina cuando el doctor Ronald Gamarra señala que en el caso Madre Mía habría existido fraude procesal?  
No quisiera entrar en el tecnicismo jurídico de interpretar de si hay o no fraude procesal. Yo voy al hecho objetivo. El hecho de que los testigos dieron una manifestación alterada porque habían sido comprados… y ese es un proceso donde no se permitió conocer la verdad. Y al tratarse de un proceso de grave violación a los derechos humanos donde el conocimiento de la verdad se imposibilitó por esa compra de voluntades [testigos], estaría abierto el camino para la reapertura del proceso. Si la compra de testigos alteró la verdad, la reapertura de Madre Mía es un hecho inobjetable.
-¿Por qué considera usted que el dictamen absolutorio del doctor San Martín sea cuestionado luego de siete años?
Una sentencia se dicta sobre la base de las piezas de que dispone el juez y si en ese proceso y en esos testimonios no se pudieron expresar verazmente -porque los testigos habrían sido comprados por uno de los investigados-, evidentemente esa información  no llegó a manos del juez y este resuelve basado en lo que está en el expediente, no basado en lo que cree y sospecha. Yo no podría pronunciarme porque aparentemente esa información no existió durante el proceso.
-Un exhumalista ha revelado en EXPRESO que ante la inminente reapertura, allegados al inculpado estarían intentando comprar más testigos…   
Todo hecho que se denuncie y que entrañe la comisión de un delito tiene que ser investigado por el Ministerio Público. Allí se podrá verificar si esa información es correcta o no. Esa versión no da lugar sino más que a decir que se investigue. No implica el anuncio de una responsabilidad penal ‘per se’.
-¿Qué le parece que Francisco Soberón, fundador de Aprodeh, haya dicho que votó por Ollanta Humala conociendo el caso Madre Mía?
El doctor Francisco Soberón siempre se ha caracterizado por ser una persona muy sincera; de manera que no me sorprende en lo más mínimo que exprese sinceramente su punto de vista sobre determinada materia.
-¿Habría que sopesar la legitimidad de todas las afirmaciones que imputan directamente al expresidente Ollanta Humala?
Aquí nadie está prejuzgando que las acusaciones contra Ollanta Humala son verdaderas, eso tendrá que investigarse, pero con los testimonios completos, sin la alteración de su declaración, que devino de lo que habría sido una compra de testigos, que es absolutamente inaceptable. De manera que hay todos los elementos para que se reabra el caso.
LO PUEDEN SOLICITAR…
“El Perú podría recurrir a la Corte-IDH solo si habría alguna inflexibilidad para aplicar estos criterios [de reabrir el caso] por nuestra Corte Suprema. También lo puede solicitar la Fiscalía y los representantes de la parte agraviada”, afirma García-Sayán.
EXMINISTRO DE JUSTICIA DEL GOBIERNO DE TRANSICIÓN

Diego García-Sayán Larrabure. Abogado por la PUCP y político. Exministro de Justicia durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua y exministro de RR.EE. Desde 2004 fue juez miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presidente de dicha corte del 2010 al 2014.

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