FERNANDO CALLE HAYEN SOBRE ELEVADOS PRECIOS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD:

“Acá se cometen los delitos de acaparamiento y especulación”

Constitucionalista pide al Congreso aplicar penas más severas para quienes se aprovechan del dolor generalizado.

-Doctor, se ha comentado que algunas empresas o supermercados han subido los precios de los alimentos de primera necesidad, con diferentes y realmente notorias diferencias, ¿eso es sancionable?

Por cierto que son delitos sancionables penalmente y con serios agravantes, por cuanto se trata de figuras delictivas cometidas en una etapa de calamidad pública y un dolor humano tremendo, del que no entendemos ni comprenderíamos de ser cierto lo que usted dice, por qué el Estado no actúa. Estamos hablando en la práctica legal en materia penal de los delitos de acaparamiento y especulación, contemplados en los artículos 233, 234 y concordantes del Código Penal vigente.

-¿Qué sanción implica estos delitos?

Las personas naturales que, por ejemplo, compran mercadería de primera necesidad y otros y las venden a precios elevados aprovechando esta conmoción y dolor generalizado de toda la nación, cometen el delito de acaparamiento, y en el caso de las empresas delito de especulación, y podría darse el caso de gravedad si existiera el acaparamiento o concertación de precios con otras empresas, y sobre esto hay antecedentes. La circunstancia actual implica no solo elevadas multas, sino severas sanciones cuya responsabilidad tipificada se encuentra en el artículo 27 y concordantes del código penal referido.

-Entonces, ¿quiénes deberían tener la responsabilidad de controlar esta situación sumamente grave para el pueblo?

Fíjese usted, sería interesante que informe a la nación el ministro del Interior [Carlos Basombrío] o el director de la Policía Nacional [Vicente Romero] sobre los resultados y denuncias que al respecto han realizado; porque precisamente para estos delitos existía o existe en dicha institución la División contra la Especulación y Acaparamiento, que por su propio nombre cumplían una buena labor, y que de no existir dicha división sería importante que la prensa y el titular de dicha institución informen por qué ha desaparecido y quién o quiénes son los responsables, hoy, de su ausencia.

Indudablemente aquí tiene una participación inmediata el Ministerio Público, inclusive tiene la Fiscalía de Prevención del Delito, quienes actúan de oficio al amparo del Decreto Legislativo 052; razón por la que creo ya deben de haber actuado, y quizás como el caso Odebrecht mantienen un privacidad exagerada y privilegiada, porque de acuerdo con lo que usted me pregunta o refiere habría flagrancia porque, por ejemplo, si usted ingresa a un local comercial o en la vía pública y sabe que el precio del agua envasada mineral u otra es de un nuevo sol y lo están vendiendo a 3 o 5 soles o más, el ilícito ya es flagrante y la nación, como en otros casos severos de corrupción e impunidad, se pregunta: ¿a los que se enriquecen del dolor y la desesperación de la calamidad del pueblo no les pasa nada?

-¿Y el Parlamento qué podría hacer en este caso?

Mucho, amén de fiscalizar la labor de estos organismos constitucionales autónomos, debe, a mi modesto entender, revisar la legislación penal de estos ilícitos penales, que al parecer de su revisión son sanciones leves, tienen una penalidad que no está acorde al daño causado y menos aún por las agravantes de calamidad pública y de dolor nacional; es decir, debería elevarse la pena y considerar la gravedad y sanción mayor si se trata de empresas que incurriesen en tan serio crimen. Ahora bien, esto no exime la actuación de los fiscales y jueces, quienes a pesar de que la pena no pudiera ser severa, pueden aplicarla cuando tengan que sancionar con pena efectiva y el Congreso debe anular los beneficios que pudieran corresponder a estos ilícitos cuando hablamos de estado de emergencia.

Sobre el estado de emergencia

-¿Cree usted que es necesario el estado de emergencia? ¿Por qué cree que el Gobierno se resiste a hacerlo?

Da la impresión que el Gobierno tiene miedo a lo mejor de un “poquito” de corrupción, lo cual es cierto en la medida en que en los estados de emergencia decretados en nuestro país se han presentado casos de corrupción y también cuando no hay emergencia, y lo grave es que existe impunidad. Pero deben tener algunas razones técnicas de mayor alcance que las que yo pueda estar dando, por cuanto lo contrario nos llevaría a pensar que no existe la Contraloría, Ministerio Público o los procuradores, lo que sería muy serio porque daría la sensación de un deslegitimación del Gobierno y del Estado.

SE TRATA DE ILÍCITOS DE LESA NACIÓN

Según el profesor universitario Fernando Calle Hayen, ex integrante del Tribunal Constitucional, frente a los especuladores se debe legislar con la severidad que corresponde a ilícitos penales de esta naturaleza, con el agravante del estado de calamidad y conmoción que vive el país. “Se trata de delitos de lesa nación”, advirtió.