sábado, 4 de marzo de 2017

Ministro de Toledo acusa a Kuczynski

Dice que coordinó directamente sesión en la que se entregó GSP a Odebrecht
Jesús Molina
La revelación de que el 4 de agosto del 2005 no existía el informe jurídico que sirvió de sustento para que ProInversión entregue a Odebrecht la Interoceánica, ha encendido alarmas en fiscalía. Hamilton Castro tiene la declaración de un testigo presencial que señaló al hoy presidente Pedro Pablo Kuczynski de haber manejado esa sesión.
El voluminoso expediente que sobre la investigación del caso Lava Jato tiene el fiscal Hamilton Castro, lo engrosa una declaración de José Ortiz Rivera, entonces ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Alejandro Toledo.
Como uno de los cinco integrantes del Consejo Directivo de ProInversión, Ortiz reveló que antes de firmarse el acuerdo con Odebrecht, Kuczynski Godard sabía muy bien la advertencia de la Contraloría sobre la prohibición legal que tenía la empresa brasileña para contratar con el Estado.
“Sí, tomé conocimiento, me llamó el ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski para informarme que había llegado a su despacho el oficio mencionado. Nos convocó a varios directores”, expresó Ortiz al fiscal Castro.
Kuczynski, como titular del MEF, no solo integraba el consejo directivo de ProInversión, sino que también lo presidía como titular del MEF.
Ortiz indicó en el interrogatorio que lo que él supo, en ese momento, es que los abogados “concluyeron que el oficio de la vicecontralora había llegado en un momento inoportuno”, es decir, el mismo día que se había citado para la firma de contratos en Palacio de Gobierno.
“No es vinculante”, fue el otro argumento central que aceptó Kuczynski para seguir adelante, y no dejar con el lapicero en la mano a Barata, que se ha revelado ya tenía un primer acuerdo de coima de $35 millones con Alejandro Toledo.
Fuentes fiscales indicaron a La Razón que un documento no sea vinculante, no le quita el dolo a la acción por estarse ya advertido de la situación irregular, sobre todo si existe una prohibición señalada por ley expresa.

Por más que ProInversión haya mostrado un supuesto cargo de recepción del informe técnico del jurista Juan Monroy, los argumentos del abogado son inapelables.

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