PPK se enfrenta a una fuerte crisis social y económica en Peru

En el caso del actual mandatario, la Procuraduría solicitó que se investigue su caso a raíz de una serie de transferencias realizadas entre octubre de 2007 y julio de 2008 por Odebrecht a las empresas First Capital Inversiones y Asesores, dirigida por Gerardo Sepúlveda, un antiguo socio chileno de PPK

Desde el Congreso

Desde su rol preponderante en el Congreso la mayoría fujimorista se ha encargado de mellar la gobernabilidad de PPK. La estrategia utilizada para dicho fin tiene varios frentes, uno de ellos, la erosión de sus representantes -o al menos aliados- en el Congreso. Así el fujimorismo consiguió -moción de censura mediante- la destitución del ministro de Educación Jaime Saavedra, recientemente nombrado jefe de Educación del Banco Mundial. Otros caminos han sido la movilización de una porción de la sociedad civil en torno a mantener el status quo en reclamos tradicionales tales como la resistencia a la implementación de educación sexual en los colegios públicos o el cuestionamiento del proyecto de incorporar la unión civil de personas del mismo sexo[1]. Del mismo modo el pleno del Parlamento ha aprobado la interpelación del primer vicepresidente quien también funge como ministro de Transporte y Comunicaciones, Martín Vizcarra. La medida busca que el ministro dé cuenta acerca del contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco.

El vicepresidente, Martín Vizcarra, fue acusado por la Procuraduría Anticorrupción por el delito de colusión, al favorecer al consorcio Kuntur Wasi, en la construcción del aeropuerto en Cusco. Aunque la concesión fue firmada por el Gobierno de Ollanta Humala y ganó la licitación por presentar el presupuesto más bajo: 265 millones de dólares (un monto que sería abonado por el Estado luego de los cinco años que acarrearía la ejecución de la obra), la empresa luego aclaró que no se incluyeron los intereses que se generarían en el tiempo de construcción. Ante este hecho fue realizada una adenda al contrato original por la que el Estado se comprometió a pagar el monto previamente y no al cabo de los cinco años estipulados. El Gobierno ha alegado que lo ha hecho para no demorar el inicio de obras en el aeropuerto de Chinchero. Otras opciones hubieran sido que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dejara sin efecto el contrato, cobrara la carta fianza[2] o convocara una nueva licitación.

Martín Vizcarra es el segundo ministro del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) que pasa por una interpelación. A diferencia de lo sucedido en diciembre con el entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra, en esta oportunidad no se percibe en las bancadas la intención de proceder a la censura lo que ha levantado suspicacias acerca de negociaciones entre el fujimorismo y el oficialismo. En principio la fecha prevista para la rendición de cuentas fue el jueves 16 de marzo, sin embargo, se aplazó debido a la catástrofe climática que enfrenta el país andino producto de las inundaciones que han llevado a declarar el estado de emergencia en la mitad del país.

Por último, el posicionamiento en torno a la interpelación del ministro de Transporte ha representado una divisoria de aguas dentro del propio progresismo que ya había presentado rispideces desde fines del año pasado. En el Frente Amplio se observan dos facciones; quienes se sumaron a la moción y quienes se abstuvieron. Así, la división es entre un bloque liderado por Arana, a favor de la interpelación, y un bloque abstencionista, bajo el liderazgo de Veronika Mendoza en representación del espacio Nuevo Perú.

Caso Odebrecht en Perú

La constructora brasileña que saltó a la fama luego del escándalo de corrupción de Lava Jato ha dejado su estela en Perú, donde se asoció con cuatro empresas peruanas para la ejecución de cinco megaproyectos en el país andino. La propia empresa declara haber realizado sobornos millonarios por un monto de 29 millones de dólares a altos funcionarios con el fin de ganar licitaciones en diversos proyectos de infraestructura durante el periodo 2005-2014 y que compromete a cuatro presidentes: a Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016); también involucra al actual presidente quien se desempeñó como ministro de Economía y luego como Primer Ministro bajo Gobierno de Toledo.

En el caso de Toledo la constructora afirma haber entregado 20 millones de dólares en calidad de coimas para hacerse con la licitación de la carretera interoceánica que conecta a Brasil con Perú. La Fiscalía anticorrupción ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, además de su captura inmediata en el país o fuera de el.

Alan García fue acusado de recibir el pago de 8,1 millones de dólares para favorecer a la constructora brasileña en la adjudicación de la obra de la línea uno del Metro de Lima. El 31 de enero pasado, las autoridades peruanas detuvieron a Jorge Cuba, quien fuera viceministro de Comunicaciones durante el segundo mandato presidencial de García. La Fiscalía acusa a Cuba de recibir coimas por el monto de dos millones de dólares por ayudar a Odebrecht a quedarse con la licitación de las obras del metro.
Ollanta Humala, quien también ha sido involucrado en el escándalo es acusado de recibir una coima por 3 millones de dólares de Odebrecht. La Fiscalía abrió una investigación contra su esposa, Nadine Heredia, por favorecer la licitación del Gasoducto del Sur, la obra de infraestructura más grande en la historia del país, que ha sido paralizada por no contar con la financiación necesaria para ser finalizada.

Como consecuencia, el Gobierno ejecutó una fianza y la constructora debió pagarle una penalidad de 262 millones de dólares[3] y ha dejado nada menos que 15.000 personas desempleadas.

En el caso del actual mandatario, la Procuraduría solicitó que se investigue su caso a raíz de una serie de transferencias realizadas entre octubre de 2007 y julio de 2008 por Odebrecht a las empresas First Capital Inversiones y Asesores, dirigida por Gerardo Sepúlveda, un antiguo socio chileno de PPK en varios negocios, y Latin America Enterprise Managers, un fondo de inversiones ligado al presidente. En este último caso la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) señaló que no encontró transacciones ilícitas entre Odebrecht y la empresa Latin American Enterprise Fund.

En una reciente entrevista al diario argentino Página 12[4], PPK se refirió al impacto económico del escándalo en el crecimiento económico del país y a las medidas implementadas en la “lucha anticorrupción”. Tales medidas han sido la imprescriptibilidad de estos delitos, la inhabilitación de los funcionarios condenados de asumir nuevamente un cargo público y el incremento de recursos para la Fiscalía. Sin embargo, omitió la mención a sus repercusiones políticas.

La respuesta del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski fue la modificación de la Ley de Contrataciones, la cancelación del gasoducto -junto con la implementación de la multa más onerosa de la historia del Perú- y el pedido a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para facilitar la captura del expresidente Alejandro Toledo a fin de que afronte su proceso con la justicia peruana. De este modo, Alejandro Toledo podría convertirse en el segundo presidente peruano preso, luego de Alberto Fujimori. Lo cierto es que el escándalo parece engullirse a la clase política del país cada vez más deslegitimada.

Catástrofes naturales

Actualmente Perú atraviesa una de las mayores catástrofes climáticas de las últimas décadas, el país está siendo azotado por lluvias, inundaciones y los llamados huaicos o deslizamientos de roca y lodo, producto de grandes cantidades de lluvia. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) lleva registradas 62 víctimas fatales, más de sesenta mil personas damnificadas y unas 6.500 viviendas, 27 escuelas y un centro de salud destruidos, según el último reporte difundido. Además, medio millón de personas han sido afectadas indirectamente por el corte de carreteras y del suministro del servicio eléctrico y de agua potable en varios municipios del litoral peruano. El Gobierno ha declarado la emergencia en varios distritos, aplazó las clases en los colegios y cortó el suministro de servicio de agua potable por miedo a nuevos desbordamientos.

Los aludes y desbordamientos de las márgenes del río llegaron el miércoles a Lima, arrastrando personas, animales y viviendas. Los expertos climatológicos anunciaron que las lluvias continuarán al menos por otras dos semanas y podrían intensificar los daños. El primer ministro, Fernando Zavala, destacó que el hecho de que haya podido estar operativa la Carretera Central, vía que comunica Lima con el centro del país, permitió evitar el riesgo de desabastecimiento de productos de primera necesidad en la capital. Sin embargo, Martín Vizcarra -en su rol de ministro de Transportes y Comunicaciones- afirmó que la carretera Panamericana Norte está cortada por el colapso de tres puentes, lo que impide el transporte de vía terrestre de provisiones al norte como en el caso de Tumbes, Piura y Lambayeque, las más golpeadas por las inundaciones.

Juegos Panamericanos 2019

La discusión en torno al rédito de que Perú se convierta en la sede de los Juegos Panamericanos 2019 constituye otro frente de críticas a la administración PPK, incluso anterior a los desastres naturales que azotan el norte y sur del país. La onerosa organización supone más gastos que beneficios ya que la recuperación de la inversión inicial no está garantizada al tratarse de un evento deportivo regional sin repercusión a nivel mundial en términos de publicidad o gran afluencia de turistas que justifique la inversión.

El legislador aprista, Javier Velásquez Quesquén, presentó un proyecto de ley promoviendo la cancelación de los Panamericanos, a fin de destinar sus recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones. No se trata del único que se ha pronunciado en este sentido sino que todo el arco político no oficialista se ha sumado al pedido. El alcalde de Lima, Luis Castañeda, avaló la propuesta de fuerzas políticas opositoras al Gobierno peruano, quienes consideran prioritario traspasar la organización de los Juegos Panamericanos de Lima a otro país, como fue el caso de Colombia cuando en 1986 cedió a México la realización de la Copa del Mundo.

Frente a este escenario PPK manifestó que “sería una tragedia no poder cumplir con Panamericanos”. Además tanto el presidente como el primer ministro consideraron que son dos temas que marchan por dos carriles distintos con presupuestos independientes y que los recursos para ambos compromisos se encuentran garantizados. También acusaron a las autoridades locales de no ejecutar la totalidad del presupuesto asignado para obras preventivas. Cabe recordar que, según el Ministerio de Educación, se estarían destinando para los Juegos Panamericanos 2019 un total de 4.125 millones de soles (unos casi 1.300 millones de dólares).

Muchos analistas sostienen que el empecinamiento del Ejecutivo por continuar con lo previsto, aún a expensas de su propia población, podría significar un duro golpe para su imagen, teniendo en cuenta que su valoración positiva presenta una clara tendencia a la baja. Según un sondeo de Datum Internacional S.A., a menos de un año de su asunción, su nivel de aprobación ha descendido al 35%[5], acumulando una caída total de 30 puntos en los últimos seis meses, con una desaprobación que llegó al 57%.